12 de mayo 2017
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La reforma para enfrentar el colapso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que caería en una insolvencia financiera en menos de dos años, es inevitable, pero debe abordarse de forma inclusiva con representantes legítimos de los pensionados y cotizantes y además debe partir de la necesidad de garantizar una institución profesional, autónoma y transparente, según expertos que durante décadas han dado seguimiento al manejo del sistema nicaragüense de seguridad social.
El economista Adolfo Acevedo y el experto en temas de seguridad social, Manuel Ruiz, coincidieron este jueves en el programa de televisión Esta Noche, que lo primero que se debe garantizar para atender esta crisis es la autonomía del INSS y transparentar la administración de sus recursos ante los nicaragüenses.
Los expertos recordaron que la crisis de insolvencia del INSS ya se tenía prevista para la segunda década de este siglo, aún con un cálculo menor de gastos administrativos y pagos de pensiones y prestaciones y servicios a los actuales. Sin embargo, el colapso de la entidad se ha acelerado en la última década, durante la cual se pasó de un superávit de más de 1,180 millones de córdobas a un déficit superior a los 1,580 millones.
Temas inevitables para evitar el colapso del INSS
Esta semana, el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce declaró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió entre varias medidas para enfrentar la crisis del INSS el aumento de la edad de jubilación (de 60 a 65 años) y la duplicación de las semanas cotizadas (de 750 a 1,500) y que el gobierno de Daniel Ortega no descartaba ninguna de las recomendaciones.
Las declaraciones de Arce agitaron el rechazo de la opinión pública y, desde las redes sociales diferentes sectores, se autoconvocaron para analizar el tema y reclamar a la administración orteguista. El presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, luego intervino este miércoles ante medios oficialistas para negar que el Gobierno de Nicaragua analice la posibilidad de las dos polémicas recomendaciones.
Sin embargo, Acevedo y Ruiz sostienen que la crisis del INSS debe analizarse y que esta implicaría reducciones de los beneficios del seguro social, pero ante todo se debe garantizar una evaluación transparente, en la que se garantice la participación de pensionados y cotizantes.
Ruiz recordó que por definición el INSS es una institución autónoma, “que se maneja administrativa y financieramente separada”, y sin embargo no ha funcionado así en “por lo menos los últimos 20 o 25 años”.
“Mientras no ataquemos esa parte (la falta de autonomía) ese es uno de los factores de la situación que estamos viviendo”, advirtió el especialista.
Crecieron gastos administrativos y presiones al sistema
Además, alertó que desde 1993, contrario a la Ley, se establecieron las Empresas Médicas Provisionales “y lo peor es que los ingresos del 8.5% de la rama de enfermedad, maternidad, no sabemos si se está tomando dinero de la rama de pensiones, para equilibrarla, por su manejo de manera discrecional”.
Acevedo también enfatizó que los gastos administrativos del INSS se duplicaron desde entonces, pasando de menos de un 7% en los noventa hasta un 13% en 2016. A esto, agregó que el pago de las pensiones reducidas a los adultos mayores también agregó presión al sistema.
El economista aclaró que la demanda de los adultos mayores, que despertó la solidaridad de diferentes sectores años atrás, es legítima. Sin embargo, reiteró que su cobertura debería ser parte del sistema de protección social del gobierno y no del sistema del seguro social que ya tenía su diagnóstico de desahucio desde antes.
Además, insistió en que tras la caída el rendimiento de las inversiones, se agregó otra carga adicional al INSS.
Urge extender solvencia por lo menos para una década
Ruiz opina que "la reforma tenemos que verla desde el punto de vista administrativo, de la rama de salud, pensiones, riesgo profesional, pero fundamentalmente en el asunto de inversiones, que solamente hay un artículo en la Ley (arto. 32), que se ocupa de las inversiones. Entonces estamos sin Ley y ese es un problema".
Acevedo también señaló que "muchas personas piensan que al INSS se le echó una carga encima y que ahora se la quitás y el INSS vuelve a la solvencia y no es así. Lo que tenés de fondo es la misma trayectoria que tenías antes”.
Igualmente, los expertos coincidieron en el acelerado proceso de envejecimiento de la población nicaragüense, con un aumento en las atenciones por enfermedades crónicas y degenerativas, mientras no aumenta la tasa de cotizantes (que ronda el 26% de la Población Económicamente Activa) ni los salarios de los empleados.
Los especialistas apuestan a que una reforma urgente procure garantizar la sostenibilidad del INSS por lo menos para la próxima década.
Las propuestas a una salida transparente
Según Ruiz, "lo primero que debemos reformar es que el INSS sea un ente autónomo, con eso se eliminaría que pueda tener cualquier influencia de cualquier Ejecutivo, sino que se maneja de manera técnica y profesional en la que no se impongan decisiones político partidario".
Además, sugiere eliminar de manera gradual el pago de las pensiones reducidas y trasladar este gasto al Presupuesto General de la República.
Asimismo, considera que es necesario revisar la fórmula para calcular el monto de la pensión mínima y que se necesita una ley que regule el pago por maternidad y enfermedad.
De acuerdo con Ruiz, una siguiente etapa tendría que volver a revisar las cifras, tras aumentar el empleo y los salarios. "O reducís las pensiones y prestaciones o revisás y reducís el gasto de salud", sentenció.
Acevedo coincidió en que "el primer punto (de la reforma) es que se debe ser garantizar una instución autónomoa, profesional y totalmente transparente, incluyendo detalles sobre los ingresos y egresos de cada programa y cuál es su fuente de financiamiento".
"En este primer momento, vos tenés que tomar medidas que te aseguren una década, por lo menos. Eso no va a ser posible sin un aumento de la tasa de contribución; es indispensable que todas las pensiones que responden a las políticas de protección social", recomienda.
Según Acevedo, el colapso del INSS afectaría directa o indirectamente a al menos 3 millones de nicaragüenses, pero lamentó que hasta ahora no se considera en su discusión a los afectados.
Ruiz respaldo que entre el sector privado, el gobierno y los sindicatos "no tenemos a verdaderos representantes" de los pensionados y cotizantes.
"Reconstruir las instituciones públicas, convertirlas en instituciones profesionales, concentradas en el cumplimiento eficiente de sus funciones, es indispensable", sostiene Acevedo.
