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Repudio mundial a cierre arbitrario de universidades y Academia de Ciencias

ACAL sostiene que es "inconcebible" que un país civilizado tome medidas que afectan la libertad y la autonomía universitaria

El presupuesto del Consejo Nacional de Universidades (CNU) incrementó 67% en 2022

Redacción Confidencial

8 de mayo 2022

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La Academia de Ciencias de América Latina (ACAL), integrada por 250 académicos de 17 países de la región, condenó la coerción a la educación superior y la ciencia en Nicaragua, a través de lo que llamaron imposición de restricciones que “atentan contra la autonomía de Instituciones de Educación Superior y la libertad académica en varias universidades”.

Los académicos lamentaron también el cierre de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACA) a manos de la Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, que persigue a los organismos no gubernamentales y recientemente eliminó la autonomía universitaria para perpetuar el control del régimen sobre la educación superior, a través de reformas legislativas.


ACAL es una organización regional destinada a promover y contribuir al desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones en beneficio del desarrollo humano, cultural y social. Sus miembros calificaron como “insólito” los hechos que han ocurrido en Nicaragua en relación a la autonomía universitaria.

“Es inconcebible que un país civilizado tome medidas que afectan la libertad que deben tener estas instituciones para poder realizar debidamente sus actividades y preocupa mucho a la comunidad académica internacional, que concibe la enseñanza superior como un ejercicio que debe realizarse en un clima de plena libertad, que se proscriba, por razones que escapan a las competencias académicas, la libre confrontación de ideas para la formación de profesionales y ciudadanos capaces de tomar sus propias decisiones”, se lee en el pronunciamiento de la organización, firmado por su presidente Claudio Bifano y su canciller Rafael Apitz-Castro, ambos originarios de Venezuela.

La declaración mundial ocurre un mes después que legisladores afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobaron una reforma a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), que dejó por fuera a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de la repartición del 6% constitucional que se otorga a las IES estatales.

El acto fue considerado como una venganza a la Universidad de los jesuitas, cuyas autoridades abrieron las puertas a los estudiantes reprimidos por el Estado en las protestas de 2018, cuando policías y paramilitares simpatizantes de Ortega orquestaron una masacre. Al menos 355 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas opositoras iniciadas en abril de ese año, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La reforma al sector educativo planteada por el FSLN también dio “poder absoluto” al CNU sobre las universidades del país, lo que a juicio del especialista en educación, Ernesto Medina, se traduce en “consolidar el control político” del régimen.

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“Con la reforma lo que buscan es darle un sustento legal al control, porque el control ya lo estaban ejerciendo a través de funcionarios leales al régimen; se hicieron de una cubierta legal de todas esas arbitrariedades para que a través de una institución se realice el control de las universidades. Ese es el papel que ahora va a jugar el CNU”, dijo el experto en abril pasado al programa Esta Noche.

Cierran ACA y otras 49 oenegés en Nicaragua

El pasado 4 de mayo, los diputados cancelaron 50 organizaciones de sociedad civil, aduciendo supuesto incumplimiento del marco jurídico en el país. Se trata en el caso de la Ley de Agentes Extranjeros, creada en 2020, de un marco jurídico que el mismo régimen fabricó para perseguir a los que considera independientes, pero fuentes familiarizadas con casos concretos de represión al Estado explicaron meses atrás que Gobernación se negaba a recibirles sus informes financieros y llenaba de obstáculos los requisitos necesarios para que se mantuvieran en la legalidad.

Entre las oenegés ilegalizadas, se incluye a la Academia de Ciencias local (ACA), una entidad dedicada a la promoción precisamente de esa área en el país. ACAL considera que “atropellar” a las instituciones que generan y respaldan la actividad científica evidencia “la incomprensión del Gobierno” sobre la importancia de dicha labor.

“La ciencia en todas sus facetas representa la esencia indiscutible para la generación de todo tipo de conocimiento sólidamente sustentado y está destinada a construir capacidades científicas como base cierta e indispensable para cualquier desarrollo tecnológico y que un país que desprecia la generación de conocimientos y a las instituciones que la propician está atentando contra el bienestar social y económico de sus ciudadanos”, señalaron.

Durante sus 12 años de existencia ACA se dedicó a “fomentar y difundir la ciencia, la investigación y la educación científica, como elementos intrínsecos del desarrollo humano sostenible”, señala ACAL.  También fueron referentes para analizar los impactos que provocaría el proyecto canalero impulsado por el régimen, cuestionando, principalmente, los daños ambientales a lo largo de la ruta trazada.

ACAL lamentó “profundamente las decisiones tomadas por el Gobierno nicaragüense y las instituciones que lo respaldan sobre la eliminación de la autonomía universitaria y la cancelación de la personalidad jurídica de la Academia de Ciencias de Nicaragua, acciones que van en claro detrimento del desarrollo social e intelectual de la sociedad nicaragüense”.

A la vez, invitó al Gobierno a “reconsiderar esas decisiones y promover un diálogo constructivo” con las universidades y las oenegés científicas.


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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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