21 de noviembre 2019
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Desde el pasado seis de noviembre, la distribuidora Disnorte- Dissur puede enjuiciar y embargar a los clientes morosos que consuman más de 300 kilovatios horas al mes. Esa facultad le fue otorgada por la dictadura orteguista, a través de una reforma a la Ley de Estabilidad Energética. Para el presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora Hinojos, la medida muestra que el “Gobierno está priorizando la caja de la compañía distribuidora”.
En una entrevista con la periodista Cindy Regidor, en el programa Esta Semana, Zamora comentó que la CEN no tiene todavía una posición oficial sobre la reforma, aunque sus miembros consideran que “es una medida un poco ortodoxa”, en el contexto de crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Con la reforma, Disnorte-Dissur podrá enjuiciar y embargar a los morosos, difundir sus nombres públicamente; y dañar el récord crediticio al pasar sus nombres a las centrales de riesgos.
La reforma incluye también sanciones a quienes instalen el servicio por su cuenta o alteren la medición del consumo real, vendan energía a terceros o manipulen lo medidores. Permite además que la distribuidora realice mediciones fuera de horas laborales.
“Ya no hay colchones”
Para el empresario, el objetivo de la reforma “es recuperar caja para la compañía distribuidora”, ya que antes el régimen le buscaba recursos a través de la cooperación venezolana o “de la Dirección General de Ingresos o del Ministerio de Finanzas”. Ambas opciones “ya no están”.
“El país vive una situación económica sumamente complicada. El sector energético antes tenía dos colchones que eran importantes y que hoy ya no están: en primer lugar, la ayuda de Venezuela; y en segundo lugar, al haber crecimiento económico, había recursos financieros por parte del Estado para apoyar subsidios y al sector energético en general”, explicó Zamora.
Carlos Herrera | Confidencial
El Estado posee un 16% de las acciones de Disnorte-Dissur, mientras el 84% restante está en manos del consorcio TSK-Melfosur, que según fuentes del sector tiene vínculos con personeros del régimen.
El empresario indicó que en Nicaragua el 80% de los clientes de la distribuidora —unas 900 000 viviendas— tiene una tarifa subsidiada, y el otro 20% son todos aquellos que pagan una tarifa no subsidiada, que “es alta para los estándares centroamericanos”.
“Hoyo de seis millones de dólares”
El presidente de la CEN señaló que la distribuidora colectaba, antes de la crisis política del país, alrededor del 95% de lo que facturaba, pero hoy en día —según datos de la misma compañía— recaudan solo el 90%, “eso les abre un hoyo de alrededor de seis millones de dólares al año, y andan buscando cómo recuperarlo”.
Datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) muestran que hasta marzo pasado las pérdidas en distribución eran de al menos 1 535 millones de córdobas.
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Diputados orteguistas justificaron la reforma bajo el argumento de que la mora —de unos 3 500 millones de córdobas, concentrada en al menos 16 500 clientes— ponía en riesgo la “estabilidad financiera” de todo el sector energético nacional.
Los costos de la energía en Nicaragua ya no sean auditables. // Foto: Agencias
Zamora subrayó que al CEN no tiene “forma de validar” los números presentados por los diputados orteguistas, ya que no tienen acceso a cifras actuales. “Antes el sector, a través del INE, hacia publicaciones de números, no es el caso”. Esta institución estatal suspendió, desde marzo pasado, la publicación de datos sobre el mercado energético nacional.
Clientes que se van o cierran
El empresario destacó que, por lo general, la mora no es solo de los grandes consumidores —tal y como afirmaron los diputados orteguistas—sino que “es proporcional a todos los segmentos del país”, por lo que habría que “afinar los números, no tenemos números ciertos”.
“En la medida que hay gente que ha salido del país o empresas que están cerrando, pues, de alguna manera dejan colgado a la compañía distribuidora con el no pago”, ejemplificó.
Agregó que el régimen y la distribuidora debieron “buscar mecanismos de pagos para los clientes que están con problemas de liquidez”. Embargar y enjuiciar a los morosos, a su juicio, es una medida “extraordinaria, pero ha de tener alguna lógica por parte de la compañía distribuidora”.
César Zamora. Archivo | Confidencial
Para Zamora, la excusa de los diputados de que solo se afectará a una “minoría pudiente”, es “un discurso político. Se tiene que vender esto (reforma) de alguna forma”.
“(La reforma) afecta a todo aquel que tiene un recibo de 1 500 córdobas o más, que son todos aquellos que consumen 300 kilovatios o más. Afecta no solo a los grandes, sino a los medianos, a las pymes”, subrayó el empresario, quien le puso número a los perjudicados: “estamos hablando de 300 000 clientes de la compañía distribuidora, del 1.1 millones (de clientes) que tiene”.
Demanda crece un 1%
Esta crisis de la distribuidora, afirmó Zamora, golpea a “toda la clase media”, porque no tienen acceso a los subsidios y pagan tarifas altas, no subsidiadas. “Mucho del ingreso de las familias se va en el pago de la luz”, dijo.
“Aquí tenemos una demanda tipo camello, donde el 80% tiene los precios de la energía, de los más competitivos de Centroamérica, y el otro segmento tiene la energía más cara de Centroamérica. Ese 20% de alguna manera sostiene el sector eléctrico del país”, describió el presidente de la CEN.
Sostuvo que la demanda energética en 2018 y 2019 ha incrementado en un 1%, cuando “tradicionalmente” crecía entre un 3% y 5%. “Hemos tenido una caída real de nuestras expectativas, porque si antes íbamos a crecer el 4 o 5%, y estamos creciendo el 1%, ya en dos años es una reducción de crecimiento de la demanda del orden del 6%, que es dramático”.
