26 de noviembre 2021
AA
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado a 27 nicaragüenses en lo que va del mes de noviembre a quienes mantienen aislados y sin acceso a visitas de sus familiares, informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Este mecanismo conformado por más de 10 organizaciones de víctimas, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, indicó a CONFIDENCIAL que del primero al 23 de noviembre registraron la detención de 48 personas, de las cuales 17 fueron liberadas, mientras 21 hombres y 6 mujeres, continúan encarceladas.
Detallan que las 27 personas que continúan encarceladas son originarias de Río San Juan (11), Managua (5), Masaya (4), Estelí (3), Chinandega (2), Nueva Segovia (1) y Carazo (1).
Además, mencionan que 17 de los 27 encarcelados son parte de alguna organización o partido político; y 10 son identificados como activistas, analistas, exatrincherados y excarcelados políticos.
El Mecanismo indica que nueve de los arrestados están en cárceles preventivas municipales, cinco en los distritos de Managua, una persona en El Chipote y una bajo el régimen de casa por cárcel. En diez de los casos, el monitoreo independiente no ha logrado confirmar la ubicación de donde se encuentran encarceladas las personas detenidas.
Cuatro casos más denunciados en las redes sociales aún no han podido ser confirmados por esta organización.
Criminalización a través de ley Soberanía y de Ciberdelitos
Denuncian que las 13 personas que ya fueron acusadas, son señaladas por supuestamente infringir las leyes de Soberanía y de Ciberdelitos, legislaciones que son parte de la maquinaria de leyes represivas que el régimen orteguista aprobó en la Asamblea Nacional entre octubre de 2020 y febrero 2021.
El registro independiente subraya que, por ahora, a solicitud de la mayoría de los parientes de las 27 personas encarceladas, no darán la lista de nombres de las víctimas de esta nueva ola de detenciones.
Sin embargo, algunos familiares de personas detenidas en las últimas semanas han denunciado públicamente las capturas de sus parientes, tal como ocurrió con el caso del analista político y exdiplomático Edgar Parrales, de 79 años, que fue detenido el pasado 22 de noviembre y actualmente se encuentra en las celdas de El Chipote, en Managua.
La mañana de este jueves, 25 de noviembre, también se hizo pública la detención de Eveling Pinto, de 62 años, capturada el pasado 6 de noviembre en su vivienda en Managua. La mujer es reconocida defensora de derechos humanos y es sobreviviente de cáncer. En las redes sociales, sus familiares denunciaron que no han podido verla desde su detención y que desconocen el estado de su salud, lo cual les preocupa pues padece de hipertensión e insuficiencia renal crónica.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) indicaron, en entrevista con CONFIDENCIAL, que entre las personas detenidas en noviembre y que todavía están encarceladas se encuentran 16 de sus miembros.
El abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la UNAB, afirma que 10 integrantes de la organización están encarcelados, en distritos policiales de la capital y en las celdas preventivas de las cabeceras departamentales de la Policía Nacional.
Barberena afirma que los integrantes de la UNAB “no han recibido la visita” de sus familiares y tampoco de sus abogados, pese a que ya cumplieron más de 48 horas de detención.
Indefensión absoluta
El integrante de la UNAB señala que los encarcelados se encuentran en un “estado de indefensión absoluta”, ya que, después de una “flagrante detención ilegal” y de pasar “más de 48 desde esa detención”, no son puesto a la orden de un juez y tampoco se acepta los recursos de exhibición personal que son interpuestos para “para salvaguardar sus derechos constitucionales y su integridad física”.
El abogado detalla que cinco de los 10 encarcelados de la UNAB ya fueron acusados de supuesto “menoscabo contra la paz y propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la comunicación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos”.
Denuncia que estas acusaciones se dieron fuera del tiempo establecido en Ley, pues se han realizado audiencias preliminares después de siete días, otras en más, de las detenciones.
Subraya que a estas 10 personas, incluso las que ya fueron acusadas, no recibieron una extensión de la detención judicial, como ha sucedido en otros casos, que de conformidad con el Código Procesal Penal aplican la detención judicial de hasta 90 días, lo cual, señala, confirma que se tratan de detenciones ilegales.
El abogado menciona que los familiares de las personas detenidas han indicado que, pese a que no les dan acceso a visitas, se les permite “la entrega de alimentos; los tres tiempos de comida, incluso los que están en los distritos de Managua, al igual que ropa y utensilios de aseo personal”.
Detención de opositores de la ACJD
La doctora Asunción Moreno, integrante de la Alianza Cívica, también denunció que entre los encarcelados de noviembre se encuentran seis de los líderes de esa organización, advirtiendo que el régimen orteguista “ha recrudeciendo” la represión contra los liderazgos municipales y departamentales.
“Desde el día 6 de noviembre, previo al día de la farsa electoral, los liderazgos de las directivas de la Alianza Cívica de los distintos departamentos y municipios están siendo asediados, perseguidos y hasta la fecha tenemos seis dirigentes, directivos de nuestra alianza, secuestrados o detenidos por autoridades de la Policía Nacional”, indicó Moreno en entrevista con el programa Esta Noche.
Señaló que cuatro de las viviendas de los opositores encarcelados fueron allanadas “sin orden judicial”.
La ACJD denunció, a través de sus redes sociales, que tres de sus seis integrantes encarcelados son: Nidia Barbosa Castillo y Edder Muñoz Centeno, de Masaya; y Armando Robles, de Morrito, Río San Juan.
Además, indicaron a CONFIDENCIAL que ninguno de los detenidos ha podido recibir visitas de sus familiares y abogados, pese a que la mayoría ya tienen más de 10 días encarcelados. Los integrantes de ambas organizaciones aclaran que el nombre de los otros tres encarcelados no han sido divulgados a solicitud de las familias.
Públicamente se conoce que de los seis encarcelados de la ACJD solo Nidia Barbosa Castillo, arrestada el 6 de noviembre pasado, ha sido acusada por supuestamente infringir la Ley de Ciberdelitos.
La Alianza Cívica denunció, durante esta semana, que Barbosa Castillo se encuentra internada en un hospital de Masaya, con problemas de hipertensión y cardiopatía, luego de ser llevada -el sábado pasado- a audiencia preliminar.
La doctora afirma que la organización y familiares se encuentran “preocupados” por la integridad física de los encarcelados, pues “ya sabemos que la dictadura viene practicando torturas en las celdas, viene realizando detenciones ilegales y arbitrarias de forma sistemática, y abre juicios ilegales en donde no se garantizan los derechos y las garantías en esos procesos”.
CXL denuncia persecución y detenciones arbitrarias
El partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), que fue despojado en agosto pasado de su personería jurídica por el Consejo Supremo Electoral (CSE) del régimen orteguista, también ha denunciado que, desde el pasado 30 de octubre, hay toda una “persecución” contra sus dirigentes territoriales del departamento de Río San Juan.
Los opositores denunciaron que, durante noviembre, fueron detenidos Moisés Salinas, concejal de CXL en El Almendro; Araldo Manzanarez, líder local del partido; Esteban Paniagua Espinoza y Cándido Sánchez López, tesorero y responsable de la organización política en San Carlos, respectivamente.
Las tres organizaciones han demandado la liberación de todos los presos políticos que, tras las nuevas detenciones, ya suman más de 170 en las diferentes cárceles del país.
