4 de octubre 2022
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Trece días después que la Fiscalía del régimen inició un proceso judicial, sin especificar los cargos, contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que vivieron asedio junto a monseñor Rolando Álvarez, en la Curia de Matagalpa entre el cuatro y el 19 de agosto pasado, finalmente el Poder Judicial reveló que los religiosos fueron acusados por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Según el sistema electrónico del Poder Judicial, los sacerdotes acusados son Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano. También fueron acusados el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores.
Los fiscales del régimen aún no presentan ninguna acusación contra el obispo Álvarez, señalado por la Policía de “organizar grupos violentos” y “fomentar el odio”, quien permanece en arresto domiciliar desde el 19 de agosto. El mismo día que los religiosos fueron trasladados a la cárcel policial El Chipote donde se encuentran aislados.
La acusación contra sacerdotes y laicos fue presentada desde el 21 de septiembre por el fiscal Manuel de Jesús Rugama, quien se ha destacado persiguiendo a presos políticos, igual que la jueza del caso, Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua. También, al día siguiente, fue celebrada la audiencia preliminar, pero los detalles permanecieron ocultos hasta este cuatro de octubre.
En esa audiencia, realizada en secreto el 22 de septiembre, la jueza Úbeda admitió las acusaciones contra los sacerdotes y laicos, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y programó la audiencia inicial para el próximo viernes siete de octubre. Además asignó defensores públicos a cada uno de los acusados, tal como ha ocurrido en otros casos de índole político.
La defensa del sacerdote Tijerino fue asignada a la defensora pública María Verónica Nieto Guillén, el caso del padre Eugarrios y el camarógrafo Cárdenas fue entregado a la defensora Ethelvina Guisselle Sobalvarro Cruz, la causa del padre Díaz y el seminarista Centeno a la defensora Heidi Jennifer Cárdenas Rosales, y en el caso del padre Vega y el seminarista Leiva a la defensora Brenda Josefina Enrique Galeano.
Fiscal solicitó tramitación compleja
De acuerdo con el acta del Poder Judicial, luego que la jueza Úbeda —del juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua— se declaró competente para atender la causa ocurrida en Matagalpa, el fiscal Rugama solicitó que se corrigieran errores en la acusación contra sacerdotes y laicos y que se declarara tramitación compleja, porque supuestamente la Policía continúa investigando.
El Ministerio Público solicita “se declare la tramitación compleja de la causa ya que los delitos acusados son graves y conexos al crimen organizado, razón por la cual la Policía Nacional continúa realizando actos de investigación con el objetivo de identificar todas las actividades ilícitas y a todos los miembros de la organización delictiva, además se está a la espera de la conclusión del informe de redes sociales”, dice el acta de la audiencia.
Extracto del acta de la audiencia preliminar realizada el 22 de septiembre 2022
Las defensoras públicas, por su parte, se opusieron a la admisión de la acusación alegando falta de especificación, claridad y precisión de los hechos imputados y la participación de sus representados en ellos. Además, solicitaron el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, la jueza Úbeda rechazó las peticiones de la Defensoría y accedió a las peticiones de la Fiscalía.
"Se indica a las partes procesales que esta declaratoria de complejidad lleva con sigo todos los efectos que establece el referido artículo 135 del Código Procesal Penal, en el sentido que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a las personas acusadas podría extenderse hasta un plazo máximo de doce meses", indicó la jueza al final de la audiencia.
