16 de abril 2018
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El tiempo apremia en la crisis de la Seguridad Social y la única propuesta esbozada de forma extra oficial por el Gobierno –aumentar en un 3.5% el aporte patronal al INSS y en un 0.75% el aporte laboral y otras medidas estrictamente recaudatorias– no solamente no resolvería el problema al cabo de un año, sino que tendría repercusiones económicas negativas inmediatas. Más aún, aplicar alguna de las reformas paramétricas que el Gobierno dice que no implementará, equivaldría a poner un pequeño parche, cuyo efecto sobre la situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sería de duración muy limitada.
La conclusión a la que llegaron cuatro expertos –Sergio Santamaría, director del Cinase; Julio Francisco Báez, director del Iniet; Manuel Israel Ruiz, experto en temas actuariales, y Adolfo Acevedo, economista e investigador social– entrevistados en el programa Esta Semana, es que si solo se aplica una reforma parcial -no integral- en 2019 habremos vuelto al mismo lugar.
“El Gobierno está un poco apremiado, porque se dejó llegar la situación a un límite donde cualquier salida es extremadamente difícil. Si el Gobierno logró vender la cartera hipotecaria que le trasladó a los bancos, el INSS con dificultad llegaría a diciembre. Si no logró vender esa cartera, tendría algunos meses de solvencia, así que hay cierta desesperación”, aseguró Acevedo.
Al analizar otras opciones, el economista encuentra que una estimación sencilla del déficit del INSS, sin tomar en cuenta la marcada desaceleración que ha tenido el número de afiliados activos, indica que el déficit del INSS podría llegar fácilmente a 3 000 millones de córdobas, o sea, casi cien millones de dólares. Este año.
“Si solo se opta por reducir el gasto, digamos que la pensión reducida y la pensión de víctimas de guerra se traslada al Presupuesto de la República, se ahorraría un poco más de 80 millones de dólares”. Adicionalmente, una reducción de los gastos administrativos, “permitiría a lo mejor hacerle frente al déficit del 2019”, pero los problemas volverían en 2020.
Acevedo asegura que “se está haciendo una proyección lineal que dice: “Si hacemos esto, vamos a recaudar un montón de dinero”, sin entrar a pensar demasiado cuál será el efecto sobre las pequeñas y medianas empresas, y sobre los cotizantes.
En el caso de las primeras, sobre todo las pequeñas, aumentará la carga laboral –que incluye vacaciones y aguinaldo- y muchas de ellas tendrían grandes dificultades. En el caso de los segundos, aumentar el monto que se paga en concepto de seguro facultativo, daría como resultado que muchas personas que pagan ese seguro no podrían seguir aportando.
Disminuir la carga
Entre 2006 y 2011 (con la sola excepción de 2009, a causa de la crisis financiera global), el INSS acumuló más de mil millones en reservas por año. En 2012 el balance todavía fue positivo, al sumar otros 376 millones de córdobas a las reservas, hasta que la tendencia comenzó a revertirse en 2013, que es el primer año en que el balance entre ingresos y egresos fue negativo.
“En el último estudio actuarial que hizo la División de Actuaría del Seguro Social, al cerrar el 2012 había 16 395.2 millones de córdobas, que al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2012, significaba 679 millones de dólares”, aseguró Santamaría, del Centro de Investigación y Asesoría Socioeconómica, (Cinase).
“De acuerdo con las estadísticas de 2017, la reserva técnica total es de 5 391.6 millones de córdobas. Eso significa 175 millones de dólares. En cinco años hemos perdido 504 millones de dólares en reserva técnica. Eso es un promedio de casi cien millones de dólares al año”, detalló.
En parte, eso se explica por la ejecución de un programa de inversiones cuyos parámetros y resultados permanecen en la oscuridad. A ello se suma el aumento en el número de empleados, (ya son 4,060), o al hecho que el Instituto está pagando con sus recursos pensiones que no le corresponde cubrir.
“La crisis del seguro social es de orden financiero, de gobernanza, y de orden jurídico”, asegura Manuel Israel Ruiz, quien insiste que una reforma recaudatoria que incremente la tasa de cotización “no serviría para resolver el problema, y fracasaría automáticamente, como la del 2014”.
Ruiz señala que la solución a los problemas del INSS pasa porque el Estado asuma las pensiones reducidas, (que el año pasado costaron 1,660 millones de córdobas), así como las pensiones no contributivas, (que deben ser financiadas por el Estado, tal como lo señalan la Ley 331, la Ley 726, y la Ley 1141), y representaron una salida de 37 millones de córdobas en 2017. El INSS está pagando esas pensiones desde 1993.
El experto propone que se reduzca a 20 años, el plazo de medio siglo que la Ley 890 le dio al Estado para pagar los 500 millones de dólares que le debe al Seguro. De paso, opina que “si no se fortalece el asunto de las inversiones, que están siendo muy mal manejadas, tampoco se podría resolver el problema”.
Los análisis muestran que la rama de salud se está financiando parcialmente con dinero que debería usarse para cubrir los gastos en pensiones, riesgos profesionales, y víctimas de guerra. “Mientras eso no se corrija, hablar de edad, de semanas cotizadas, de incremento en la tasa de cotización, sería otro fracaso, porque el mal quedaría en el corazón de INSS”, añadió.
¿Quién negocia qué, y cómo?
El abogado Julio Francisco Báez cuestiona la propuesta de negociar ‘en combo’, una reforma fiscal, junto con la reforma a la Seguridad Social, como tampoco lo es que el gobierno y el sector privado negocien a puerta cerrada. Ni siquiera si se incluye a los sindicatos.
“El tema del INSS y el de la reforma fiscal ya escaparon a cualquier negociación tripartita o cuatripartita”, asegura Acevedo, considerando que solo en 2017, “el 22% de la población estuvo vinculada directamente al INSS, sin contar los dependientes”.
Báez considera que sería un error absoluto que se mezclaran ambas negociaciones, porque el INSS opera con dinero de los asegurados, que no puede revolverse con el de la Hacienda Pública.
En su criterio “esto tiene un trasfondo político: desde lo técnico salta a lo político”, y resalta el riesgo de que se discutan a puerta cerrada, temas tan sensibles para el país entero, como son la eliminación de las exoneraciones, y la situación del INSS.
“Es imposible que una reforma estructural se decida a puerta cerrada, aunque esa haya sido la tónica en los últimos diez años”, reclama Báez, quien espera que “el Gobierno dé un paso adelante. Para eso es Gobierno. Que haga una propuesta integral alrededor de una nueva ley de Seguridad Social”, contando con el concurso y participación de todos.
“El Cosep no tiene por qué estar a puerta cerrada”, insistió, en especial si, como señala Acevedo, hay que revisar las exenciones del IVA, en especial el de la canasta básica, como propone el FMI, pero también “las exenciones a los sectores donde predominan las empresas más grandes, más redituables”, así como “la viabilidad futura del INSS”.
Santamaría por su parte, observa que hay perspectivas de una desaceleración mayor de la actividad económica, lo que justifica crear el ‘colchón’ fiscal de 1.5% o 2% del PIB que propone el Fondo Monetario Internacional, que ve al país como un todo, por lo que sus recomendaciones en materia tributaria incluyen la Seguridad Social.
Aclarado esos puntos, Manuel Israel Ruiz amplía el número de voces y actores que deben participar abierta y ampliamente en la discusión de la situación de la seguridad social en Nicaragua.
“Si se hace a puerta cerrada, si no participan los verdaderos empleadores, los trabajadores, los jubilados, el Estado y las universidades, indudablemente que estaríamos encaminados a un fracaso”, asegura recordando que en el país hay organizaciones de pensionados, de jubilados, de discapacitados, de víctimas de guerra, etc.
Retazos de propuestas
Julio Francisco Báez asegura “de manera categórica” que no existe ninguna propuesta integral para enfrentar esta crisis del sistema de seguridad social.
“Las propuestas que existen son pellizcos de un incremento porcentual, aumentar las edades de jubilación, cosa que el FMI y el Gobierno de la República han mencionado. Esto significa que a las puertas de un cambio no tenemos nada”, lamentó.
Báez llamó la atención hacia el hecho que el debate parece estar centrado en el aumento en las cotizaciones de trabajadores y empresarios, “pero se olvida que la seguridad social trasciende de eso”, y también incluye “cuatro pilares: salud, riesgo profesional, inversiones y pensiones”.
El experto recordó que existen “33 leyes, (no reglamentos) que tocan la estructura de Ley de la Seguridad Social. Esto es una vorágine de leyes que distorsiona el sistema: por muchos lados vienen beneficios, por otros se han mermado. Esta anarquía tiene que resolverse con un cambio estructural”, sentenció.
Báez reveló que “cinco profesionales independientes estuvimos trabajando en conjunto e independientemente cada uno, sobre la materia la Seguridad Social. Nos reunimos alrededor del Instituto Nicaragüense de Investigación y Estudios Tributarios con la intención de trabajar una propuesta integral”.
Esa propuesta se elaboró con la guía del profesor internacional Carmelo Mesa-Lago, autor de 82 libros, y profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, y será presentada a las tres de la tarde del 24 de abril, en el Aula Magna de la Universidad Centroamericana (UCA).
[destacado titulo="Un clima de Incertidumbre y preocupación"]
Los cotizantes del Seguro Social se encuentran a la deriva
Empresarios, sindicalistas, pensionados y cotizantes activos del INSS, consultados por Confidencial, opinan acerca de las opciones para hacer frente a la crisis del INSS.
Ismael Reyes, propietario del hospital Salud Integral, opina que hay “un montón de soluciones”, entre las cuales enlista “subir la edad de jubilación dependiendo del trabajo de la gente”, pues considera “ridículo” que un oficinista se jubile a los 60 años, en especial porque “tengo 74 años y sigo trabajando”.
Reyes también encuentra “ridículo reducir las pensiones de la gente”. En vez de eso, recomienda revisar la cantidad de personas que trabajan para el Instituto -y los salarios que devengan- en aras de encontrar un ahorro.
José Espinoza, líder de la Central de Unidad Sindical (CUS), confía en que el Gobierno siga las recomendaciones del FMI, y presente una propuesta para discutirla de forma tripartita con los trabajadores y los empresarios.
“Definitivamente, que traten de descargar todo el costo sobre los hombros de los trabajadores es inaceptable. Si no están los trabajadores a la hora de discutir, nosotros no reconoceremos ningún acuerdo entre el Cosep y el Gobierno”, aseguró.
Su argumento es que “el dueño del Seguro Social es la clase trabajadora, los cotizantes, no los empresarios ni el Gobierno. El Gobierno lo administra y vela por su buen funcionamiento, y si los empresarios pagan no es para ir haciendo colecta o ahorro, sino para que se atienda a los trabajadores”.
Varios de los trabajadores a los que se refiere el líder sindical están “muy preocupados”, ante lo que pueda suceder con el INSS.
Fernando Urroz, un auditor desempleado que está a ocho meses de cumplir la edad de jubilación, considera que está “en una situación muy preocupante”, ante la posibilidad de que se reduzca el monto de las pensiones a recibir.
A Edgard Bermúdez, vigilante, le faltan ocho años para poder jubilarse. Él rechaza la idea de que se aumente el monto de las cotizaciones, en especial “a la gente de bajo nivel”, entre los que incluye “personal de seguridad, de limpieza, de la construcción. Al contrario, deberían bajarles las cotizaciones, y subírselas a las clases más altas: los diputados y todos esos que ganan miles de dólares”.
A Keyling Tercero le faltan más de tres décadas para jubilarse, por lo que le resulta “deprimente” pensar que es muy probable que cuando llegue ese momento, el Instituto no tendrá dinero.
“Es una incertidumbre saber qué va a pasar, porque una de las cosas seguras que uno tiene cuando está cotizando al INSS, es que va a recibir su pensión, que va a tener medicamentos cuando lo necesite, cuando se jubile a una edad en la que ya nadie te da trabajo”, reflexionó.Humberto Francisco Vargas se jubiló en febrero, pero “todavía no me han llamado para darme la primera pensión. Estoy esperando”, explicó. Su esperanza es tener un monto “más o menos justo, pero si te ponen menos no sería justo para nosotros, y peor como estamos, enfermos”.[/destacado]
