10 de noviembre 2018
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El régimen de Daniel Ortega acusó a organismos no gubernamentales de Estados Unidos y la Unión Europea de ser cómplices de los “crímenes” ocurridos en el marco de las protestas contra su Gobierno, que estallaron en abril, que han dejado más de 300 muertos.
“Ellos son cómplices de estos crímenes y ellos también deberían de pagar por estos crímenes”, dijo en la Plaza de la Revolución, en presencia de representantes del consejo de ministros y cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Luis Velásquez, estima que las acusaciones de Ortega son “una salida para no aceptar su propia responsabilidad, porque la responsabilidad de lo que ha sucedido aquí en Nicaragua le corresponde a él plenamente y a nadie más”.
“Han matado y encarcelado, bajo el mando de él. Los nicaragüenses se rebelaron ante un Gobierno injusto, ilegítimo y ese mismo Gobierno le respondió con violencia y con balas”, alega el exdiplomático.
Acusaciones vacías
Según Velásquez, Ortega“está atacando a las organizaciones que han tenido el coraje de denunciar sus crímenes”. Ortega alega que los cientos de muertos desde abril (de los cuales su Gobierno solo reconoce 199, aunque no los identifica) fueron provocados por sus detractores “entrenados por ONG de Estados Unidos y de Europa”, que no precisó.
Para Velásquez, “ese es un argumento que siempre hacen los dictadores, que no hay presos políticos, sino delitos comunes”, pero afirma que “aquí todo el mundo está claro de que (los presos del régimen) son procesados por razones políticas.
“Es la retórica de todos los dictadores”, reitera.
El exembajador de Nicaragua en Costa Rica y exdiputado ante el Parlacen, Mauricio Díaz, califica el discurso de Ortega como una “bravuconada”, hecha porque “se sintió acuerpado por los representantes del eje chavista reunidos en Managua”.
Se cayó la máscara
“Aquí lo que esperamos es una solución constructiva, que no continuemos en este camino de incertidumbre e inseguridad. El comandante Ortega sigue desperdiciando las oportunidades para hacerlo”, critica Díaz, para quien las menciones de Ortega sobre guerras mundiales y colonialismo son “puras cortinas de humo” y un “discurso meramente retórico, demagógico, envalentonado y alejado de la realidad, que no ofrece nada”.
Velásquez y Díaz coinciden en que los organismos internacionales de derechos humanos ya han visto el uso de la fuerza letal de la Policía y la represión oficial en sus diferentes etapas: matanza, persecución, criminalización de la protesta y asedio para cercar a la ciudadanía.
Los organismos internacionales de derechos humanos ya han venido y han visto el uso letal de la fuerza policial y la brutal represión. Atacar a otros, decir que todos son malos, menos él, es hasta ridículo.
Velásquez está convencido que el objetivo de Ortega no prosperará. “La comunidad internacional ya está movilizada y ya sabe con quién está lidiando por primera vez. Lo digo —argumenta— porque antes la comunidad internacional le había dado a Ortega el beneficio de la duda, pero ahora sus últimos actos lo han dejado totalmente al descubierto y están valorando sus sanciones y las medidas de aislamiento, y eso va caminando independientemente de lo que él diga”.
Más de 550 presos políticos
Ortega sostuvo que no hay presos políticos y que los encarcelados por su régimen son “delincuentes comunes” que son procesados por sus delitos.
A principios de la semana, el Ministerio de Gobernación y la “Comisión Porras” —integrada por la Asamblea Nacional para supuestamente verificar las violaciones a los derechos humanos durante la crisis—, también negó la existencia de presos políticos y la golpiza sufrida por las reas políticas en la prisión de La Esperanza, denunciada por familiares, aunque hasta ahora han negado el acceso a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluido el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) estima en más de 600 personas los presos políticos del régimen, contrario a los 273 que reconoce el Ministerio de Gobernación, según un informe presentado por el viceministro de Gobernación, Luis Cañas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabiliza, por su parte, 552 presos políticos, entre ellos 507 hombres, 40 mujeres y 3 mujeres trans.
