5 de noviembre 2020
AA
El perito que analizó las pruebas contra los presos políticos Danny García González y William Caldera Navarrete admitió en el juicio, realizado este cuatro de noviembre, que no se cumplió con la cadena de custodia de la evidencia. Sin embargo, la jueza Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Penal de Juicio de Managua, se niega a declarar "ilegal" la prueba del Ministerio Público, como reclama la defensa.
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A García y Caldera el Ministerio Público los acusa de los delitos fabricación de explosivos, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Según la acusación, el 14 de septiembre fueron arrestados por la Policía, cuando les encontraron diez artefactos explosivos con sus cápsulas detonantes, dos revolver calibre 38 y 5.4 kilos de marihuana, repartidos en una mochila y un saco, pero la evidencia fue puesta en duda por los abogados.
El hecho de que no se haya cumplido la cadena de custodia de la prueba significa que “no es una prueba lícita”, valoró la abogada de Yonarqui Martínez, quien ejerce la defensa de García. “El perito dijo (en el juicio) que en ningún momento había analizado la evidencia en manos de Danny, que la evidencia que recibió estaba contaminada. Es decir que al momento que los policías recogieron la supuesta evidencia ni siquiera se pusieron guantes”, explicó.
Por su parte, la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, quien ejerce la defensa de Caldera, dijo al diario La Prensa que el perito señaló en su declaración que “los policías no hicieron las pruebas de campo en el lugar donde supuestamente fueron detenidos los acusados, sino que se la llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial y ahí la inspeccionaron; eso lo que nos acarrea es una ilegalidad en la incorporación de la prueba en el juicio, por eso le pedimos a la jueza que diera esa prueba por ilegal, pero no nos dio ha lugar”, se quejó.
El perito policial fue uno de los 10 testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Su declaración fue precedida por otros tres oficiales, quienes llegaron a decir que detuvieron a los acusados en la vía pública, cerca de la rotonda San Jerónimo, en Masaya, y les ocuparon droga, explosivos y armas. Sin embargo, Ruth Matute, esposa del preso político recapturado Danny García, ha denunciado que su pareja fue arrestado en su casa a las 5:40 de la madrugada del 14 de septiembre.
Según la información de la Policía, los sospechosos les habrían admitido que los explosivos serían utilizados para atentar en contra de las instalaciones de la Alcaldía de Masaya y “sembrar terror y zozobra” en los barrios de esa ciudad. Señalamientos que Matute afirma “son falsos” e insiste que “las tres veces que lo han detenido lo han sacado de su casa”, enfatiza.
La continuación del juicio fue programada para el próximo 11 de noviembre, a las 10 de la mañana.
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