4 de mayo 2016
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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, considera que en el país se vive una peor situación que hace 25 años en materia de violaciones a los derechos humanos, y asegura que las instituciones del orden público, Ejército y Policía, están mandando mensajes intimidatorios a la población.
Tres casos de ejecuciones en zonas rurales mantienen conmocionada a la opinión pública nacional y preocupan al CENIDH: El asesinato de Andrés Cerrato, un militante del PLI, asesinado por sujetos aún no identificados en la zona de Ayapal. Cerrato había denunciado al Ejército en días pasados por violaciones a derechos humanos; La muerte de Félix Duarte en Wiwilí, igualmente perpetrada por elementos armados no identificados. Y la más reciente, la ejecución de Enrique Aguinaga, alías ‘Invisible', un presunto alzado armas. Testigos de los hechos señalan a militares de ejecutar el crimen, cuando el hombre se encontraba sólo y desarmado.
La Policía Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre las investigaciones para esclarecer estos casos. “El silencio es la respuesta gubernamental. Se están convirtiendo en los mayores cómplices de los atropellos”, manifestó Núñez en entrevista con el programa Esta Noche.
La abogada considera que en el caso de Cerrato, el Ejército está dando un aviso muy claro a la población de Ayapal, una región que vivió los episodios más cruentos de la guerra civil de la década de los ochenta del siglo pasado. “Si te atrevés a denunciar, ahí está el cadáver de Cerrato. Ese es el mensaje”, dijo la abogada.
El Ejército de Nicaragua ha acusado a Aguinaga de “delincuente”, que era perseguido por denuncias de abigeato y extorsión. Según la versión del Ejército el campesino fue abatido en un supuesto enfrentamiento con una patrulla militar.
“¿Cómo es posible que el Ejército diga que Aguinaga era un desconocido? Están mintiendo. Si fue vinculado al asesinato de un secretario político del Frente Sandinista en Coperna y hay videos de él donde claramente dice que está alzado en armas contra el gobierno”, expresó la presidenta del CENIDH.
Para Núñez, en todo caso, el Ejército también estaría atribuyéndose funciones policiales, al estar persiguiendo a ‘delincuentes comunes'. “Nos estamos acostumbrando a que el ejército ande investigando como policía, no le corresponde”, dijo la defensora de Derechos Humanos.
Audiencias en la CIDH: “El que calla, otorga”
El gobierno del comandante Daniel Ortega se ausentó de las audiencias realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 7 de abril en la sede de este organismo en Washington, Estados Unidos. Para la presidenta del CENIDH, la no comparecencia del Estado Nicaragüense, da una señal muy clara de deterioro institucional.
“En derecho hay una ley que dice: el que calla, otorga. No tuvieron ya argumentos para llegar, como llegaron en otras ocasiones a hacer propaganda, a contradecir e incluso a irrespetar a los que estábamos concurriendo a la comisión”, planteó Núñez.
A juicio de la abogada, el papel de las instancias internacionales, como la CIDH, está ayudando a visibilizar fuera del país las características del régimen actual. “Que se olvide el gobierno de Daniel Ortega que Nicaragua ya tiene en el mundo el mismo nivel de respeto y de credibilidad, que tenían los gobiernos que él criticaba, como el de Violeta (90-95). Ahora todo mundo sabe que este es un gobierno violador de derechos humanos”, manifestó Núñez.
Fraude en acuerdo con líderes Rama-Kriol
El Estado de Nicaragua y líderes del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) firmaron un acuerdo para arrendar tierras originarias de forma indefinida, para la realización del proyecto de canal interoceánico, cuya concesión pertenece a la empresa china HKND. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz, y el presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol, Héctor Thomas McCrea.
Para la presidenta del CENIDH, el contrato se trata de un “fraude”. “Se está cometiendo un fraude en contra de la opinión pública de Nicaragua. No han realizado consultas”, afirmó Núñez.
Por su parte, líderes de las comunidades de Monkey Point, Wiringkay y Bangkukuk Taik, desconocen el acuerdo y aseguran que no fueron informados de la firma del documento. Según un comunicado emitido por alguno de líderes comunitarios de esa región, algunos miembros del GTR-K denuncian que ni siquiera fueron informados del viaje, y que varios representantes que participaron en el acto, ni siquiera pertenecen a la organización indígena.
