6 de marzo 2023
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Delegaciones de siete países en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas demandaron la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), en la presentación de su informe final que confirma crímenes de lesa humanidad, realizado este lunes en Ginebra, Suiza.
Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú condenaron las violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nicaragua, destacando la privación de la nacionalidad y los derechos civiles y políticos de 317 nicaragüenses- 222 excarcelados y desterrados, el obispo Rolando Álvarez y 94 mediante una resolución judicial- por parte de la maquinaria judicial de Ortega, en febrero pasado.
Este martes, defensores de derechos humanos de varias organizaciones, entre ellas, Race and Equality y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) desarrollaron un panel en Ginebra, Suiza, en el que también demandaron al Consejo apoye la renovación del GHREN por dos años.
La Unión Europea aseguró estar preocupada por los “resultados claros” del informe. “Condenamos sin ambages las graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”, señaló su representante ante el Consejo. Al mismo tiempo deploró la instrumentalización del sistema de justicia en Nicaragua, que propicia que prevalezca la impunidad por las violaciones de derechos humanos.
También pidió al Estado de Nicaragua que reanude su colaboración y diálogo con los órganos internacionales, incluidos los de Naciones Unidas.
En su intervención ante el Consejo, el alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, sostuvo que el régimen presidido por Daniel Ortega "instrumentalizó todos los poderes del Estado contra las personas opositoras, reales o percibidas como tales".
La abogada Alexandra Salazar, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), aseguró que la continuidad del Grupo de Expertos implica la identificación de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, más allá de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Su trabajo permitirá la "profundización en las investigaciones para poder determinar cadenas de mando", expresó la abogada. Subrayó la necesidad que exista justicia para las víctimas y en ese sentido, el Grupo ha permitido que los países puedan involucrarse en procesos judiciales.
Ortega manda grabación para rechazar informe el GHREN
El régimen respondió con más agresiones. La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, aseguró que el Estado no acepta la designación “unilateral, sesgada e impuesta” del Consejo a través del GHREN para investigar las violaciones a derechos humanos desde 2018 a la fecha.
“Estamos convencidos que dicho Grupo no es más que una cortina para aparentar una legalidad inexistente en los reportes que preparan sobre Nicaragua y por lo cual, reiteramos que los insumos en estos son lineamientos de los sectores y medios de la oposición en nuestro país, que difunden situaciones y hechos subjetivos desvirtuados y falsos sobre nuestra realidad, actuando bajo las directrices de potencias imperiales, cuya única finalidad es lesionar nuestra independencia y soberanía, así como intervenir en nuestra nación”, expresó a través de un mensaje grabado.
Desde la resolución de la conformación del Grupo de Expertos, en marzo de 2022, Ortega rechazó el mecanismo. Impidió que ingresaran al país y no contestó ninguna de las doce misivas enviadas por los especialistas sobre la investigación de los crímenes. Siguiendo esa misma lógica, Morales aseguró que no aceptaban el informe del GHREN por ser “subjetivo y contrario a los intereses supremos de nuestro país”.
Uno de los hallazgos del informe -que investigó 159 casos y realizó entrevistas a 291 víctimas y testigos- indica que funcionarios de diversas estructuras del Gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, entre otros. El régimen orteguista reaccionó a la defensiva, señalando que no permitirán que “estos reportes malitencionados” “descalifiquen y denigren” a las autoridades e instituciones.
Comunidad internacional debe actuar ante crisis en Nicaragua
La representante por un grupo de países --Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú-- aseguró están “consternados por las graves y sistemáticas violaciones y abusos de derechos humanos detallados en el informe” del GHREN. En el país se han cometido crímenes de lesa humanidad y la situación podría empeorar, hasta desencadenar una crisis humanitaria aún mayor, dijo.
El llamado es que la comunidad internacional actúe en consecuencia para proteger los derechos humanos de los nicaragüenses y alcanzar rendición de cuentas, justicia y reparación para las víctimas.
“Llamamos a la renovación de su mandato- del GHREN- para avanzar en investigaciones más detalladas sobre violaciones en derechos humanos, y abusos contra mujeres y niñas, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos…”, expresó.
Una de las recomendaciones más repetidas por los integrantes del GHREN, tras la presentación del informe ejecutivo en rueda de prensa, el pasado jueves 2 de marzo, en Ginebra, Suiza, es que los países inicien procesos de judicialización de los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Nicaragua, amparados en la jurisdicción universal.
La abogada indígena Becky McCray, quien participó en el panel de defensores este martes, sostuvo que la permanencia del GHREN, también permitirá se profundice en la investigación de despojo y usurpación de tierras comunales y los asesinatos de indígenas, que permanecen en la impunidad.
Nicaragua debe respetar el derecho a la nacionalidad
Los países también denunciaron en sus intervenciones ante el Consejo que el régimen orteguista despojó a 317 connacionales de su nacionalidad y demandaron respete ese derecho internacional. Luxemburgo en nombre de Bélgica y Países Bajos, señaló que la medida es "un intento evidente de las autoridades de liberarse de la oposición”. A la vez, que demandó la liberación de todos los reos políticos, especialmente, del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel después que se negó a ser desterrado de su patria.
Siguiendo esa misma línea, Islandia valoró la excarcelación de 222 personas el 9 de febrero pasado, como un "paso constructivo", pero a la vez, condenó la decisión de despojarlos de su nacionalidad. Para Estados Unidos- que recibió a los desterrados a través de un parole humanitario- calificó como "actos deplorables" por parte de Ortega, quitarles su nacionalidad y confiscarles sus bienes.
Esas acciones representan "un retroceso para los nicaragüenses", expresó. "Instamos al Gobierno de Nicaragua que restaure la participación política, libertad de expresión y asociación y reunión pacífica. "Instamos al Gobierno a que vuelva a dialogar con la comunidad internacional...", expresó.
El defensor de DD. HH., Gonzalo Carrión, uno de los despojados de su nacionalidad, agradeció a los países la solidaridad y demandó la agilización de procesos para determinar el estatus migratorio de los 317 apátridas. Asimismo, destacó que la extensión del trabajo del Grupo de Expertos, permitirá reafirmar lo que pasa en Nicaragua, donde la represión no cesa y a la vez, que haya justicia, ya que en el país no hay ni una sola posibilidad de investigación de un caso concreto -de la masacre-.
"Un solo asesinato no se ha esclarecido en Nicaragua”, expresó Carrión.
Suiza, Ecuador y Francia también llamaron a Nicaragua a que colabore con las agencias de Naciones Unidas y restaure todas las libertades violentadas en los últimos cuatro años en el país.
