27 de octubre 2024
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C., otorgó medidas cautelares a favor de Gersom Antonio Zeledón Motta, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, Eveling Carolina Matus Hernández y Carmen María Sáenz Martínez, por considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.
Los cuatro son parte de un grupo mucho mayor de ciudadanos nicaragüenses que están en situación de desaparición forzada, después de ser detenidos entre marzo y agosto de este año por agentes al servicio del régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Resolución 75/2024, emitida el 24 de octubre de 2024, menciona que, además de estar en paradero desconocido, alegó que “las detenciones fueron realizadas por agentes policiales mediante operativos y/o allanamientos de las respectivas viviendas, sin indicarse los motivos de su arresto”. También mencionan el silencio estatal, siendo que las autoridades no han brindado información oficial sobre el paradero o el estado actual de los cuatro, ni a la sociedad nicaragüense, ni a la CIDH.
Con base en esos hechos, y analizando “las alegaciones de hecho y de derecho”, la Comisión consideró que Zeledón Motta, Gutiérrez Poveda, Matus Hernández, y Sáenz Martínez “se encuentran en una situación de riesgo, susceptible a una mayor afectación de sus derechos”, por lo que decidió otorgar esas medidas cautelares a su favor.
Ello implica solicitar al Estado de Nicaragua que determine la situación y paradero de las personas beneficiarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal; que informe si las tiene bajo su custodia, indicando las circunstancias y condiciones de su detención y dónde los tienen, además de permitir el acceso a sus representantes legales, familiares, y médicos si fuera necesario.
En materia legal, piden asegurar que sean presentados ante autoridades judiciales para la revisión y monitoreo de su eventual detención; y que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Las historias de los presos políticos con medidas cautelares
La Resolución de la CIDH se suma a muchas otras peticiones realizadas por diversas entidades defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales. Una de ellas es Solidaridad Cristiana en el Mundo (CSW, por sus siglas en inglés), que abogó ante el Gobierno de Nicaragua que “proporcione pruebas de vida y libertad de dos lideresas laicas católicas romanas detenidas el 10 de agosto de 2024”, en referencia a Carmen María Sáenz Martínez, (49), y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, (58 años).
Las dos trabajaban con la Diócesis de Matagalpa, en ese momento dirigida por monseñor Rolando José Álvarez Lagos, ahora exiliado, que estuvo durante mucho tiempo en la mira del Gobierno. CSW especifica que “la señora Gutiérrez Poveda trabaja con el proyecto de crédito rural y urbano de la diócesis desde 2006, mientras que la señora Sáenz Martínez trabaja como promotora de justicia en casos de nulidad matrimonial desde 2018”.
Los datos de los que dispone la organización internacional defensora de derechos humanos indican que dos patrullas detuvieron a la señora Gutiérrez Poveda a las 8 am del 10 de agosto en la finca Guadalupana en Samulali, municipio de San Ramón, Matagalpa.
Por su parte, la señora Sáenz Martínez fue detenida y sacada de su casa en Lomas de San Thomas, (también en Matagalpa), a las seis de la mañana del mismo día, “por dos unidades policiales integradas por 15 agentes con pasamontañas y portando rifles AK-47”.
Ni la familia de la señora Gutiérrez Poveda, ni la de Sáenz Martínez, saben dónde están sus familiares; no han tenido comunicación con ellas, ni tienen conocimiento de su estado de salud, lo que incrementa su angustia ante las detenciones arbitrarias que sufrieron en las personas de ellas.
El perfil de Gersom Antonio Zeledón Motta en la red social LinkedIn, lo identifica como director de la empresa Multiagro Foods.Por su parte, Eveling Carolina Matus Hernández fue arrestada a finales de junio de 2024 después que durante un interrogatorio la Policía encontró una antigua publicación suya en X (antes Twitter), llamando a monseñor Silvio Báez su “verdadero líder”, así como fotos que la mostraban participando en actividades de protestas en el año 2018.