18 de abril 2022
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En la conmemoración del cuarto aniversario de la Rebelión Cívica, que estalló el 18 de abril de 2018, el régimen orteguista agudizó el asedio contra víctimas de la masacre, excarcelados, opositores y líderes cívicos en Managua, Tipitapa, Ticuantepe, Diriá, Rivas y otras zonas del país, que amanecieron vigilados por antimotines y oficiales movilizados en patrullas y motocicletas. Además, la Policía recapturó por cuarta vez al exreo de conciencia, Francisco Hernández.
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El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denunció que Hernández fue apresado la mañana de este lunes mientras se dirigía a cobrar sus honorarios. Fue interceptado por un jefe policial, quien llamó a una patrulla y de forma violenta, se lo llevaron.
Un testigo relató, según el GREX, que Hernández intentó refugiarse en una casa en el sector de San Judas, pero fue en vano. Se encuentra en el Distrito Tres de la Policía, confirmó a CONFIDENCIAL la abogada Yonarqui Martínez.
“Exigimos la liberación inmediata de Francisco Hernández, es un ciudadano trabajador que no le debe nada al sistema judicial de este país”, demandó el GREX en su denuncia. Esta captura se suma a las detenciones de cuatro músicos y productores realizadas el pasado martes 12 de abril, tras la participación de los implicados en un concierto del 15 aniversario de la banda Monroy y Surmenage —realizado el 2 de abril— donde supuestamente se criticó al régimen Ortega-Murillo, a través de una de las canciones interpretadas.
Josué Monroy, integrante de la banda Monroy y Surmanage; Xochilt Tapia y Salvador Espinoza, gerentes de Saxo Producciones permanecen detenidos. En el caso del productor musical Leonardo Canales, director de La Antesala, fue deportado.
URGENTE: Francisco Hernández excarcelado es recapturado por la Policía nacional mientras se dirigía a su trabajo, está sería la cuarta vez que es víctima de detención ilegal.Exigimos a las autoridades lo dejen en libertad. pic.twitter.com/UpiLjVHmRJ
— Yonarqui Martinez G (@YonarquiM) April 18, 2022
Asedio contra familiares de víctimas de abril
Carlos Pavón, padre de Richard Pavón, que este martes 19 de abril cumplirá cuatro años de haber sido asesinado en Tipitapa, continúa siendo víctima de asedio policial. Este lunes, a las 8:00 a.m. una patrulla con 12 oficiales se apostó a unos metros de su vivienda; pasada hora y media, unos ocho policías permanecían en el lugar vigilando y requisando a los autos que ingresaban a la calle donde habita la familia Pavón.
“Uno anda hablando por teléfono, no sé si anda pidiendo orden, quizás, de cateo. Usted sabe que hoy en día, esa es la manera que andan actuando”, señaló Pavón, en referencia a que el martes pasado, la Policía protagonizó una jornada de allanamientos en siete viviendas de opositores e integrantes de la Asociación Madres de Abril (AMA), en búsqueda de supuesta "propaganda política".
Pavón ni siquiera sabe si podrá enflorar la tumba de su hijo este martes debido al mismo hostigamiento policial. Las patrullas casi siempre se estacionan cerca de su casa, permanecen una hora o menos, toman fotografías, videos y se van. “Mi demanda siempre va a seguir siendo la sed de justicia por mi hijo y por los muchos asesinados, niños…este es el pan de cada día que nos da el régimen Ortega- Murillo. Quizás miedo tenemos, pero no me voy a detener de seguir exigiendo justicia y si eso es un delito, cosa de ellos…”, expresó.
En Ticuantepe, cuatro patrullas con unos 15 policías, entre agentes y antimotines, llegaron a la casa del profesor y excarcelado político, Juan Bautista Guevara. Tras unas horas, dejaron solamente una patrulla con cinco oficiales que vigilan la vivienda, en la que permanecen tres menores de edad.
“Esto es todos los días, no solamente porque es 18 (de abril). Siempre he denunciado que es todo el tiempo, a todas horas, a cualquier momento. Por lo general, vienen a las doce de la noche o una de la mañana, suenan la sirena, toman videos a todo el perímetro de mi casa”, relató el docente, quien aseguró que está en una muerte cívica, ya que debido al mismo asedio, no puede impartir clases particulares en su casa de habitación.
Una patrulla policial permanece afuera de la casa del excarcelado político Juan Bautista Guevara. Foto: cortesía
En Managua, una opositora que llamaremos “Karla” por su seguridad y que vive bajo asedio policial, aseguró que desde muy temprano, dos policías motorizados se apostaron afuera de su casa. Lo mismo ocurrió a otra ciudadana en un departamento del suroriente del país, a quien en semanas anteriores la Policía amenazó con encarcelar sí se realizaba algún acto de resistencia cívica en el pueblo.
Octavio Ortega Arana, reconocido opositor en Rivas, denunció que desde las 6:30 a.m. de este 18 de abril, cuatro policías colocaron conos alrededor de su casa y permanecen afuera vigilando. Cerca de las 9: 30 a.m. una cuadrilla de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) llegó y le cortó el servicio de agua potable sin razón, ya que no tiene recibos en mora. Ortega ve la acción como otra represalia del régimen orteguista.
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72 violaciones de DD. HH. previo al 18 de abril
La ola intimidatoria de la dictadura orteguista inició el pasado 12 de abril con capturas, allanamientos y hostigamientos. El Monitoreo Azul y Blanco contabilizó 72 incidentes violatorios a derechos humanos, ocurridos entre el lunes 11 al sábado 16 de abril; incluyen asedios por policías o paramilitares contra familiares de víctimas de abril, excarcelados e integrantes de movimientos sociales; amenazas; malos tratos, y hostigamientos que reportaron los ciudadanos desde Carazo, Jinotega, Granada, Masaya, Rivas, Caribe Norte, Caribe Sur, Boaco, Matagalpa, Nueva Segovia y Managua.
También hubo una detención, pero la persona fue liberada horas después.
Hace cuatro años, los nicaragüenses salieron a las calles del país a protestar contra una reforma a la Seguridad Social, que entre muchos puntos quitaba el 5% a las pensiones. La respuesta violenta del orteguismo cobró las primeras víctimas mortales, convirtiendo el estallido social en un reclamo de justicia, libertad y democracia. El régimen acalló las protestas imponiéndose por la fuerza de las armas y provocó una matanza de más de 300 personas, cuyas muertes siguen impunes.
La cacería siguió y encarceló a más de 500 nicaragüenses, mientras decenas de miles huyeron al exilio. En cuatro años el país sigue sin solucionar la crisis sociopolítica, ahora, agravada por la crisis económica, los estragos de la pandemia de covid-19, el recrudecimiento del estado policial, y la aprobación de leyes punitivas que atentan contra la libertad de expresión y de asociación.
En Nicaragua aún permanecen más de 180 presos políticos, incluidos líderes cívicos, políticos, defensores de derechos humanos, campesinos, estudiantes y periodistas.
