Ortega ha liberado más de 20 000 reos comunes desde 2018, mientras se ensaña con presos políticos

El régimen de Daniel Ortega ha liberado más de 20 000 presos comunes desde 2018 a la fecha, según el registro de las notas de prensa del Sistema Penitenciario y los medios de propaganda del régimen, mientras recrudeció el estado policial de facto y aumentó el número de presos políticos en 2022. Al cierre del año, considerado uno de los peores en términos de persecución política y secuestros, más de 235 reos de conciencia están en las cárceles de Nicaragua.

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Durante 2022, Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), ordenó la liberación de más de 4500 reos comunes bajo convivencia familiar, sin que se conozca si se cumplió el proceso que establecen las normas penitenciarias para dejar en libertad a una persona.

Esto implica que un juez de ejecución de la pena valore cada caso, considerando los derechos de las víctimas, explica la abogada Wendy Flores y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Las liberaciones masivas de reos comunes en los últimos cinco años se han  registrado de esta forma: 1955 personas en 2018; 6979 en 2019; 8920 en 2020 -año de la pandemia-; 4100 en 2021 y 4700 en 2022. Es evidente que el año de más excarcelaciones fue durante la crisis sanitaria, cuyo impacto real fue invisibilizado por el Gobierno. En los últimos cinco años el régimen ha dejado en libertad a más de 26 654 presos comunes.

En 2022 hubo cuatro liberaciones: 1000 reos en abril, 1300 en julio, 1100 en octubre y más de 1300 este viernes 23 de diciembre. Con esto y la permanencia de reos políticos en prisión, el régimen orteguista continúa acumulando más violaciones de derechos humanos y persiste en su incumplimiento a las observaciones y recomendaciones de los organismos internacionales -incluida la Corte Interamericana- de derechos humanos, apuntó Flores.

En 2021 y 2022 Ortega no ha liberado a un solo preso de conciencia, y más bien, impulsó escaladas represivas contra la oposición y líderes de diversos sectores de la sociedad, incluida la Iglesia católica, que por primera vez en cinco años de crisis sociopolítica, también tiene reos políticos. Once religiosos están en prisión, entre ellos, el obispo Rolando Álvarez con casa por cárcel; nueve acusados de supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas y dos condenados por delitos comunes.

Llamado de monseñor Silvio Báez por los presos políticos

Este viernes 23 de diciembre, el obispo auxiliar, monseñor Silvio Báez, exiliado en 2019 por la persecución del régimen orteguista, suplicó al Gobierno de Ortega que liberen a los presos políticos.

"¡Alivien un poco el dolor de sus familias y del país! ¡Ustedes mismos, regálenle un poco de paz a su corazón!”, dijo el prelado a través de su cuenta de Twitter. Este mismo clamor ha sido compartido por organizaciones defensoras de derechos humanos y los familiares que han pedido por quinto año consecutivo, una “Navidad sin presos políticos”.

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Los más de 235 reos de conciencia permanecen en los diferentes sistemas penitenciarios en condiciones de hacinamiento, insalubridad y sin atención médica especializada, bajo constantes violaciones a sus derechos humanos, extendidas a sus familiares. Más de una treintena de presos políticos están aislados, incomunicados y sometidos a torturas psicológicas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.

Medidas penales convertidas en torturas

En noviembre el régimen orteguista, de forma sorpresiva y secreta, revirtió la medida cautelar de casa por cárcel a prisión preventiva contra el excanciller Francisco Aguirre Sacasa y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri- ambos mayores de 60 años- que habían estado en sus viviendas bajo vigilancia policial.

Según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL el motivo, en el caso de Aguerri, se debió a una supuesta violación a la seguridad. Sin embargo, ninguna autoridad explicó los argumentos de la decisión.

Al comparar el ritmo de las excarcelaciones de presos comunes con estos casos, la abogada Wendy Flores señala que en materia penal un juez puede ordenar el retorno de un reo al sistema penitenciario si ha violentado alguna prohibición, pero con los presos políticos, en realidad, son “medidas de represalias para causar mayor sufrimiento y dolor al preso político y su familia”, expresó.

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Agregó que “todos los presos políticos, aun los que están en régimen domiciliar deberían de estar en absoluta libertad. -Pero- no es así, y lo que hacen es torturarlos todavía más, mandándolos de forma regresiva a El Chipote, violentando sus derechos humanos”. Mientras, las liberaciones son utilizadas por la propaganda del régimen como un favor del "bueno Gobierno".

Sociólogos y especialistas en seguridad han advertido que los más de 20 000 reos comunes liberados podrían incidir en aumentos del índice delictivo, y mucho más, cuando la Policía se ha enfocado en mantener la represión política, en vez de garantizar la seguridad ciudadana.

Víctimas otra vez en el olvido

Flores recuerda que estas excarcelaciones -que son aprovechadas políticamente- afectan, principalmente, a las víctimas en Nicaragua, al no ser consideradas en un proceso judicial formal la decisión del otorgamiento de la medida de convivencia familiar a un reo común.

"Siempre se está afectando al pueblo, pero además, a las víctimas con atentados a su seguridad, a su integridad personal o patrimonial, sobre todo, si hay impunidad alrededor de estos casos porque estén vinculados a razones políticas o favores políticos", sostuvo.