21 de septiembre 2019
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Cerca de 70 000 personas se han visto forzadas a emigrar de Nicaragua desde en abril de 2018, cuando inició la crisis política a raíz de las protestas antigubernamentales, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el documento “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica”, difundido el viernes en Washington, el organismo interamericano analiza la situación en el país, donde estima que han fallecido unas 325 personas a raíz de la represión estatal a las protestas que estallaron el 28 de abril del año pasado.
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“Un año después del inicio de la crisis, más de 70 000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua, y solo en Costa Rica, 55 500 personas han solicitado protección internacional”, apuntó el documento, que describió que “dicha migración forzada ha ocurrido en razón a la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua”.
“De acuerdo con la información recibida por parte del Estado costarricense, de enero a septiembre de 2018, cerca de 52 000 personas nicaragüenses ingresaron a Costa Rica y se quedaron en el país”, de las cuales 13 697 “formalizaron su solicitud de asilo por medio de una entrevista con las autoridades migratorias”, explicó la publicación.
Durante operación limpieza
Y advirtió que “los meses en que se recibió un mayor número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (en Costa Rica) fueron junio con 3 344, julio con 5 279, y agosto con 4 055”, que “coinciden con la implementación de la Operación Limpieza”.
Esa operación consiste en remover los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de las fuerzas combinadas, que se movilizan a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.
Según la CIDH, a raíz de la represión estatal 2 000 personas han resultado heridas, 700 personas detenidas y enjuiciadas, mientras que 300 profesionales de la salud han sido despedidos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados y al menos 70 periodistas y trabajadores de medios permanecen en el exilio, “hechos que han quedado impunes”.
Exigen investigación
En el documento, que recoge los resultados de una visita de trabajo a Costa Rica entre el 14 al 18 de octubre de 2018, la Comisión reitera en sus conclusiones su “enérgica condena a la reacción estatal” y pide que se investiguen los actos de violencia “de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales”.
Ante la “grave y masiva” migración de nicaragüenses a Costa Rica, propone “implementar una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas”, la cual facilite los recursos necesarios al Estado costarricense.
