18 de febrero 2016
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El gobierno del comandante Daniel Ortega volvió a emitir este miércoles graves acusaciones en contra del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en una nueva nota de la Cancillería de la República que esta vez fue divulgada a través de medios oficialistas. Las nuevas acusaciones incluyen haber ejecutado 270 millones de dólares en 115 proyectos realizados entre 2007 y 2015 “sin autorización del gobierno” y supuestamente haber deducido de estos unos 21.6 millones de dólares para pagar saldos “de burocracia” a militantes de partidos y movimientos de oposición.
La nueva nota oficial surge en respuesta al rechazo “fuerte y categórico” que el PNUD envió desde Nueva York en contra de las acusaciones oficiales que el Gobierno comunicó a embajadas, organismos internacionales y Agencias de Cooperación acreditadas en Nicaragua, en la cual se le señala de desarrollar una labor de “injerencia política” para “financiar a agrupaciones políticas” y de “tergiversar los datos de desarrollo” del país.
En la comunicación de este miércoles, dirigida al PNUD, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que el Programa dedujo de “forma arbitraria” un total de 21.6 millones de dólares de los programas de cooperación y de destinar el total de los 270 millones de dólares de estos “para financiar una burocracia” que aseguran “la conforman personas de clara militancia política en los partidos y movimientos de oposición”.
“Y, para colmo, —añade la nota de un lenguaje inusual para una nota diplomática— esta tecnocracia, nutrida con los recursos que venían destinados al pueblo de Nicaragua, y compitiendo por ellos para su propio beneficio se convirtió en el principal enemigo de los Programas de Lucha contra la Pobreza que desarrolla el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.
La nota añade en el mismo tono que “conociéndoles, estamos seguros de que el impacto mayor para ellos es el hecho de verse despojados de sus máscaras virtuosas, y de sus jugosos estipendios, que han desangrado, y pretendían continuar desangrando proyectos y programas sensibles de cooperación en la lucha contra la pobreza”.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el PNUD ha mantenido una “labor destructiva, que se alimenta de fondos que pertenecen exclusivamente al pueblo nicaragüense”.
“No aceptamos injerencia, ni intervención en nuestros asuntos, y esa desafortunadamente, ha sido la práctica”, insiste la nota que defiende la supuesta administración desinteresada y sin sesgo político definitivo que sí realiza el Gobierno.
Cerco contra el PNUD
En octubre de 2015, el gobierno de Ortega ya había asumido el control directo, “sin intermediarios”, de la gestión e implementación de los programas financiados a través de fondos de la cooperación externa, provocando la suspensión inmediata de al menos siete proyectos manejados por el PNUD.
La decisión oficial sorprendió a los diplomáticos por la forma brusca en que se anunció, aunque representaba la última etapa de un proceso que se venía ejecutando desde 2009, cuando empezó el retiro de las principales agencias cooperantes.
El diputado Carlos Langrand, del Partido Liberal Independiente (PLI), aseguró a Confidencial que la nueva nota del gobierno “es grave y temeraria, pues acusa de ilícitos a la agencia PNUD al insinuar que ha ejecutado $270 millones a espaldas del gobierno y un monto de ese dinero $21.6 millones en concepto de administración e intermediación sirvió para contratar funcionarios de clara militancia opositora al gobierno orteguista. Es temerosa pues podría insinuarse lavado de dinero”.
Langrand reconoció que si bien es cierto que el gobierno decide si acepta o no los fondos de cooperación externa y debe fiscalizar la transparencia en el uso de estos fondos como derecho soberano, “cabe preguntarnos: ¿no será que hay algún interés particular en privatizar la cooperación de Naciones Unidas y bilaterales pues se siente más cómodo con un esquema similar a la cooperación venezolana privatizada?”, que recordó “escapa al control del Legislativo, la Contraloría General de la República y es carente de transparencia, rendición de cuentas y ha servido para enriquecer a la familia gobernante manejando más de US$4,000 millones desde el 2007 al 2016”.
Además, el diputado recordó que “el gobierno sabe muy bien que el cobro del 8% por administrar fondos de la cooperación a naciones es el costo en el cual incurren las agencias para controlar, administrar y ejecutar con las contrapartes de manera transparente y eficiente el buen uso de estos montos, condicionalidad que es exigida por los cooperantes”, de manera que no habría razón para el reclamo de los 21.6 millones de dólares señalados.
“Peligrosa alerta a comunidad cooperante”
Por el contrario, Langrand lamentó que “el fuerte acoso del gobierno al PNUD está levantando una peligrosa alerta a la comunidad cooperante con probables consecuencias negativas para los programas de cooperación que benefician a miles de familias nicaragüenses en condición de vulnerabilidad. Es claro el interés del gobierno de manejar partidariamente y con fines electorales los fondos de la cooperación tal y cual lo hace con los poderes de estado, en las escuelas públicas, en los programas y proyectos de gobierno financiados con los impuestos de todos los nicaragüenses”.
La jurista y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Azahálea Solís Román, también comentó que las acusaciones del gobierno contra el PNUD son “bastante más fuertes” que las primeras hechas ante el cuerpo diplomático y consideró que tienen el tono debido a que no se esperaban la enérgica respuesta que el PNUD emitió desde Nueva York en defensa de sus procedimientos que gozan de una riguroso control de transparencia.
Además, Solís considera que “el gobierno se va por la tangente”, porque el lugar de argumentar la supuesta injerencia política de la primera acusación “de la cual evidentemente no tiene pruebas”, busca en cambio apelar a los sentimientos de los nicaragüenses citando supuestos salarios de burocracia “en un país donde hay una mayoría sin un empleo, precisamente por sus políticas erradas de gobierno”.
ONU debería instalar Comisión contra Impunidad
Langrand insistió en que “es necesario profundizar en estas graves acusaciones de ilícitos mediante una solicitud formal a Naciones Unidas para instaurar una Comisión Internacional contra la Impunidad que incorpore los temas de corrupción dentro del Estado, la cooperación venezolana, la falta de gobernabilidad y estado de derecho entre otros temas, como se hizo en Guatemala y Honduras”.
“Debemos felicitar al PNUD por levantar la voz dentro de los cooperantes y no dejarse manosear por este gobierno que ha utilizado los fondos de cooperantes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, Albanisa y bilaterales, etcétera, para programas y proyectos manejados a espaldas del pueblo nicaragüense y con claro sesgo hacia el partido de gobierno que han permitido fortalecer la dictadura, la pérdida de institucionalidad y el estado derecho”, sostuvo el legislador.
