22 de junio 2016
AA
El asalto contra el campamento de jóvenes y ancianos #OcupaINSS —perpetrado el 22 de junio de 2013 por la Juventud Sandinista, en complicidad con la Alcaldía de Managua y la Policía Nacional— cumple tres años de impunidad, sin que las autoridades hayan abierto alguna investigación pese a que los responsables fueron identificados por las víctimas.
Jorge Hurtado fue uno de los agredidos y uno de los siete jóvenes que perdieron sus carros.
Este comunicador social pagó más de 10 mil dólares por el carro que le timaron. Un vehículo que no usó, que canceló, que es suyo, pero que desde el 2013 no lo lleva a ninguna parte. Un vehículo tan extraviado como la investigación de su pérdida.
Un auto, que si bien —hace rato— pudo deshuesarse y convertirse en hule, vidrio y metal en el mercado negro, sigue siendo parte de aquel asalto masivo en el que la Policía Nacional observó sin inmutarse, mientras cientos de encapuchados de la Juventud Sandinista, entre gritos y llanto, amenazaban y golpeaban a decenas de jóvenes y ancianos que participaban en la protesta pacífica.
Un movimiento social que se adhirió al de los adultos mayores, y que buscaba conseguir una pensión de vejez reducida (unos 50 dólares mensuales al cambio de esa fecha) para miles de personas de la tercera edad, olvidadas por el Seguro Social.
Se unieron por eso, los vapulearon por eso y lo consiguieron hace tres años, pero también desde hace tres años las instituciones nicaragüenses callan por un suceso impune que convirtió en efeméride el 22 de junio.
Un día que algunos aún recuerdan con temor. “El ataque psicológico que recibimos al ver 300 personas encima de vos, encapuchados y armados a golpearte, eso fue algo muy fuerte para el grupo de jóvenes que estábamos ahí de manera solidaria apoyando a los ancianos”, aseguró Hurtado en el programa Esta Noche.
“Nunca había sentido la represión tan de cerca (…) fue un momento en el cual sentí muchísimo miedo”, agregó. Según él, este hecho significó un retroceso en la institucionalidad de la Policía Nacional, cuyas autoridades todavía no responden preguntas acerca del incidente.
“Verlos ahí siendo parte de un asalto masivo, siendo cómplices de una banda delincuencial (…) fue bastante triste, fue un shock enorme”, aseguró Hurtado. No es algo que leyó en los periódicos. “Yo fui parte de eso, lo vi y lo viví”, aseveró.
Lamentable actuar de la Policía
Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “OcupaINSS es muy representativo exactamente de lo que no debe hacer y lo que no debe ser en materia de Policía y de prevención de delitos”.
Adultos mayores se enfrentan a la Policía Nacional durante el #OcupaINSS. // Foto: Archivo | Confidencial
OcupaINSS, según Carrión, “nunca pudo haber sido sin la Policía que estaba ahí y esos policías actuaron como un escalón de algo organizado (…) Un Gobierno de amor ese día actuó con terror”.
Después del ataque, llegó la denuncia y la preocupación por esclarecer el crimen. Uno que no encontró eco en las autoridades pertinentes, que hasta el día de hoy se no aceptan culpas y responsabilidades. “Nunca hubo un seguimiento a esa denuncia”, aclaró Hurtado. Se trataba de “ver cerradas todas las puertas de justicia de este país”, lamentó.
La Policía Nacional no entregó el informe sobre la investigación policial de los autos robados que era requerido por el seguro para indemnizar a los afectados. Carlos Gustavo Villanueva Rodas publicó una carta que le envió a la comisionada del Distrito II, Magdalena González, en la que pedía la carta constancia para cumplir con el requisito de INISER.
"¿Es necesario de nuevo, dar a conocer de forma pública, todos los hechos acontecidos, junto con las pruebas, testimonios y videos de estos actos delictivos para que ustedes puedan dar respuesta? Y se nos entregue ese “simple documento constancia para cobertura de seguro” el cual es una obligación policial, el entregarlo ante una denuncia del delito cometido", denunció el padre de Villanueva.
En diciembre de 2015, Hurtado terminó de pagar el carro que no disfrutó. Como el caso está estancado en las primeras instancias, no hubo desembolso de parte de la aseguradora, que no respondió a la petición del resarcimiento del costo del vehículo.
Para el director jurídico del Cenidh, hay una explicación simple para el proceder en este caso. Investigar los hechos era admitir que fueron parte de ellos. “Todo estaba bien organizado, hasta esa parte de la denegación de justicia”, aseveró Carrión.
Por "órdenes de arriba"
Fuentes ligadas al partido de gobierno relataron a Confidencial que el ataque al campamento fue "por órdenes de arriba". El atraco fue gestado en una reunión presidida por Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía capitalina y principal operador político del FSLN en Managua. Participaron Bosco Castillo, secretario de la Juventud Sandinista y Ministro de la Juventud, la diputada, Jenny Martínez, y José Treminio, Viceministro de Educación
Treminio fue el único que se opuso a que las estructuras de la Juventud Sandinista fueran utilizadas como fuerzas de choque para agredir a los ancianos y jóvenes de Ocupa INSS. El viceministro de Educación argumentó que “un ataque vandálico no le convenía a la imagen del gobierno”. Pero Fidel Moreno zanjó la discusión con un gesto terminante, y dijo: “son órdenes que vienen de arriba y tenemos que cumplirlas”.
Decenas de jóvenes se sumaron a la protesta con alimentos, atención médica y compañía. // Foto: Archivo | Confidencial
Fiscalía calla
La Fiscalía General de la República tampoco dio pase a las denuncias interpuestas por las víctimas del asalto, que fue dirigido por el operador de la Juventud Sandinista, Pedro Orozco. Los jóvenes acusaban directamente a la Alcaldía de Managua (que prestó los camiones para trasladar a las turbas) y a la Policía Nacional por su complicidad y omisión.
El Ministerio Público remitió oficios investigativos (el número oficio 3347-13JD) a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, pero los oficiales no encontraron "suficientes pruebas". Desde entonces, ambas instituciones se “bolean” el caso perpetuando la impunidad. La comisionada Glenda Zavala, directora de Auxilio Judicial, en repetidas ocasiones dijo a Confidencial que ellos ya respondieron a la solicitud del Ministerio Público.
Sin embargo, la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, afirmó que “las investigaciones siguen pendientes”. “Ese caso lo mandamos a ampliación a la Policía y no hemos tenido resultados sobre eso. Cuando lo tengamos en nuestras manos los podemos pronunciar al respecto. En este momento no podría”, aseguró.
En 2014, Guido dijo que OcupaINSS era un caso "complicado", porque "no podemos juzgar a las instituciones sino a las personas". La Fiscal prometió dar "resultados" pero hasta la fecha no se conoce el dictamen.
“Fue un logro”
Jorge Hurtado es optimista. Está convencido de que lo que sucedió no ha impedido que los jóvenes continúen siendo un factor de cambio.
La protesta se extendía por las noches. La madrugada del 22 de junio fue el último día en el campamento. // Foto: Archivo | Confidencial
“Aunque perdimos carros, aunque fuimos golpeados, la pensión se está dando desde hace tres años, aunque no se da por ley, se da por decreto, hay 30 mil ancianos que hoy en día, gracias a esa lucha, gracias a esa presión social que se dio en su momento, están recibiendo la pensión reducida”, recalcó.
OcupaINSS, para él es un ejemplo de “cómo la ciudadanía organizada, de cómo la solidaridad que tenemos desde la naturaleza los nicaragüenses, puede incidir y puede realizar que el Gobierno preste atención a determinados temas”, concluyó. También, dijo, fue un ejemplo de cómo el Estado de Nicaragua desperdició una oportunidad de solucionar una crisis sin violencia.
