4 de junio 2022
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El Poder Judicial de Nicaragua ha sido "instrumentalizado" por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo "como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos", afirma el sexto informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura.
El documento titulado "Análisis sobre procesos judiciales. Diciembre 2021 - marzo de 2022" indica que las autoridades judiciales, contrario a su mandato, "han agravado el sufrimiento y han arriesgado la vida, integridad y salud de las personas presas políticas, dejándoles en desamparo y no haciendo valer sus derechos más básicos".
"La desprotección judicial se ha erigido como un mecanismo necesario para la concreción de la tortura y malos tratos (...) todo ello para cumplir con una función política de castigo a las personas presas políticas", apuntan.
El Observatorio, que forma parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que pudo constatar la detención y condena de 66 personas que sufrieron de retardación de justicia y de la "estigmatización y hostilidad luego del discurso presidencial en que les llamó "hijos de perra".
Esto quedó en evidencia, según el informe, en los comunicados emitidos por el Ministerio Público que plasmó las descalificaciones e imputaciones vertidas por el Gobierno para justificar la represión de 2018" que incluyó "un ataque frontal hacia la reputación, la dignidad y la presunción de inocencia de las personas presas políticas".
Los comunicados son valorados por esta organización como "un prejuzgamiento y condena anticipada" en el 100% de los procesos "donde observamos que todos concluyeron con una sentencia de culpabilidad, sin importar que las pruebas fueran insuficientes".
Múltiples violaciones
Los juicios contra estas personas presas políticas "solidifican el totalitarismo y la sumisión" del Poder Judicial "a la pareja presidencial" y por ello "los jueces han sido seleccionados por su obediencia hacia el partido de Gobierno", destaca el informe.
El análisis de los procesos y actuaciones judiciales revelan que estuvieron enmarcados en "convalidación de una detención ilegal y en su mayoría violenta, permisibilidad e impunidad sobre la práctica de distintos tipos de torturas y/o malos tratos, imposición de penas basadas en una ley inconstitucional para responder a una política de represión, sometimiento a prisión a pesar del deterioro a su salud e ineficacia de todos los mecanismos internos para protección de sus derechos".
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"La negación de justicia, la ineficacia de los recursos judiciales y la impunidad en los actos de torturas perpetrados, han sido actos judiciales intencionales, guiados bajo una óptica de castigo por la participación en actos de protesta contra el Gobierno", mencionan.
El Observatorio también hace referencia a violaciones al debido proceso en contra de los presos políticos, entre las que destacó desconocimiento de la acusación, nula publicidad de los procesos judiciales, derecho a la defensa limitado, privación del uso de la palabra, además que fueron obligados a inculparse tras amenazas y torturas.
"La forma en cómo se han configurado estos procesos judiciales constituyen herramientas para generar tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como para permitir la tortura", agrega el informe.
