14 de mayo 2018
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La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), citó para el miércoles a las diez de la mañana el inicio del diálogo nacional, aunque reconoce que “las circunstancias para dicho diálogo no son las más idóneas”.
Tres horas después de conocerse la cita, los miembros de la denominada ‘coalición universitaria’ –que incluye a estudiantes, sociedad civil, empresa privada, academia, y ahora al movimiento campesino anticanal- confirmaron que aceptaban el llamado al diálogo, a pesar que consideran probado que no están dadas las condiciones para ello.
“Estas no son las circunstancias idóneas para el diálogo, pero es la única ruta para democratizar el país. Sí vamos a tomar el riesgo, pero mantenemos nuestra exigencia de que se cumplan las cuatro condiciones que presentaron los obispos”, dijo Léster Alemán, representante de los estudiantes.
La coincidencia entre los religiosos y la coalición, se basa entre otras razones, en que el Gobierno de Daniel Ortega solo cumplió uno de los cuatro ‘requerimientos’ que le fueron presentados la semana pasada.
El único que sí fue cumplido, fue la invitación formal, hecha por el canciller Denis Moncada, para que venga al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a “observar la situación de derechos humanos en el país”.
Mientras los obispos le daban el ‘Sí’ al mandatario, los medios de comunicación y las redes sociales informaban del ataque de antimotines a los ciudadanos que mantenían un tranque en la entrada a la ciudad de Sébaco (103 kilómetros al norte de Managua), en violación directa a los requerimientos dos y tres que enumeraron los religiosos.
El requerimiento dos apuntaba en la dirección de “suprimir los cuerpos paramilitares, fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agreden a los ciudadanos, así como no usar a la Policía Nacional para ningún tipo de acción represiva”.
Además, el tres instaba a “detener de inmediato y de modo absoluto, todo tipo de represión frente a grupos civiles que protestan pacíficamente, y asegurar la integridad física de los estudiantes universitarios, los diversos miembros activos que conforman la mesa del diálogo nacional, y a cada uno de los ciudadanos”.
"No tenemos todas las respuestas"
Aunque no se informaron los detalles acerca del funcionamiento interno del proceso, ni quiénes serán los representantes de todas las partes, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la CEN, dijo en nombre de la Conferencia Episcopal en pleno, que esperan que “el diálogo aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país, con el objetivo de ir allanando el camino hacia su democratización”.
Los obispos recordaron que la iglesia actúa “como mediadora y testigo”, pero que no tienen todas las respuestas, por lo que acompañará las propuestas “que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común”.
Finalmente, se pidió “a todos los sectores, gobierno y resto de sociedad, que como respaldo a este diálogo nacional, se esfuercen en mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas... por lo tanto, tratemos de evitar todo lo que pueda desencadenar situaciones de violencia, y que termine todo acto de saqueo”.
No hubo ni una palabra de los obispos acerca de los ataques y muertos reportados en los últimos tres días en Masaya, Chinandega, Granada, Matagalpa, La Concepción, aunque sí una mención lamentando la violencia vivida en Sébaco.
Iremos, sí iremos
Luego de reiterar su “anuencia en asistir al diálogo nacional”, la coalición volvió a insistir en que debe cesar “la represión, ataque y asedio de parte del Gobierno a través de sus grupos paramilitares en contra de la población, y afirmamos categóricamente que no aceptamos su chantaje ni las intenciones que ablanden nuestras posiciones”.
Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y uno de los cinco representantes del sector privado en el diálogo, dijo que la democratización del país pasa por el respeto al voto popular, porque se celebren elecciones que cuenten con una amplia vigilancia nacional e internacional, con un Consejo Supremo Electoral (CSE), verdaderamente independiente.
El economista explicó que el país requiere de hacer estas peticiones porque la confianza en nuestras instituciones fue demolida, sea que se esté hablando del CSE, o del sistema de Justicia.
La declaración hecha por el grupo declara que mantienen su “solidaridad con la población y con todos los sectores que continúan expresando pacíficamente sus derechos y que están siendo reprimidos violentamente, acumulándose el saldo de los muertos y heridos”.
En ese sentido, Azahálea Solís, coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), expresó su confianza de que, ante la situación de “extrema emergencia” que vive el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuará de manera expedita para investigar los crímenes y la represión de los últimos días.
Por todo ello, los integrantes de la coalición repiten que “vamos a defender nuestros derechos, y exhortamos a seguir en la lucha pacífica, hasta que veamos cumplidas las demandas del pueblo nicaragüense”.
