16 de noviembre 2018
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Leónidas Luque González y un joven, aún no identificado, permanecen detenidos en las celdas de la Estación Cinco de la Policía Nacional, de Managua, desde el miércoles pasado, cuando fueron arrestados violentamente en el centro comercial Galerías Santo Domingo, por grabar a unos oficiales de la Policía Nacional. Los agentes se han tomado este y otros centros comerciales de la capital, en un supuesto plan de seguridad anunciado después de que varios ciudadanos realizaran en estos espacios algunas protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“La Policía alega que estaban alterando el orden público porque estaban filmando los actos policiales. Lo cual a todas luces altera el ordenamiento jurídico e internacional que nos permite a los ciudadanos utilizar celulares, realizar grabaciones de manera pública”, explica Braulio Abarca, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En la Ley 872, que regula el andamiaje de la Policía Nacional, no se establece ninguna prohibición para grabar algún acto policial, agrega. Es más, los ciudadanos tienen derecho a documentar el actuar de la Policía porque esta es una institución pública que está sujeta a ser escudriñada.
“Hace unos cuantos años los ciudadanos estaban filmando a los policías que pedían coimas a la gente y varios comisionados mayores dieron declaraciones afirmando que sí podías filmarlo”, recordó Abarca durante el programa televisivo Esta Noche.
En esa ocasión el comisionado Fernando Borge dijo: “Si están trabajando correctamente y no tienen nada que ocultar, porque el trabajo de la Policía en la calle es un trabajo público, no hay problema”.
La detención de Luque se dio dos días después que la Policía Nacional anunció que partir de esta semana implementan un plan especial, denominado “Nicaragua en paz, armonía y buena voluntad”, en el cual oficiales de la Policía vigilaran centros comerciales, paradas de buses, parques y mercados. Sin embargo, Abarca asegura que esta decisión fue tomada para impedir las protestas relámpago que han realizado los ciudadanos autoconvocados, como alternativa ante la prohibición del Gobierno de realizar marchas y plantones.
Población rechaza presencia policial
La presencia de oficiales de la Policía dentro de los centros comerciales de Managua inició el fin de semana pasado, antes del anuncio del plan. Y desde entonces muchos usuarios en redes sociales se mostraron indignados y afirmaron sentirse inseguros con esa nueva medida.
El centro comercial Galerías Santo Domingo publicó un comunicado en su página oficial en el que afirmaba que como empresa privada “no ha solicitado la presencia de la fuerza pública” y que más bien esto “ha causado preocupación y temor a los inquilinos, visitantes y colaboradores”.
De hecho, el día que arrestaron a Luque, muchas de las personas que presenciaron el arresto les gritaron desde lejos a los policías: “asesinos”.
“Al régimen de Ortega y Murillo lo único que les queda es la fuerza bruta, la fuerza policial armada y militarizada. Estamos ante una militarización de Estado, terrorismo de Estado que cada vez más fomenta el nivel de represión contra la población nicaragüense”, asevera Abarca.
Asimismo, el asesor del Cenidh asegura que estos abusos policiales deben continuar denunciándose en los medios de comunicación para que quede como registro que “la Policía Nacional, a cargo del primer comisionado Francisco Díaz --consuegro de Ortega y sancionado por la Ley Global Magnitsky-- está ejerciendo persecución selectiva a los ciudadanos que simplemente están alzando su voz”.
Otras detenciones
El líder del consejo campesino, Lener Fonseca Díaz, también fue detenido el miércoles y aún se desconoce su paradero. Fonseca es miembro de la Alianza Cívica y hace unas semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares.
Por otro lado, el #MESENI recuerda que Mario Lener Fonseca Díaz obtuvo medidas cautelares de la @CIDH el 15 de octubre de 2018 mediante la resolución 80/2018, que también alcanza como beneficiarios a Medardo Mairena Sequeira y a familiares de ambos. https://t.co/mNYh3fLVcI (4) pic.twitter.com/FyXqr6khxM
— CIDH (@CIDH) 15 de noviembre de 2018
“Esto es gravemente repudiable porque prácticamente estamos ante una desaparición forzada de personas. Lo único que conocemos, por testigos que estuvieron al momento de la detención, es que fue llevado por agentes policiales. Se sospecha que está en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, pero no tenemos una afirmación”, denunció Abarca.
Ayer también se conoció que una de las hermanas del exantimotín Julio César Espinoza, quien es procesado junto a su cuñado y a su padrastro por terrorismo y crimen organizado, fue detenida en el complejo judicial cuando llegó a la audiencia de sus familiares.
El lunes, las hijas del preso político Carlos Valle, Elsa y Rebeca, también fueron golpeadas y retenidas momentáneamente en las celdas de El Chipote después que le dieran declaraciones a un medio de comunicación. “Nos dijeron que si volvíamos a sacar la pancarta iríamos presas”, dijo Elsa Valle, quien fue presa política y tuvo un aborto forzoso en prisión.
- "Ahora vas a pagar", le dijeron a Elsa Valle al detenerla nuevamente
- El testimonio de Elsa y Rebeca Valle, agredidas por la Policía
Asimismo, Abarca destacó que en los departamentos de Estelí, Masaya y Carazo también se ha reportado un patrullaje excesivo de parte de la Policía, que intimida a la población.
“Tenemos conocimiento que en Carazo hay una base militar que actúa en unión la Policía Nacional, los paramilitares y los del Ejército. Esa base está en Jinotepe. (..) Están usando como base la zona de Carazo para tener un control en la zona de oriente”, denunció.
