16 de noviembre 2016
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Un estudio reciente elaborado por un consorcio de organizaciones, entre ellas el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y Puntos de Encuentro, señala que en la percepción general de los ciudadanos hay un avance en la apropiación de un discurso que aboga por el respeto a los derechos de las mujeres, aunque en la practica se percibe mayor crueldad en los ataques violentos hacia las mismas.
“Hay contradicciones en los hombres en cómo viven su relación de pareja, sin que eso signifique violencia. La practica es lo que no logra avanzar, hay toda una percepción de la ciudadanía en general que hay un aumento de la violencia y se asocia particularmente a todo los referentes negativos y hechos de crueldad”, explicó Juanita Jiménez, representante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y comentarista de la investigación.
La aprobación de la ley 779, Ley Integral contra la Violencia Hacia las Mujeres, fue aplaudida como un avance fundamental, además de que fue reconocida internacional y nacionalmente. No obstante la aparición posterior del reglamento dinamitó el progreso de los mecanismos de protección que proponía la legislación y detuvo la conformación de instancias estatales que dieran atención integral a las víctimas de violencia.
Según el estudio, presentado esta semana en Managua, un análisis de percepción y de entrevistas clave a oficiales y víctimas reveló que la Policía Nacional clausuró las Comisarías de la Mujer, el departamento que atendía directamente a las víctimas de violencia de género. Para Jiménez esto se trata de un grave precedente de bloqueo hacia la justicia.
“La ciudadanía reconoce que la ley como tal es un instrumento que ayuda a que se respeten los derechos de las mujeres, pero por otro lado las propias víctimas y los operadores de justicia están señalando los serios obstáculos que encuentran para la aplicabilidad de la ley. La ruta de acceso a la justicia está siendo obstaculizada por el reglamento. Los propios jefes de policía han señalado en este estudio que las Comisarías de la Mujer se han borrado de su estructura, que se ha reubicado al personal y que particularmente los casos de violencia ya no se atienden de manera especial, y que se están viendo como un delito común” explicó Jiménez. “Eso obstaculiza la posibilidad de que los agresores sean sancionados y se eleva la peligrosidad de un femicidio”, agregó la experta.
Ante este problema, las organizaciones de mujeres se han planteado desde junio de este año mantenerse en movilización permanente para demandar justicia y acción de parte del gobierno. Este 17 de noviembre se celebrará una marcha del silencio, en la que protestarán de manera simbólica vestidas de rojo ante la injusticia y la impunidad.
Asimismo, el 25 de noviembre los movimientos feministas volverán a marchar en conmemoración al día internacional en contra de la violencia hacía a las mujeres. Estas manifestaciones se suman a una jornada de protesta nacional que se realiza a propósito de la llegada del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Datos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDDN) revelan que 44 mujeres han sido asesinadas entre enero y octubre de 2016 en Nicaragua.
El "engañoso pacto" del 50% -50% de Ortega
El discurso gubernamental pregona que existe una distribución de 50% de mujeres y 50% hombres en las instituciones del Estado y que esto ha catapultado a Nicaragua a ser uno de los países con mayor equidad de género el mundo. Esta afirmación ha sido avalada por organismos internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
Sin embargo, detrás de la pantalla del discurso, se esconde la cruel realidad. A juicio de Jiménez, esa supuesta equidad que proclama el gobierno se trata de una burda manipulación que en realidad solo beneficia a los círculos de poder y no trae consigue consigo cambios estructurales verdaderos, como los que necesita el país. Sobre todo, no representa que las mujeres tengan igualdad de derechos y poder decisión.
Recientemente, el presidente Daniel Ortega presentó como uno de los casos insignia de la equidad de género en Nicaragua la candidatura de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. En las votaciones del pasado 6 de noviembre Murillo fue electa, en unos comicios opacados por altos niveles de abstención y turbio manejo del Consejo Supremo Electoral. Para Jiménez la imposición de Murillo, como vicepresidenta, es una burla para el movimiento feminista.
“No es un liderazgo que represente a ese 50 %, ella representa a una cúpula de poder y llegó ahí no por su propios méritos y las circunstancias. Este proceso electoral donde fue electa ha sido una farsa, ella no es un liderazgo de las mujeres y que tampoco puede representar la equidad y la igualdad”, manifestó la abogada del MAM.
