25 de septiembre 2018
AA
El líder campesino y miembro de la Alianza Cívica de Nicaragua, Medardo Mairena, denunció este lunes a través de una carta, ser víctima de trato "inhumano" por parte de las autoridades, desde que fue arrestado a mediados de julio pasado, acusado de terrorismo en medio de la crisis sociopolítica.
"En la celda 'El Infiernillo' hay más de 20 presos enfermos. No nos permiten que nos revise un médico, estoy mejorando por el poder de Dios nada más. Aquí hay zancudos, cucarachas, alacranes (escorpiones), etcétera, no nos sacan de la celda ni para tomar el sol (...) nos trataron inhumanamente", denunció Mairena, desde una prisión de máxima seguridad.
La carta de Mairena fue leída por un joven en la sede de la organización humanitaria Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Pedro Mena, otro líder campesino de la Alianza Cívica arrestado junto con Mairena, tiene problemas por enfermedades crónicas debido a que las autoridades le quitaron sus medicamentos cuando lo detuvieron, y no se los facilitan, de acuerdo con la denuncia.
Los dirigentes del movimiento campesino contra el Canal en la Asamblea Nacional. Xóchilt Martínez/Confidencial
Mairena, un icono de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, también abogó por el Diálogo Nacional para superar la situación actual de Nicaragua, desde la cárcel "El Infiernillo".
"Creemos en el Diálogo, ya que es la salida pacífica a la crisis, porque pensamos como personas civilizadas, porque creemos en la justicia, y la democratización", dijo el líder campesino.
El Diálogo que sostenían la Alianza Cívica y el Gobierno, para superar la crisis, fue suspendido de forma indefinida el 9 de julio pasado, cuando grupos oficialistas atacaron a los obispos de la Iglesia católica, quienes actúan como mediadores.
Mairena es uno de más de 300 "presos políticos" que ocupan las cárceles de Nicaragua acusados por "terrorismo" y otros delitos, según organizaciones humanitarias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
El presidente Ortega niega toda responsabilidad y dice ser víctima de un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social, que se convirtieron en una exigencia de su renuncia, a causa de las muertes reportadas en las manifestaciones.
