21 de julio 2022
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Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años, fue enviado a juicio este jueves 21 de julio por la jueza segundo distrito penal de adolescente y especializada en violencia de Managua, Miroslava Calero. El religioso, detenido el pasado 13 de julio, es acusado por los presuntos delitos de violación y lesiones psicológicas en contra de una adolescente de 14 años.
La audiencia inicial que debía ser privada por la protección de la identidad de la menor, según lo indica la Ley 779 —Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres—, fue ampliamente publicitada por los medios de propaganda del régimen orteguista, que expusieron en fotografías y videos la identidad de la madre y abuela de la supuesta víctima.
Según los medios oficialista, la madre de la supuesta víctima demandó justicia. “Mi hija está sufriendo. No saben cómo se siente como madre. Les pido a la gente de Boaco que me apoyen, por qué lo apoyan a él si es un violador”, reclamó la ciudadana.
Tras el arresto del sacerdote, un grupo de feligreses protestaron con pancartas afuera de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco, de la que Urbina es párroco. Además, pobladores y religioso de la localidad han afirmado que la detención del monseñor es un “asunto político”, ya que este se solidarizó con los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno en 2018 y pidió por los presos políticos en diversas ocasiones, por lo que sería un objetivo de la dictadura.
Especialistas en derecho consultados por CONFIDENCIAL señalan que en este caso, así como en el del sacerdote Manuel García —declarado culpable del supuesto delito de violencia física y violencia psicológica—, las víctimas han sido convertidas en “instrumentos” para fines políticos, y se les ha expuesto y revictimizado, contrario a lo que establecen la leyes, en las que priva su protección.
Defensor es un fanático orteguista
Durante la audiencia Urbina estuvo acompañado por su abogado defensor, Harry Antonio Valle Palacio, que es un fanático del Frente Sandinista. En sus redes sociales publica mensajes de apoyo al régimen. “El buen abogado no le lleva la contraria al poder”, escribió en Facebook el 19 de julio de 2021.
Valle Palacio es un litigante de 31 años, graduado de Derecho por la Universidad Martín Lutero (UML). Ha cursado diplomados sobre derecho penal, justicia constitucional y derechos humanos. No es trabajador del sistema de justicia y trabaja de forma independiente en Matagalpa, aseguró una fuente ligada al Poder Judicial bajo anonimato.
Durante su intervención en la audiencia inicial, el abogado aseguró que se han respetado los derechos de su defendido y señaló que existía “confianza plena en el Poder Judicial”, pese a que dicha institución ha sido una de las más cuestionadas por su rol alineado al Frente Sandinista y por impedir la debida defensa en casos de reos de conciencia.
Valle ejerce la defensa técnica del sacerdote desde el 15 de julio. En la audiencia preliminar, el sacerdote estuvo representado por la defensora pública Jennifer Hernández Granera.
La acusación del Ministerio Público indica que la supuesta violación fue cometida contra la menor, cuyos padres son fieles devotos de la Iglesia católica. “Debido al grado de confianza que había entre el acusado y la abuela de la víctima, el acusado aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza, a tal punto que la víctima lo consideraba y reconocía como su padrino”, declaró Enmanuel Álvarez, fiscal del Ministerio Público la semana pasada.
El oficialista Canal 8 detalló que, en la acusación, se detalla que el supuesto hecho fue cometido en tres ocasiones: la primera en diciembre de 2021; la segunda el pasado mes de enero; y la última en abril de este año.
Advierten irregularidades en el juicio
Los exfuncionarios judiciales Boanerges Fornos y Yader Morazán, en un panel en el programa Esta Semana, alertaron de "irregularidades" en el proceso judicial que el sacerdote enfrenta.
Aunque el padre fue detenido en Boaco, el caso fue remitido a los Juzgados de Managua, donde le dictaron prisión preventiva. Una irregularidad que se ha repetido en casos contra presos políticos, que son arrestados en sus ciudades, pero juzgados en la capital.
Morazán, especialista en administración de justicia, indicó que otra irregularidad de la primera audiencia es que al sacerdote no le permitieron presentar un abogado de su confianza. “Le asignaron un abogado defensor de la Defensoría Pública, que como en todos los procesos solamente han llegado a hacer una apariencia de defensa, porque no hacen ningún tipo de oposición técnica jurídica dentro del proceso y únicamente sirve para convalidar una actuación que a claras luces está haciendo totalmente ilegal”.
A la captura del sacerdote García y de monseñor Urbina, en menos de tres meses, le antecede un recrudecimiento de la persecución contra la Iglesia católica y contra sacerdotes como el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, y el párroco de la Iglesia San Juan Bautista en Masaya, Harving Padilla.
El régimen ha mantenido un ataque frontal contra obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, a quienes califica de “terroristas” y “golpistas” desde 2018, cuando alzaron la voz contra la represión y masacre que dejó más de 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año, y sus templos fueron usados como refugio de cientos de estudiantes y ciudadanos.
Durante los últimos cuatro años, el régimen también ha lanzado campañas de desprestigio contra la Iglesia y sus sacerdotes, promoviendo agresiones físicas y verbales por parte de fanáticos orteguistas, como ocurrió con la profanación de la Catedral de Managua en la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal, en marzo de 2020.
