10 de enero 2016
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El gobierno Territorial Rama-Kriol denunció que por medio de representantes el gobierno del comandante Daniel Ortega están “siendo presionados” para firmar el “Consentimiento Libre, Previo e Informado” para aprobar la obra del Canal Interoceánico. Allen Clair Duncan, de la autoridad comunal de Monkey Point, dijo a Confidencial que en la asamblea comunal realizada este domingo "hubo cosas malas" y se obligó a los 18 miembros del Gobierno indígena a viajar a Managua para avalar la mega obra valorada en más de 50 mil millones de dólares.
Según las autoridades indígenas, Michael Campbell, funcionario de ProNicaribe; Danilo Chang, delegado del megaproyecto canalero en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS); y Rubén López, Ejecutivo del Gobierno en la RACS, presionan por la firma de consentimiento desde el 8 de enero para construir en el territorio comunal el paso interoceánico y subproyectos.
Según Clair Duncan, el Gobierno Rama-Kriol está dividido: "hay una parte que es manipulado por el gobierno de Daniel Ortega". Los otros miembros son los que se opusieron a firmar la concesión, pero las presiones de los delegados canaleros lograron que los comunitarios firmaran un acta para que viajaran a Managua a reunirse con la Comisión del mega proyecto.
"No fue una sesión amplia porque solo habían siete representantes de cada comunidad, y lo que proponemos es una asamblea comunal completa", se quejó Clair Duncan. Según su relato, durante la sesión de este domingo, policías resguardaron todo el tiempo la reunión". "Nos sentíamos intimidados, además había una lista que ellos (delegados canaleros) prepararon y quienes estaban en ella eran los únicos que podrían ingresar a la sesión", denunció.
El proyecto canalero afectaría el territorio Rama-Kriol, el mismo al que el gobierno de Ortega entregó títulos de propiedad en el año 2009. “Emitió Título de Pleno Dominio a favor de las nueve comunidades que integran el territorio, habiéndose titulado a su favor 406, 849.30 hectáreas de tierra firme (…) así como 22 cayos integrados al título”, el gobierno Territorial en un comunicado, que solo fue respaldado por una parte de sus miembros.
Los indígenas se quejan de que los representantes gubernamentales no les muestran el documento completo del convenio a firmar. “Y mucho menos lo entregan, pero insisten en que lo firmemos”, sostiene el gobierno Rama-Kriol. Algunos indígenas, según Allan Clair, firmaron el acta sin saber a ciencia cierta en qué plasmaron su nombre.
La desconfianza de los indígenas los obliga a exigirles a los representantes un “abogado de confianza” que les interprete el documento, así como la presencia de un observador internacional. El gobierno Rama-Kriol también demanda conocer los resultados del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de la mega obra, realizado por la firma británica ERM, para conocer los impactos en el territorio. Sin embargo, según el gobierno Rama-Kriol, los funcionarios les dicen que el abogado no es necesario, y que cuando firmen les van a explicar lo del EIAS y van enviar el documento a la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Y continúan ejerciendo presión para que firmen”, insisten los indígenas.
Allan Clair dijo que en los territorios no se ha cumplido con la consulta previa, libre e informada. "Esta gente solo llegó una vez a las comunidades pero no explicaron mucho, fue más como una visita. Ante nuestra insistencia, ellos prometieron que regresarían con más información pero no lo hicieron", dijo el líder comunal.
Según Allan Clair, los indígenas Rama-Kriol no se oponen al Canal pero demandan que "se haga de acuerdo a las normas del derecho de los pueblos indígenas". "Queremos decir si lo queremos o no (el Canal) con razones y no nos han dado esa oportunidad", lamentó.
Confidencial intentó comunicarse con el vocero del Canal, el ingeniero Telémaco Talavera, pero jamás respondió el celular. Los documentos oficiales establecen que los ramas estarían dando consentimiento para la implementación del Canal en un área de, aproximadamente, 263 kilómetros cuadrados en áreas terrestres y marítimas.
“Las autoridades del gobierno territorial Rama-Kriol hacen un llamado al Presidente de la Republica, Comandante Daniel Ortega Saavedra, para que detenga esta violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales que pretenden realizar los funcionarios antes señalados, y que en su lugar se honre el derecho que les otorgó mediante el título de propiedad sobre su territorio”, dice un comunicado emitido desde esa zona.
El caso del gobierno Rama-Kriol ya es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. En una audiencia sobre el Canal realizada el 16 de marzo de 2015, el tema de los indígenas fue uno de los más preponderantes en los alegatos contra el gobierno del comandante Daniel Ortega. Becky McCray, indígena rama, dijo esa vez que más de la mitad del territorio indígena (52%) afectaría territorios indígenas y afrodescendientes.
