25 de junio 2022
AA
El diputado orteguista Filiberto Rodríguez introdujo una nueva iniciativa de ley para cancelar la personería jurídica de 101 organismos civiles, la mayor cantidad de organizaciones a ser clausuradas en la cacería emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la sociedad civil de Nicaragua.
La extensa lista comprende asociaciones y organismos civiles de todo tipo: agropecuarias, medioambientales, apoyo a la juventud, desarrollo comunitario, religiosas, médicas, labores de caridad, derechos humanos y atención a la niñez, entre otros temas y áreas de trabajo y apoyo a la ciudadanía.
Entre esta lista llaman la atención la Asociación Misioneras de la Caridad, Fundación para el Desarrollo Integral del Río San Juan, Asociación Instituto de Mediación Laboral, Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores, Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Nicaragua Aid Fundation, Asociación para el Desarrollo de los Niños y Niñas Nicaragüenses, Fundación Maternal Mi Infancia y Fundación Espiritualidad de Niños y Niñas Nicaragüenses.
También serán clausuradas la Asociación de Anestesistas Nicaragüenses, Fundación Católica de Ayuda al Desarrollo Humano de los Nicaragüenses, Asociación para el Progreso y Desarrollo de Nicaragua, Asociación Pro Mujeres Empresarias y Profesionales, Fundación para el Desarrollo de las Microfinanzas, Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colegio Farmacéutico de Nicaragua y la Asociación de Jóvenes Somos Puente.
Además se propusieron cancelar a la Fundación Nicaraguanet, Fundación Desarrollo Verde, Fundación de la Juventud y la Niñez Nicaragüense, Fundación para el Desarrollo Integral de Mayangnas Sauni Balna, Asociación de Médicos Generales Naturo Ortopáticos de Nicaragua y la Asociación Red de Organizaciones Civiles de Ometepe, entre muchas otras.
Con esta nueva propuesta, el número de asociaciones y organismos civiles que serían clausuradas en esta escalada represiva del régimen es de 770, desde el 29 de noviembre de 2018. Pero ha sido en 2022 cuando el régimen inició una eliminación masiva sin precedentes, arrasando con 595 oenegés en cinco meses y medio, sin sumar las 101 que serán ilegalizadas durante las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional de la próxima semana.
Fachada del Ministerio de Gobernación (Migob), en Managua.
Foto: Confidencial
Una investigación publicada por CONFIDENCIAL rastreó la labor social, origen y años de operación en Nicaragua de todos los organismos clausurados hasta la fecha, con una base de datos construida a partir de los decretos legislativos y las resoluciones del Ministerio de Gobernación (Migob), publicadas en el diario oficial La Gaceta. El análisis revela que el 90% de estas oenegés tenían más de una década de operar en el país y desarrollaban proyectos sociales, de educación, salud, derechos humanos, culturales, entre otros. Además, más de una docena de estos organismos tenían más de 50 años de trayectoria.
La disolución de estas organizaciones ocurrió en un contexto represivo tras masacre contra las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el régimen anuló la competencia política y electoral para asegurar el cuarto mandato consecutivo de Ortega, quien señala a las oenegés de financiar y participar en el supuesto “intento fallido golpe de Estado”, contra su Gobierno.
Los argumentos presentados por el diputado Filiberto Rodríguez son los mismos con los que el régimen ha justificado la cacería de estos organismos civiles, sin se cumpla el debido proceso y sin permitirles el derecho a defenderse de ser clausurados.
El diputado Rodríguez volvió a argumentar en esta nueva iniciativa de ley que estas oenegés supuestamente incumplen con la presentación de estados financieros, “conforme a los períodos fiscales con desglose detallado de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”; tampoco reportaron quiénes integran sus juntas directivas, las donaciones previas provenientes del exterior, documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y no cumplieron con la inscripción como Agentes Extranjeros.
Esta argumentación se repite en cada decreto, sin presentar pruebas particulares por cada organización y en cumplimiento a un supuesto proceso de ordenamiento ejecutado por el Migob. Esta cartera estatal tampoco responde los cuestionamientos de exdirectivos de oenegés despojadas de su personería jurídica, que lo señalan de imponer trabas en los procesos de inscripción como agentes extranjeros y demás documentación necesaria para estar en regla.
