14 de mayo 2017
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La Ministra del Marena, Juana Argeñal, y el asesor presidencial en temas medio ambientales, José Milán, firmaron un documento en representación del gobierno del comandante Daniel Ortega, en el que acuerdan garantizar el cuido y la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz.
La firma del documento se realizó en una reunión el pasado 6 de mayo en las oficinas centrales del Marena. Además de Argeñal y Milán, firmaron Tamara Lacayo, asesora legal del Marena, Marlon Alfaro, responsable de la Reserva de Biósfera y las autoridades del Gobierno Territorial Rama-Kriol.
El documento en poder de Confidencial, en el que se detallan varios acuerdos, habla sobre una denuncia del GTR-K, sobre la extracción ilegal de madera de la Reserva Biológica Indio Maíz. Los líderes indígenas expresan en el documento, que a pesar de que emitieron un comunicado expresando la prohibición, este no tuvo ningún valor para dirigentes políticos del partido de gobierno, quienes amparados en un permiso firmado por la Alcaldía de San Juan de Nicaragua, y la Resolución Ministerial Número 015-2008 (ya desfasado), continuaron sacando madera del área protegida.
Precisamente una de esos dirigentes que extrajo madera de Indio Maíz fue Edén Pastora. Un artículo periodístico de Confidencial confirma que el llamado “Comandante Cero”, retiró de Indian River 25 tucas cedro real y tuvieron como destino su casa en San Juan de Nicaragua, donde tiene las dragas con las que limpia el sedimento del río.
En una primera comunicación con Confidencial, Pastora aseguró que contaba con todos los permisos para extraer la madera y agregó que sería utilizada para la construcción de un vivero para el dragado que tiene en la zona.
Cuando se le mencionó que el GTRK había emitido un comunicado en noviembre del año pasado, prohibiendo sacar la madera de las áreas protegidas, Pastora reafirmó que contaba con toda la documentación y que la mostraría, para evitar malos entendidos.
Confidencial visitó a Pastora en su casa de habitación, ubicada en Reparto El Carmen, en Managua, y luego de casi media hora de conversación, este mostró el supuesto permiso que le autorizaba sacar la madera del área protegida.
Sin embargo, el permiso mostrado por Pastora, corresponde al 25 de septiembre del año 2016, dos meses antes de que pasara Otto por la zona y que el GTRK emitiera el comunicado prohibiendo la extracción de madera. La documentación en su poder, no tiene relación con la madera que sustrajo de la Reserva después del paso del ciclón. Además, tampoco estaba firmada por el gobierno de Greytown.
Pastora aseguró a este medio que mostraría los permisos otorgados para extraer madera, pero esto hasta el día de hoy no ha sucedido.
Respecto a este punto, la ministra del Marena y el asesor presidencial, acordaron que “no se otorgarán permisos de aprovechamiento forestal en tierras comunales de la Reserva Biológica Indio Maíz, excepto los permisos de uso domiciliar en zonas autorizadas que lo realizará Marena en coordinación con el GTR-K y las alcaldías municipales colindantes”.
Las autoridades gubernamentales se comprometieron a actualizar el Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Río San Juan e integrar a los alcaldes de los municipios colindantes de Río San Juan y Caribe Sur para que sean parte de este.
Durante la sesión se abordó el tema del convenio entre el GTR-K y el Marena. Los líderes comunitarios expresaron su preocupación respecto a la conservación de la reserva biológica Indio Maíz y el abandono que existe de parte de las autoridades municipales de Río San Juan, sobre este tema.
“(Vamos) actualizar el convenio con representantes de comunidades Rama y Kriol sobre el manejo conjunto de la Reserva Biológica Indio Maíz para incorporar las alcaldías del departamento de Río San Juan y Caribe Sur (San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua, Bluefields y Nueva Guinea)”, reza otro de los compromisos.
No explican uso del dinero de seguro post Otto
El GTR-K expuso su malestar por el cobro millonario de un seguro catastrófico tras el paso del huracán Otto en noviembre de 2016, el cual afectó varias comunidades indígenas como Indian River y Greytown . Sin embargo, en ninguno de los acuerdos, los representantes del Estado dijeron absolutamente nada sobre este tema.
El gobierno del comandante Daniel Ortega realizó el cobro del seguro catastrófico por la cantidad de US$1,110,193, en respuesta al impacto directo que el huracán Otto ocasionó en el país. La indemnización fue otorgada por la Facilidad de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe y Sociedad de Cartera Segregada (CCRIF SPC por sus siglas en inglés), el pasado 9 de diciembre, 14 días después del paso del ciclón.
Según la información colgada en la página web de la CCRIF, el desembolso representaba un pago sobre la póliza contra ciclones tropicales, que adquirió el gobierno en el año 2015. La información también dice que Nicaragua recibió una primera indemnización de US$ 500.000 por el terremoto de magnitud 6.1 que ocurrió el 9 de junio de 2016, que afectó a Chinandega y otros departamentos costeros.
A pesar de que el pago se recibió 14 días después del ciclón y que han transcurrido más de cinco meses, la ayuda para las personas afectadas todavía no llega a la zona donde el ojo de del huracán impactó con más fuerza.
Confidencial trató de comunicarse con la Ministra Argeñal para ahondar sobre los acuerdos firmados, pero la solicitud no fue atendida. También se buscó la versión de Aldric Beckford, fiscal del GTR-K, y solo confirmó la reunión que sostuvieron con las autoridades gubernamentales, pero no mencionó nada sobre los acuerdos ni sobre los temas que se hablaron ese día.
