19 de septiembre 2023
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El régimen orteguista está consultando a población de territorios no indígenas sobre el proyecto de Bio-Clima, para completar la cuota de 6746 personas, fijada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Su objetivo al realizar estas "consultas significativas" en zonas del Caribe Sur y Río San Juan es completar la cuota para destrabar el millonario fondo congelado del proyecto, denunció el ambientalista Amaru Ruiz.
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) invitó a la población de Nueva Guinea, El Rama, Kukra Hill y El Castillo a participar de las sesiones de consultas sobre el proyecto, programadas para esta semana. Ruiz explica que el proyecto de Bio-Clima incidirá directamente en los 23 territorios indígenas y afrodescendientes, que suman 140 716 personas, según el censo de 2005. Eso implica que las consultas del BCIE apenas representan el 4.6% de la población total.
El objetivo de involucrar a personas no indígenas es para “completar lo que ellos tienen planificado porque evidentemente no han hecho una consulta amplia, informada… por ejemplo, en el caso del territorio Mayangna Sauni As, que tiene 24 comunidades, sólo hicieron una sesión”, señaló Ruiz a través de un Zoom.
Las consultas no han sido previas ni libres. En algunos territorios, como en Mayangna Sauni As han sido militarizados previo al proceso de simulación de consultas. Otros territorios y líderes fueron presionados para firmar sino no entregan los fondos del Ministerio de Hacienda presupuestados anualmente para los Gobiernos Territoriales.
El proceso de presentación del proyecto ha sido a través de una cartilla, no se entregó el texto completo de Bio-Clima y mucho menos en el idioma de las comunidades, denunció Ruiz, presidente de la cancelada y confiscada organización no gubernamental Fundación del Río.
Agencia de Naciones Unidas proveerá insumos técnicos
El 22 de agosto de 2023, Ruiz envió una carta al director de América Latina y El Caribe, Fabrizio Feliciani, y al representante de país en Nicaragua de la UNOPS, Nazario Esposito.
En la misiva solicitó que expliquen cuál es la participación de estas agencias en el proyecto de Bio-Clima. En nombre de la confiscada Fundación del Río y de organizaciones ambientales. Ruiz les reiteró que este proyecto “no ha respetado los procedimientos internacionales concebidos para los pueblos indígenas y afrodescendientes” y que beneficiará a la dictadura. Pero quince días después no había recibido respuesta.
El 7 de septiembre la UNOPS respondió que "ante la solicitud del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), UNOPS proveerá insumos técnicos y logísticos con motivo de las acciones de remediación requeridas por el Fondo Verde del Clima (FVC), para lo cual brindará una Asistencia Técnica que incluirá observar, registrar y sistematizar de manera independiente los procesos de consulta previstos en las políticas del FVC. Para llevar a cabo este cometido, UNOPS cuenta con el apoyo de WFP en los servicios de logística para las consultas", sin dar mayores detalles sobre los cuestionamientos del proceso de consultas.
Desembolso del proyecto de Bio-Clima sigue congelado
El desembolso del proyecto de Bio-Clima fue congelado por la Secretaría del FVC en julio. Ocurrió después de una serie de incumplimientos en las políticas, cometidos durante la aprobación del mismo por el FVC, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Ortega.
El Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) investigó una denuncia interpuesta en 2021 por comunitarios indígenas y ambientalistas. Su informe reveló que el BCIE y el Gobierno ocultaron información clave sobre la situación de violencia que se vive en las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. También, que no realizaron las consultas libres e informadas en estos territorios.
Agregaron que el FCV no verificó la información que presentó el BCIE, acreditado ante el Fondo Verde para recibir los recursos, que posteriormente ejecutaría el Gobierno de Nicaragua.
El Gobierno de Ortega, junto con el BCIE, tiene hasta octubre de 2023 para corregir algunos de los procesos que debieron hacerse antes de aprobar el proyecto. Ese mes, se volverá a reunir la Junta del Fondo Verde para decidir el futuro del desembolso. Por eso, el régimen está haciendo, de forma exprés, las consultas con representantes de la población indígenas.
