18 de mayo 2023
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La personería jurídica de la Asociación Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (UCICAM) fue cancelada este jueves 18 de mayo alegando “disolución voluntaria acordada por sus miembros”, según informó el Ministerio de Gobernación (Migob) mediante el acuerdo ministerial 77-2023-OSFL.
Aunque la cancelación de la personería jurídica de la universidad fue solicitada por sus miembros sin explicar razones, el acuerdo del Migob señala que esa casa de estudios —al igual que la mayoría de los Organismos Sin fines de Lucro (OSFL) que han sido cancelados— supuestamente estaba en “incumplimento de sus obligaciones” desde 2015.
UCICAM presuntamente no habría reportado sus “estados financieros y su junta directiva” como viene exigiendo el Migob desde finales del año 2020 y que cobró más fuerza a partir de marzo de 2022 con la aprobación de la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Representantes de organismos que han sido canceladas por el Migob han denunciado que esta institución impide que estas cumplan con la entrega de la documentación requerida. Asimismo, ha habido presiones para que otras organizaciones cierren.
Solo en el primer trimestre de 2023 un total de 30 organizaciones sin fin de lucro cerraron sus operaciones en Nicaragua de forma “voluntaria”, según un reporte de CONFIDENCIAL. En la mayoría de los casos el Migob señaló que estos organismos estaban inactivos o que tenían un déficit de fondos para ejecutar sus proyectos.
La Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua se ubica en el kilómetro 12.5 de la Carretera Sur, en Managua, y estaba a cargo del presbítero Eyleen Castro. La personalidad jurídica le fue otorgada por la Asamblea Nacional el 25 de junio del 2012 y un mes después la universidad fue inscrita ante el Migob, bajo el número perpetuo 5417.
Al cerrar de forma “voluntaria” los miembros de la universidad tienen la posibilidad de conservar su patrimonio y evitar la confiscación, como ocurrió con la Universidad Juan Pablo II, que pertenecía a la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
El Reglamento de la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines De Lucro establece que en el caso de las disoluciones voluntarias el destino del patrimonio será establecido según el acta constitutiva y los estatutos de la organización.
Sin embargo, cuando se trata de cancelaciones de personerías jurídicas por incumplimiento a la Ley Nº. 1115, “corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua”.
Esto mismo puede ocurrirle a las oenegés que se disuelvan de forma voluntaria, pero solo en los casos que el destino de los bienes no esté establecido dentro del acta constitutiva y estatutos, aclara el reglamento de la ley.
