9 de agosto 2018
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Un grupo de expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas exhortan al Gobierno de Nicaragua a detener la represión, tras 100 días de protestas en los que al menos 317 personas han muerto y 1830 han resultado heridas.
"Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país", dijeron los expertos de la ONU. "Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como 'terrorismo'".
Durante el mes de abril, fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido de Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la seguridad social. Las protestas han disminuido recientemente en número e intensidad, tras la eliminación por parte del Gobierno de los bloqueos de carreteras.
Sin embargo, expertos de la ONU dijeron que las voces críticas hacia el Gobierno, incluidos los líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, representantes de la Iglesia Católica y miembros de la Alianza Cívica, siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos. Los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas, se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica. También se ha denunciado que la financiación de algunas instituciones académicas se ha congelado, como forma de retaliación contra las protestas.
"Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como "terroristas" y "golpistas", y aparentes intentos de socavar a la oposición".
"También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”, subrayaron los expertos de la ONU.
"Nos preocupa que estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas", expresaron los expertos, mientras que recordaron que “nadie debe ser detenido por el ejercicio de sus derechos humanos”.
Las preocupaciones se acentúan por el nivel de impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos, entre las cuales se cuentan actos de violencia de género contra mujeres defensoras perpetrados por agentes del orden público y elementos paramilitares. Adicionalmente, se informa de numerosas irregularidades en el cumplimiento las garantías del debido proceso durante las investigaciones iniciadas contra quienes han manifestado su oposición al Gobierno.
Los expertos destacan la importancia de que el Gobierno mantenga un registro claro y actualizado de los nombres y ubicación de las personas que han sido privadas de liberad. Además, a quienes enfrenten procesos judiciales se les debe garantizar el derecho a un juicio justo, con todas las garantías del debido proceso.
"La impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo", dijeron los expertos.
"Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes.
También instamos al Gobierno a abstenerse de involucrarse en prácticas de criminalización contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos y otros activistas, incluso mediante el uso inapropiado de la legislación nacional de seguridad y contra el terrorismo".
Los expertos de la ONU pidieron al Gobierno que entable conversaciones significativas e inclusivas con todas las partes involucradas, en el contexto del Diálogo Nacional, y que respete y garantice plenamente el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
"Finalmente, invitamos a las autoridades nicaragüenses a colaborar plenamente con el ACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, otorgando pleno acceso a la información, a centros de detención y otros lugares, para permitirles continuar evaluando la situación de derechos humanos en el país de conformidad con sus respectivos mandatos ", concluyeron los expertos.
Entre los expertos de la ONU, según detalló un comunicado de la Organización, están: Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental.
Además, Fabian Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Ivana Radačić, Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Fionnuala Ní Aoláin; Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Bernard Duhaime, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Seong-Phil Hong, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor, son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
