19 de agosto 2016
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Un grupo de exmiembros del Ejército Popular Sandinista presentaron ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que demanda el reconocimiento de semanas cotizadas a aquellos exmilitares que no cuentan con seguridad social. Irving Dávila, teniente coronel en retiro, dijo que los desmovilizados del ejército no tienen derecho a la seguridad social y que solo recibieron, luego de su periodo de servicio, pequeñas indemnizaciones.
“Es algo que hemos venido arrastrando a lo largo de 26 años y después analizando la cosa, hemos pedido ayuda a distintas instancias para ver cómo podíamos resolver. Nos metimos a analizar un poco la historia y la realidad es que los retirados del ejército no somos servidores públicos, no fuimos reconocidos como trabajadores del Estado y por lo tanto no tenemos derecho a la seguridad social”, dijo Dávila.
El exteniente manifestó que los retirados cotizaban y que les realizaban todas las deducciones de forma mensual cada vez que llegaba la planilla, pero que el dinero quedaba en manos del ejército. “La realidad es que no aparecemos en ninguna ley, no aparecemos como trabajadores del Estado", agregó.
Manuel Ruiz, especialista en seguridad social, explicó que el fundamento de la ley es que se reconozca el número de semanas cotizadas.
“Realmente para que tenga una fuerza y sea una política de Estado, se debe introducir esta ley que venga a resolver el problema fundamental de los exmiembros del ejército. Lo que se quiere con esta ley es que les reconozca como cotizado efectivo el tiempo en que estuvieron en el ejército”, argumentó Ruiz.
Esperan cumplimiento de Ortega
La iniciativa de ley fue introducida el pasado 24 de junio ante la Asamblea Nacional por el diputado Víctor Hugo Tinoco, sin embargo, aunque han pasado más de dos meses, todavía continúa engavetada.
“Esperamos que lo dicho por Daniel Ortega en el discurso del 19 de julio, de que iba a honrar la deuda histórica y moral que existía con los retirados del ejército, se cumpla. Nos estamos auto convocando los retirados del ejército en todo el país, en todos los departamentos, en todos los municipios para movilizarnos y demandar al Estado, porque esta es una demanda que nosotros estamos haciendo al Estado”, informó el exteniente en retiro.
Al respecto Ruiz considera que debería existir voluntad del gobierno de aprobar dicha iniciativa, pues no existe argumento financiero que la vete. “En agosto de 1984 se hizo la ley 1488 y el artículo 17 establecía que si un miembro del ejército sufría alguna discapacidad o caía en combate sus familiares recibía atención y era financiado por los empleadores. Hasta el día de hoy, los más de 32 mil empleadores afiliados al INSS pagan un 1.5 por ciento para las víctimas de guerra, ahí tienen un fondo”, comenta el experto, quien aclara que este porcentaje nada tiene que ver con los fondos de la empresa de seguridad social.
El exteniente Dávila considera que la lucha de los retirados del ejercito es justa y respecto a las denuncias que han realizado alguno en las redes sociales considera que si el cumplimiento de las leyes se garantizara, todos estuviéramos satisfechos.
“No hay cumplimiento por razones políticas, si estás cerca del poder tenés solución, no se les resuelve a todos, los instrumentalizan en actividades electorales a cambio de beneficios y si no participan no les dan nada, por eso es que pretendemos que se haga el reconocimiento de esta iniciativa de ley, para que no exista más chantaje político, algunos hermanos están enfermos, no los atienden en ningún lugar, pasan calamidades”, finalizó Dávila.
