20 de abril 2022
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Diputados del Parlamento Europeo abogaron este miércoles, en ocasión del cuarto aniversario de la Rebelión de Abril, por la ampliación de castigos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus aliados, que "continúan violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense". La urgencia fue expuesta en un webinar organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) y la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE).
La eurodiputada Soraya Rodríguez, miembro de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat) y de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, afirmó que “se puede hacer más para aislar al régimen Ortega-Murillo”, recomendando acciones como la ampliación de sanciones contra “todos los jueces, que se han convertido en un instrumento, en un brazo ejecutor de las medidas represivas del régimen de Ortega”.
“El Parlamento Europeo está aquí para trabajar conjuntamente con la sociedad nicaragüense. Hay un acompañamiento constante para aislar a esta dictadura”, resaltó.
El diputado Javier Nart, vicepresidente de la delegación para las relaciones con América Central y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, apoyó la postura de Rodríguez y agregó que “las sanciones no solamente son contra políticos”, sino también contra “la magistratura repulsiva que es incapaz de impartir justicia y los empresarios que se benefician del régimen, que saben lo que están haciendo, y también tiene que purgárseles”.
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Alicia Holm, del grupo de la Alianza Progresista, Socialista y Demócrata en el Parlamento Europeo y miembro de la delegación para las relaciones con los países de América Central, apuntó que la presión internacional es “importantísima” y “hace mucho daño al régimen”.
“Esa presión internacional al régimen de Ortega le hace daño y llegará a un punto que se van a sentir tan atrapados y van a tener que abrirse a negociar, hablar y buscar una vía de salida a esta crisis”, destacó.
Denuncian graves violaciones a DD. HH.
Representantes de la sociedad civil nicaragüense también participaron del webinar y denunciaron las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Nicaragua. Entre los panelistas estuvieron Haydée Castillo, de la iniciativa Nicaragüenses en el Mundo; Amaru Ruíz, director de Fundación del Río; y Wendy Flores, coordinadora del Colectivo Nicaragua Nunca Más. La periodista Cindy Regidor, parte del equipo de CONFIDENCIAL y de los programas Esta Noche y Esta Semana, también estuvo moderando el evento.
Ramón Muñoz Castro, director de la RIDH en Ginebra y presidente de la RIDHE, durante la apertura del webinar denunció que en Nicaragua hay una ausencia total del Estado de derecho, señalando que en el país hay una “absoluta arbitrariedad, no hay justicia independiente, y los órganos estatales están totalmente coartados por el régimen y sus aliados”.
Castillo denunció que en las diferentes zonas del territorio nicaragüense, en el contexto del cuarto aniversario de la Rebelión de Abril, se sufre asedio y represión policial, destacando que el pueblo urge del apoyo de la comunidad internacional.
“El pueblo de Nicaragua no espera que se le resuelvan los problemas desde afuera, pues sigue luchando desde adentro, desde las entrañas del monstruo, y también lo hacemos desde el exilio, pero cuando hay un secuestro al mejor estilo del crimen organizado no puedes romper esas cadenas en soledad, por ello, la comunidad internacional no debe esperar a que siga corriendo la sangre, sino asumir esa responsabilidad en defensa de los derechos que son universales”, exhortó.
También, recomendó la “urgente conformación de una comisión internacional multilateral para iniciar una intensa jornada hasta lograr liberar a los presos y presas políticas”.
Abogan por la libertad de los presos políticos
Los eurodiputados también abogaron por que se trabaje en pro de la liberación de los presos políticos que mantiene el régimen en Nicaragua. La eurodiputada Rodríguez aprovechó parte de su intervención para “reclamar la inmediata liberación de los más de 170 presos políticos que están en la cárcel, sufriendo las condiciones de aislamiento y tortura”.
El eurodiputado Nart destacó que es “útil que una serie de personas en el mundo se dirijan a un dictador preguntando por los presos políticos, porque cuando un preso está en el olvido y cuando un régimen brutal, como el régimen del binomio presidencial, actúa con la brutalidad de la que somos testigos, el hecho que existan instituciones que pongan el dedo en tal o cual persona presa política significa que el régimen no puede hacer exactamente cualquier cosa con ellos”.
Los funcionarios europeos insistieron en que se puede hacer más por la sociedad nicaragüense, apoyando a quienes están en el exilio, trabajando de la mano con las organizaciones de la sociedad civil que siguen trabajando dentro y fuera de Nicaragua, y dando protección internacional a todos aquellos activistas, defensores, periodistas, que han huido del país.
El director de la RIDH despidió el evento recordando la importancia de que la Unión Europea siga activa para mantener en agenda el tema de la situación de Nicaragua, y para que todo ese apoyo también se extienda a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos que están dentro y fuera del territorio nicaragüense.
La Unión Europea (UE) en el último año ha girado sanciones contra más de una docena de funcionarios del régimen de Daniel Ortega. En la lista de sancionados figuran integrantes de la familia presidencial como Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. También fue sancionada la vicepresidenta Murillo, y tres instituciones: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
En diciembre de 2021, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que condenaron la farsa electoral de noviembre de ese año y desconocieron el nuevo mandato de Ortega y Murillo. También, exigió a la UE y a los Estados miembros “supervisar” los fondos asignados al país para evitar la corrupción del régimen.
