13 de noviembre 2020
AA
En los municipios de San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma y El Cuá, del departamento de Jinotega; y Murra, en Nueva Segovia, el huracán Eta impactó con fuerza de tormenta tropical. La lluvia dejó viviendas anegadas, familias evacuadas , caminos destruidos y hasta el deslave de un cerro, pero a estos lugares no ha llegado el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) ni para evaluar los daños, según los alcaldes de estos municipios que además tienen en común estar a cargo de opositores al régimen de Daniel Ortega.
La inercia del Sinapred, consideran, se debe a que sus gobiernos locales no comulgan con Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. Durante la emergencia "estuvimos solos", afirma Oscar Gadea, alcalde de Ciudanos por la Libertad (CxL) en Santa María de Pantasma. Asegura que diez días después de la tormenta, el Sinapred sigue sin llegar a la zona y el informe de daños causados por Eta no se menciona este territorio.
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"Aquí vivimos en total abandono estatal", agrega. Desde hace dos años "las transferencias municipales se redujeron en un 99%" y la tormenta Eta agudizó las necesidades del municipio. "No tuvimos muertos, pero sí tuvimos un deslave, casas afectadas, los cultivos de frijol se chamuscaron y la afectación más grande fue en los caminos porque tenemos más de cinco puentes dañados y no se puede llegar en vehículo a las comunidades", detalla.
Tras el paso de la tormenta Eta, más de 100 kilómetros de camino están intransitables en Santa María de Pantasma, según las estimaciones del alcalde. "Estamos en una situación bastante difícil, resolviendo con los que podemos recaudar de los impuestos del pueblo", explica. Mientras tanto, tres familias que fueron evacuadas durante las lluvias volvieron a sus casas.
Las calles del municipio de Murra tras el paso de la tormenta Eta. | Foto: Cortesía CxL
Territorios incomunicados
En el municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia, los daños fueron más visibles. El alcalde Francisco Herrera, también de CxL, contabiliza 41 viviendas anegadas y 73 comunidades afectadas por la destrucción de los caminos. Ahí tampoco llegó el Sinapred y "hemos recibido muy poca ayuda", lamenta Herrera.
Diez días después de la tormenta, el sol volvió a salir en este territorio montañoso. "Lo primero que hicimos fue habilitar el paso hacia otros municipios", explica Herrera. "En la alcaldía tenemos dos máquinas pero están malas, trabajan dos días y se vuelven a dañar, estamos haciendo lo que podemos y una empresa que está aquí (en el municipio) nos prestó una excavadora", detalla.
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Al municipio de Murra tampoco han llegado las autoridades del Sinapred ni de la Cruz Roja Nicaragüense (CRN). Ambas instituciones "han brillado por su ausencia, yo hice las comunicaciones, avisé todo lo que estamos pasando, pero no hubo respuesta", enfatiza Herrera.
A juicio del alcalde de Murra, la destrucción de los caminos tendrá una afectación directa en la cosecha cafetalera de la zona y podría causar una crisis alimentaria en las comunidades fronterizas con Honduras, ya que los pobladores que antes de la tormenta se movilizaban principalmente en motocicletas ahora solo pueden hacerlo a caballo.
En San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega, instituciones como la Iglesia católica, comunidades evangélicas y líderes comarcales, socorrieron a siete familias que fueron evacuadas durante la tormenta Eta. Según declaraciones del alcalde, Noel Moreno, estas familias vivían "en casitas de plásticos y madera rústicas, al pie del cerro", por lo que fueron trasladadas a un albergue de la Cruz Roja.
De igual forma, Oneyda Rodríguez, vicealcaldesa del municipio de El Cuá, Jinotega, denunció ante los medios de comunicación que ninguna institución del Estado respaldó el Plan de Prevención y Evacuación, que elaboraron en la alcaldía opositora ante el paso de la tormenta. Sin embargo, asegura que están "trabajando de la mano con el pueblo y diversas asociaciones, para atender a las familias que puedan ser afectadas”.
Criminalizan la solidaridad
A pesar de los graves daños que dejó el huracán Eta en el país y el abandono estatal a los municipios opositores, el régimen de Ortega politizó y prohibió la ayuda humanitaria que varias organizaciones empresariales y sociales, y voluntariados ciudadanos que pretendían llevar a los damnificados.
“Sabemos que lo que estamos haciendo no es un delito, no es delito ejercer la profesión de manera humanitaria para personas que lo necesitan, es una realidad difícil de entender, la solidaridad debería ser reconocida, no perseguida”, afirmó la doctora Anely Pérez, miembro de Unidad Médica Nicaragüense (UMN), que había empezado a recolectar insumos médicos.
Asimismo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia protestó por la presencia de policías en lugares donde pretendían reunir ayuda. “El asedio está evitando el flujo de ayuda humanitaria tan necesaria en estos momentos críticos. Además de mostrar una terrible ineficiencia en el manejo de la crisis provocada por el huracán, la dictadura está boicoteando la solidaridad… Este es un nuevo tipo de represión, es el colmo de su falta de humanismo, y le exigimos de inmediato cese todo bloqueo arbitrario a la voluntad de ayudarnos entre los nicaragüenses”, dice el comunicado.
Régimen niega la muerte de dos mineros
Por otro lado, el Gobierno se niega a reconocer la muerte de los mineros artesanales; William Castro Zúniga y Ervin Ariel Rayos, quienes perecieron en el derrumbe de una mina en el municipio de Bonanza el pasado tres de noviembre, mismo día del impacto de Eta en el Caribe Norte y 24 horas después de que ese municipio fue incluido en la alerta roja emitida por el Sinapred.
Durante un acto partidario, el presidente Ortega –quien estuvo ausente durante la emergencia– negó que las muertes hayan sido causadas por el huracán. "Lo que produjo muertes, fallecimientos, fue en la actividad minera, pero fue antes de que entrara el huracán", dijo un Ortega inseguro de sus propias palabras.
