28 de noviembre 2023
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El régimen de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos diez que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro que brindaba protección especial a madres adolescentes.
La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron cinco oenegés por incumplimiento a las leyes que los regulan mientras que las otras diez fueron canceladas por disolución voluntaria.
Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral esas cinco organizaciones por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 15 oenegés, suman casi 3,500 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas que estallaron en abril de 2018.
Entre las oenegés ilegalizadas se encuentran la Asociación Casa Alianza Nicaragua, la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica) y otras, en su mayoría de corte cristiano evangélico.
Casa Alianza Nicaragua, que solicitó su disolución voluntaria, es una onegé que por 25 años ha protegido y reintegrado socialmente a adolescentes en situación de riesgo. En 1999 recibió la Certificación Internacional Praesidium por cumplir con los estándares en la atención de menores en riesgo.
El Estado decomisará sus bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.
Algunos diputados orteguistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las oenegés afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Ortega.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas oenegés forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7,227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
