23 de octubre 2018
AA
Familiares del militar retirado nicaragüense Alfonso José Morazán Castillo, de 57 años, denunciaron este lunes que fue detenido por policías cerca de su casa en la ciudad de Matagalpa, al norte de Nicaragua.
Morazán Castillo es padre de Yaser Morazán, un activista crítico con el presidente nicaragüense Daniel Ortega y que ha participado en las protestas contra el Gobierno de Managua.
"Mi papá es retirado del Ejército, dedicó toda su vida a la Revolución (Sandinista) y es lisiado de guerra", señaló su hijo, tras denunciar sobre la detención.
Según su relato, la Policía "ya había llegado a realizar allanamientos a su casa y en una de esas un policía vestido de civil amenazó a mi hermana con un cuchillo, se lo puso en el estómago y en el cuello" por participar en manifestaciones antigubernamentales.
Su padre, agregó Yaser Morazán, era un "militante histórico" del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero que tomó distancia a raíz de las protestas que comenzaron en abril pasado y que han dejado cientos de muertos.
En sus redes sociales, Yaser Morazán detalló que su padre "ha sido secuestrado por el régimen Ortega-Murillo a las 3:00 p.m. del 22-10-2018".
"Mi familia --agregó-- tiene meses de estar siendo víctima de acoso e intimidación por el FSLN, nunca había querido contar para no hacerme "la víctima" pero.. Yo tengo más de 100 capturas de pantallas sobre las amenazas de muerte que recibo todos los días, mi hermana fue interceptada por un policía vestido de civil, quien la amenazó de muerte con un cuchillo, mi hermano fue obligado a renunciar de su centro de trabajo, luego de que quisieron ponerle como jefe al "juez" Otoniel Aráuz, mismo que yo denuncié por disparar a los manifestantes en las protestas, tengo un primo semiparapléjico, producto de las balas, etc. Pero aquí seguiremos, enfocados, positivos y en pie de lucha para liberar a #Nicaragua de la dictadura".
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 528 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
