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Deforestación, la otra crisis olvidada de Nicaragua

Una filtración masiva de documentos del Inafor muestra cómo la corrupción del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo alimenta la deforestación

Indígenas Mayangna muestran una zona deforestada por colonos, en el área de reserva de Bosawás. Foto: Cortesía/Alam Ramírez

Colaboración Confidencial

Sasha Chavkin, Eli Moskowitz, Nathan Jaccard, Romina Colman, Daniela Castro

2 de noviembre 2021

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Cuando los nicaragüenses vayan a las urnas este domingo 7 de noviembre se van a encontrar con una papeleta vacía, sin aspirantes serios que compitan con el presidente Daniel Ortega, tras meses de represión contra los opositores a su régimen autoritario.

Desde junio pasado, su Gobierno ha detenido a decenas de contrincantes políticos, periodistas y activistas en una campaña despiadada que provocó una oleada de nuevas sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea.


Pero mientras que las tácticas represivas de Ortega ocupan los titulares de los medios internacionales, el papel de su Gobierno al permitir un desastre ambiental con consecuencias graves para el clima global ha recibido mucha menos atención.

Nicaragua, que alberga la segunda selva tropical más grande de América después de la Amazonia, es el país en el mundo que pierde sus bosques al ritmo más acelerado. La deforestación se disparó a partir de 2014, cuando Ortega tomó el control directo del Instituto Nacional Forestal (Inafor), como parte de una táctica más amplia de toma del poder y de cimentar su control personal sobre este país centroamericano.

Las cifras de Naciones Unidas analizadas por Our World in Data, una iniciativa dirigida por académicos de la Universidad de Oxford, muestran que la pérdida media anual de bosques en Nicaragua pasó del 1.34% entre 2010-2015 al 2.56% entre 2015-2020.

Este desastre ambiental se ha alimentado de la corrupción en Inafor y ha sido posibilitado por la familia presidencial, según muestra una filtración de documentos internos analizados por OCCRP.

La filtración de datos que es la base de esta investigación consiste en miles de correos electrónicos, documentos y tablas de datos obtenidos de Inafor por el grupo de hackers Anonymous en mayo de 2020. En octubre de ese año, el Gobierno de Nicaragua ilegalizó la publicación de información reservada, con penas de hasta diez años de cárcel. Los críticos dicen que la ley tiene como objetivo silenciar a la oposición a Ortega. OCCRP cree que hay un interés público en entender cómo Inafor ha contribuido a la destrucción de algunos de los bosques más valiosos del mundo. 

Los datos del Inafor muestran que la primera dama Rosario Murillo —que también es vicepresidenta— y otros funcionarios intervinieron directamente en la institución, usándola para repartir favores a empresas políticamente conectadas. En otro caso, documentos revelan que un juez de la Corte Suprema sancionado por Estados Unidos parece haberse beneficiado de un programa de reforestación del Inafor.

"Mafia de la madera"

Los reporteros del OCCRP también condujeron docenas de entrevistas, que exponen cómo las comunidades indígenas han sido marginadas mientras que foráneos talan sus bosques. Además, cómo las funciones básicas de gobernanza y supervisión han sido alteradas para favorecer los intereses de la familia gobernante.

El exministro de Medio Ambiente de Nicaragua, Jaime Incer Barquero, afirmó que el acaparamiento ilegal de tierras indígenas, un factor clave de la deforestación, se produce con el "consentimiento de las autoridades a todos los niveles".

"La corrupción es la principal causa de todas estas desgracias", añadió.  

Un exfuncionario del Inafor, que habló de manera anónima por motivos de seguridad, señaló que la agencia entregaba permisos forestales siguiendo la dirección de la presidencia por  motivos políticos o a empresas cuyos verdaderos dueños se desconocen.

"Su función es hacer que parezca legal, aunque no lo es", explicó el funcionario. "No sólo la droga tiene una mafia, también la madera".

Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua no respondió al cuestionario que OCCRP le envió. Murillo reconoció haber recibido preguntas de los periodistas, pero no las contestó.

En un momento en el que la preservación de los bosques tropicales es fundamental en la estrategia internacional para detener el cambio climático, el caso de Nicaragua es una advertencia sobre cómo la corrupción puede afectar los esfuerzos para proteger al planeta. El año pasado, según la oenegé Global Witness, el país fue el más letal del mundo per cápita para quienes defienden su tierra y el medio ambiente. 

“La corrupción es un importante motor de la deforestación", afirma Paulo Moutinho, científico y cofundador de IPAM Amazônia, una oenegé brasileña que estudia la tala en la Amazonia. "Hay una sensación de impunidad relacionada con los delitos medioambientales".

Árboles y poder

En agosto de 2017, Ortega nombró a Shanda Vanegas, originaria de la región autónoma del sur de Nicaragua, como co-directora del Inafor. Vanegas, la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo, quería erradicar la corrupción en esa entidad.

Su mandato duró apenas cuatro meses.

En diciembre de ese año, Vanegas escribió una angustiosa carta a la vicepresidenta Murillo anunciando su renuncia y denunciando la corrupción en Inafor. En su mensaje culpó a “grupos mafiosos que desde el interior” bloquean los intentos de sanear la agencia.

Correos filtrados muestran que Murillo —a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió en 2018 como la "copresidenta de facto de Nicaragua" cuando la sancionó por corrupción y abusos contra los derechos humanos— mantuvo un control férreo sobre Inafor, al tomar decisiones en todo tipo de actividades, desde informes oficiales hasta agendas de reuniones con donantes internacionales.

En una ocasión, Murillo intervino para ayudar a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), una compañía estatal de distribución eléctrica que ha sido denunciada por entregar contratos a la familia presidencial. El análisis de OCCRP de la filtración revela que Enatrel fue el principal receptor de permisos forestales entre 2014, cuando recibió 28 y 2018, cuando obtuvo 317.

En marzo de 2020, Murillo aprobó una directiva que le permitió a la compañía eléctrica recibir autorizaciones para cortar y podar árboles. Al mes siguiente Inafor concedió a Enatrel un tipo especial de permiso forestal reservado para proyectos de "Interés Nacional”. Enatrel también fue la única entidad en toda la filtración de Inafor que fue eximida de pagar por las inspecciones de la agencia. 

No está claro por qué Enatrel necesitaba tal cantidad de permisos forestales. Muchas solicitudes en la filtración indican que los pidió para  ampliar la red eléctrica del país. Un plan del Gobierno también proyectó que Enatrel requería un número creciente de permisos del Inafor para "electrificación rural".

Pero el tipo de permiso más común que recibió Enatrel fue para leña y carbón vegetal, ambas fuentes de combustible muy usadas en Nicaragua. Expertos cuestionaron por qué la empresa estatal necesitaría estos permisos, ya que no genera electricidad, sólo la transmite.

El exfuncionario del Inafor indicó que a Enatrel le concedían regularmente permisos a pesar de no cumplir con "los requisitos mínimos" para obtenerlos y estimó que la empresa no restauró el 80% de las áreas que taló. Hojas de cálculo y correos filtrados enumeran docenas de casos en los que Inafor descubrió que la compañía estatal no había restaurado áreas deforestadas, a pesar de su obligación legal.

"Enatrel no ha mostrado pruebas de tener un plan de restauración, y mucho menos de haberlo aplicado", dijo el exfuncionario del Inafor.

Otra razón por la que el régimen de Ortega puede haber ayudado a Enatrel es que la empresa fue usada para canalizar dinero hacia la familia presidencial.

En 2018 y 2019, Enatrel pagó casi 500 000 dólares en contratos de publicidad a empresas dirigidas por los hijos de Ortega y Murillo, según reveló la plataforma de investigación latinoamericana Connectas. Los contratos, que fueron vistos por OCCRP, incluyeron una empresa de publicidad controlada por Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja presidencial y que Estados Unidos sancionó en 2020 por difundir "propaganda del régimen”.

Ryan Berg, del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, destacó que Ortega y Murillo han usado su "ejército" de nueve hijos para asegurar que la familia tenga el control de los sectores clave de la economía.

"Las credenciales revolucionarias se han desvanecido hace tiempo", dijo. "A estas alturas es un negocio familiar".

Pero los tratos especiales en Inafor no solo favorecieron a Enatrel. Correos filtrados muestran que Murillo también intervino para ayudar a una empresa de resina de pino que cuenta entre sus socios a Osorno Coleman. Este es un antiguo comandante indígena que luchó contra las fuerzas de Ortega en la guerra civil de Nicaragua, pero que luego cambió de bando para trabajar con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Amaru Ruiz, director de la organización ambiental nicaragüense Fundación del Río, afirmó que Inafor funciona como un grupo de crimen organizado, con decisiones que se transmiten de arriba hacia abajo en un sistema clientelista.

"Funciona como la mafia", dijo sobre la agencia forestal. "Todo viene del capo y la capa", añadió, refiriéndose a Ortega y Murillo.

“Totalmente ilegal”

Dentro del Inafor, no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar decisiones dictadas desde el despacho presidencial sin cuestionarlas.

En enero de 2019, Orlando Corrales Rodríguez, subdirector de Asesoría Jurídica del organismo, envió un correo electrónico en el que daba su opinión sobre un decreto presidencial de Ortega, que levantó la prohibición de talar árboles de especies protegidas, incluso en áreas de conservación.

"¿Cómo es posible que se prepare un Decreto Presidencial en estas condiciones, carente de legalidad y con muchos errores para firma del compañero Ortega", escribió Corrales en el correo electrónico, incluido en la filtración del Inafor, que le envió al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, con copia a la vicepresidenta Murillo.

En su correo, Corrales detalla lo que llama “horrores” o “errores” cometidos en el decreto, que permitió la tala y comercialización de madera de cedro real y pochote, especies antes vedadas.

"Tal medida es totalmente ILEGAL", comentó Corrales, refiriéndose a uno de los apartes del decreto que daba el visto bueno para que personas y empresas contrataran aserradores no autorizados por el Inafor. Eso, según Corrales, no podía ser decidido a través de un decreto presidencial. 

Corrales no respondió a preguntas cuando fue contactado por OCCRP. Pero después de criticar el nuevo decreto, sugirió que podía ser riesgoso hablar a voz alta. 

"Qué lástima que usted una vez en una reunión de directores nos expresó que nosotros podríamos ser removidos de nuestros cargos si usted (Porras) miraba a otra persona mejor que nosotros”, escribió. "¿Estaría hablando en serio?"

¿Desvío de fondos internacionales?

A pesar de las preocupaciones por la deforestación que impulsa el Gobierno de Nicaragua, la cooperación internacional ha invertido millones de dólares en proyectos ambientales en el país.

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Según un recuento realizado por OCCRP, de 2006 —cuando Ortega inició su segundo mandato— a noviembre de 2020, donantes como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsaron casi 80 millones de dólares en donaciones directas para proyectos ambientales en Nicaragua. El país también se benefició de fondos regionales de 494 millones de dólares entregados por el Global Environmental Facility, que distribuye ayudas financieras de grandes donantes internacionales. 

Este apoyo internacional ha generado críticas de ambientalistas y grupos defensores de los derechos indígenas.

"El Gobierno nicaragüense ha demostrado que no puede proteger nuestras tierras comunales, nuestros bosques, ni a nuestra población indígena y afrodescendiente", escribió la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua en una carta abierta al Fondo Verde para el Clima de la ONU, después de que éste aprobara el proyecto Bio-CLIMA de 115 millones de dólares en noviembre del año pasado.

El Banco Mundial, que retiró su apoyo al proyecto a principios de este año, citando preocupaciones sobre la implementación, dijo  que “estaba listo para apoyar proyectos de conservación en el futuro”. El Green Climate Fund no respondió al cuestionario que le enviaron.

Pero los datos de la filtración del Inafor muestran que uno de los principales programas de reforestación de Nicaragua también podría haber sido usado para beneficiar a un aliado de Ortega.

Parte importante de los miles de correos y documentos filtrados están vinculados con la llamada Cruzada Nacional de Reforestación del Inafor, una iniciativa en la que policías, soldados, estudiantes y voluntarios siembran árboles en todo el país. Según se informa, se han plantado cerca de 250 000 hectáreas desde que empezaron en 2007.

Las cruzadas forman parte del Programa Nacional Forestal, que recibe financiación del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonadefo), gestionado por el Inafor. El fondo se creó en 2006 para apoyar proyectos de gestión forestal sostenible con una mezcla de inversión estatal, donaciones privadas y fondos internacionales, que incluyen las del Banco Mundial.

Ciudadanos nicaragüenses participaron en una Cruzada por la Reforestación, organizadas por el Gobierno. Foto: Tomada de Inafor

El ambientalista nicaragüense Fabio Buitrago indicó que estas “cruzadas” se han usado para beneficiar a aliados de Ortega, al financiar plantaciones privadas en lugar de proyectos públicos. Según la ley nicaragüense, quien opera una plantación forestal puede deducir hasta el 100% de sus impuestos sobre la propiedad y el 50% de los impuestos municipales sobre la venta de tierras.

"Fue un pretexto para canalizar dinero a individuos y empresas que son afines con el Gobierno", afirmó Buitrago, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible. "Buena parte del dinero que logró recaudar no llegó a ejecutarse en reforestar las áreas públicas del país".

Uno de los beneficiarios, según los datos filtrados del Inafor, fue Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y miembro senior del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aguilar, un aliado cercano de Ortega y Murillo, fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por apoyar “la identificación, intimidación y castigo sistemático del régimen contra la oposición política”.

Una hoja de cálculo que detalla las plantaciones registradas para la cruzada de 2018 muestra que Aguilar operaba una plantación del Inafor en San Pedro de Lovago, un municipio de la región central de Chontales, donde él y Ortega nacieron. Otras tablas enumeran decenas de parcelas de su propiedad en Santo Tomás y Juigalpa, también en Chontales, donde recibió árboles ese año y el siguiente.

Buitrago indicó que sería ilegal que Aguilar recibiera beneficios del Fonadefo bajo las reglas del fondo y la Constitución de Nicaragua. Por varios meses este equipo periodístico buscó averiguar los detalles de los pagos y otra información sobre el funcionamiento interno de Inafor, pero las fuentes estaban demasiado asustadas para hablar, temiendo por su seguridad y la de sus familias en medio de la actual represión política. 

Ni Aguilar ni Inafor respondieron a repetidos mensajes y cuestionarios que les fueron enviados. 

Todos los árboles que Aguilar recibió en San Pedro de Lovago en 2018 provenían de Desminic S.A., una de las mayores empresas mineras de Nicaragua y que en ese momento era propiedad de la canadiense B2 Gold.

Al igual que el magistrado Aguilar, Desminic opera plantaciones forestales en Chontales, donde posee la importante mina La Libertad. El proyecto ha sido criticado por desplazar a comunidades indígenas y a otros pequeños propietarios de la zona. La población afirma que la operación también causa daños ambientales, como la contaminación de fuentes de agua y la muerte de la fauna y peces nativos. 

Los datos de la filtración muestran que Aguilar recibió árboles de Desminic S.A. en 2018, un año después de que la empresa y el magistrado firmaran un acuerdo para que la minera financie un plan gubernamental para mejorar el acceso a la justicia de los habitantes de Chontales.

Desminic S.A. dijo que está comprometida con preservar el medio ambiente en las áreas donde opera, que respeta los derechos humanos y no promueve el desplazamiento de comunidades indígenas ni de ningún sector de la población.  

En una declaración, la compañía dijo que sus “relaciones con el gobierno de Nicaragua y sus funcionarios, está enmarcada en el cumplimiento de las leyes nacionales” y que le pide a sus trabajadores y proveedores que sigan un código de conducta. Desminic no contestó preguntas específicas sobre su relación con Aguilar.

El 'fondo para sobornos' de Ortega

En marzo de 2019, miembros de una empresa forestal indígena de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua le escribieron a Inafor para pedir ayuda.

Su cooperativa, Bloque Sipbaa, se enfrentaba a dificultades para obtener permisos de tala y transporte de madera en sus tierras colectivas. Los retrasos habían ahuyentado a un financista y terminaron “endeudados con el inversionista y sin credibilidad como cooperativa”, decía la carta.

Unos años antes, escribieron los representantes del Bloque Sipbaa, otra empresa taló los bosques de la región sin la aprobación del Inafor. Esa compañía, sin embargo, tenía conexiones políticas de alto nivel.

Alba Forestal, como se llamaba, era parte de un extenso grupo de empresas creado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez para proporcionar ayuda a Ortega, uno de sus aliados más cercanos. En 2019, Estados Unidos sancionó a este conglomerado, denominado Albanisa, que el consejero de seguridad nacional estadounidense John Bolton calificó de "fondo para sobornos del régimen de Daniel Ortega".

Alba Forestal se creó con la intención de que comunidades rurales -la mayoría indígenas- se beneficiaran de los árboles arrasados por el huracán Félix, que devastó Nicaragua en 2007.

Pero en 2020 un reportaje del periódico El Confidencial y Armando.info reveló que el proyecto se usó en realidad para cortar árboles sanos y traer beneficios a Albanisa. Entre 2009 y 2016, Alba Forestal taló más de 12.4 millones de metros cúbicos de madera en toda Nicaragua, según Rodrigo Obregón, antiguo subgerente del grupo.

"El proyecto Alba Forestal en realidad fue de deforestación nacional", le dijo Obregón a El Confidencial.

Otro informe de Connectas y del medio nicaragüense Divergentes mostró que entre 2012 y 2016, Alba Forestal ganó casi seis millones de dólares con la explotación de tierras pertenecientes a comunidades indígenas del norte de Nicaragua.

Una hoja de cálculo de la filtración del Inafor muestra que entre 2011 y 2013 Alba Forestal recibió seis permisos que cubren dos áreas en Puerto Cabezas, una ciudad cercana al Bloque Sipbaa.

El negocio de Alba Forestal tuvo un impacto devastador en el Bloque Sipbaa. Su exgerente Juan Carlos Ocampo indicó que la empresa debilitó el modelo de negocio de la cooperativa indígena, obligándolos a vender madera en bruto por una fracción del precio que recibían por la madera procesada.

Cuando Alba Forestal abrió una carretera hacia el bosque en 2007, acaparadores de tierras se adentraron en el territorio de la comunidad, apoderándose de parcelas y talando árboles.

"Ahora prácticamente toda el área de la cooperativa está desbaratada", afirma Mateo Ocampo, que entonces era presidente del Bloque Sipbaa.

Nidia Matamoros, antigua colaboradora de la organización ambientalista internacional WWF que trabajó varios años con el Bloque Sipbaa, explicó que las tierras de la cooperativa son ahora en su mayoría pastizales para el ganado, explotados por colonos.

"Ecológicamente, es un crimen", afirmó Matamoros.

“Una red completa”

Sin embargo, la mayor parte de la deforestación en Nicaragua no la causan las entidades estatales, sino las empresas privadas y los acaparadores ilegales de tierras que a menudo les allanan el camino.

El Gobierno señaló a la agroindustria y la ganadería como los principales responsables de la pérdida de bosques. Los ambientalistas afirman que el auge de la industria del oro en Nicaragua es también un problema que crece, ya que los proyectos mineros provocan deforestación y contaminación, e impulsan la violencia contra los pueblos indígenas. 

A pesar de presentarse como antideforestación —Ortega incluso se negó a firmar el acuerdo de París durante dos años alegando que no iba lo suficientemente lejos—, el Gobierno de Nicaragua ha promovido estos sectores. Entre 2006 y 2017, las concesiones mineras se triplicaron mientras que se reducían las regulaciones ambientales. El Gobierno incluso creó una empresa minera estatal para generar nuevos ingresos, según el grupo ambientalista nicaragüense Centro Humboldt.

La agencia estatal de inversiones ProNicaragua también ha sido criticada por ofrecer grandes cantidades de tierra para plantaciones y por tratar de atraer a la agroindustria extranjera con los "incentivos fiscales más agresivos de la región”. ProNicaragua es dirigida por Laureano Ortega Murillo, otro hijo de la pareja presidencial que Estados Unidos sancionó en 2019 por participar en "negocios corruptos".

La minería y la agroindustria también fomentan el acaparamiento de tierras, donde los colonos despejan ilegalmente terrenos que luego venden a estas empresas. Fabio Buitrago estimó que el 80% de la deforestación en Nicaragua es ilegal, gran parte de la cual, según los expertos, es habilitada por funcionarios locales corruptos.

El exfuncionario del Inafor que habló con OCCRP bajo condición de anonimato, indicó que el Gobierno central ha buscado doblegar a las autoridades que no acatan su voluntad en los territorios indígenas. "Es una red completa, por eso se garantizan el control sobre las autoridades territoriales electas", dijo.

Incer, exministro de Medio Ambiente, añadió que los funcionarios de los Gobiernos locales también juegan un papel fundamental en esta red de corrupción ambiental.

"Las autoridades locales de esos municipios y esos departamentos son las encargadas de dar los permisos, o de hacer la vista gorda, o de someterse a un pago para dejar pasar los camiones", dijo.

"Es toda una madeja de corrupción que está destruyendo la capacidad de supervivencia de los nicaragüenses y haciendo de Nicaragua un país más pobre".

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