2 de octubre 2018
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La Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo (Ley 977), aprobada el 16 de julio por la Asamblea Nacional, puede ser aplicada a “cualquier organización de la sociedad civil” en Nicaragua, debido a que en ella se manejan “aspectos de mucha discrecionalidad”. Así lo cree Dayra Valle, subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), centro de pensamiento que el pasado 28 de septiembre fue allanado por la Policía Nacional, como parte del proceso judicial contra el politólogo Félix Maradiaga, acusado de “financiamiento al terrorismo”.
“Estamos con la plena seguridad que las autoridades no encontrarán nada inadecuado (...) Lamentablemente esto puede ser una señal no tan positiva. Nosotros hemos señalado que el allanamiento se realizó de forma pacífica y esperamos que la investigación sea bajo los parámetros de legalidad. Ojalá que esto no le suceda a ninguna otra organización y bajo ningún clima de violencia. Nosotros estamos con la disposición de colaborar”, manifestó Valle en el programa televisivo Esta Noche.
El allanamiento ocurrió la tarde del viernes, con previa notificación a la junta directiva, quienes se mostraron “dispuestos” a facilitar toda la información requerida por las autoridades.
“En la orden (extendida por la Fiscalía) se señala que el allanamiento es parte de las investigaciones por los delitos de financiamiento al terrorismo en donde se acusa a Félix Maradiaga, nuestro director ejecutivo, y a dos personas más”, comentó Dayra Valle. “Se dice que dado la vinculación del IEEPP (con Maradiaga) se requiere la documentación de nuestra oficinas”, agregó.
Más de 67 archiveros AMPO con documentos --entre ellos registros contables, transferencias electrónicas y captaciones de fondos-- cuatro CUP y una computadora fueron algunos de los objetos incautados por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, que llegaron en dos camionetas y un camión marca KIA sin placa. Al momento del allanamiento, se encontraban dentro de las instalaciones el jurista Alejandro Aguilar, de la junta directiva del IEEPP, junto a Valle y otros funcionarios.
También la oficina del director Félix Maradiaga fue requisada “minuciosamente” por las autoridades. El politólogo tiene en su contra una acusación por “gestionar a nivel nacional e internacional, al servicio y con el apoyo de grupos delictivos nacionales e internacionales, recursos financieros que captó y canalizó utilizando como medio en la ruta del financiamiento al IEEPP”. Asimismo, la acusación señala que Maradiaga utilizó el centro de pensamiento para “adiestrar a personas que participaron en actividades desestabilizadoras el 18 de abril”.
“Le expliqué al fiscal las temáticas (que aborda el IEEPP) y él hizo el señalamiento de talleres relacionados con liderazgo y yo le manifesté que esa no es una línea de nuestro centro y que desconocíamos si se habían desarrollado por Félix en algún momento, pero que no era una línea de nuestro trabajo”, aclaró Valle.
Pese al allanamiento, los directivos del IEEPP han afirmado que continuarán con su trabajo “de manera responsable”. Algunos de los donantes de este centro ya están “enterados”, según Valle, y le han dado “seguimiento al caso”.
“Nosotros no hemos hecho nada incorrecto y tampoco hemos hecho un uso inadecuado de los recursos que ellos han proporcionado y de los cuales hemos beneficiado a mucha de la ciudadanía nicaragüense en diferentes temas”, agregó.
La organización ha funcionado durante 15 años, tiempo en el que ha abordado temas de seguridad, defensa, transparencia, derechos humanos y presupuestos públicos.
