17 de agosto 2019
AA
Después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunciara y acusara, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por crímenes de lesa humanidad al Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, por el asesinato del nicaragüenses Henry Ruiz López, el Gobierno costarricense negó las acusaciones y aseguró que el régimen está utilizando la situación para iniciar una campaña mediática en contra de la administración Alvarado y desviar la atención a la crisis interna de Nicaragua.
La Cancillería costarricense resaltó que la nota remitida por Nicaragua omite mencionar que los ciudadanos nicaragüenses que fueron detenidos en territorio costarricense se encontraban realizando actividades ilegales ligadas a posible contrabando de mercancía utilizando un río costarricense cercano a la frontera nica, y que luego de ser detectados y apercibidos para que se detuvieran, algunos de ellos se dieron a la fuga en sus botes.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza las acusaciones de Nicaragua sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza durante un incidente registrado la noche del 12 de agosto en territorio costarricense y en el que un nicaragüense falleció y otros cinco fueron detenidos”, cita el comunicado tico.
En su denuncia la dictadura explica que la muerte de Ruiz López es una "grave violación a los derechos humanos", además exigió al gobierno tico a realizar las investigaciones correspondientes y castigue a los responsables de este crimen. El hecho ocurrió en aguas del río Niño, en el lugar conocido como Parcelas de Villa Hermosa, en Upala, Alajuela, a dos kilómetros de la frontera con Nicaragua. El hombre era originario del municipio de Cárdenas, en Rivas.
"Estamos denunciando a ese Gobierno por el delito de lesa humanidad, solicitamos emita un llamamiento público instando al Gobierno de Costa Rica a que realice las investigaciones correspondientes y sancione a los responsables de este crimen y requiera a ese Gobierno que rinda informe sobre los derechos humanos violados y las medidas necesarias y urgentes para que este tipo de violaciones no se repitan en el futuro", dice la carta emitida por Cancillería.
El régimen orteguista expulsó del país el año pasado a la misión de la CIDH y de la Oficina de la Alta Comisionada, luego de que presentaran informes contundentes que revelaron la represión, crueldad y vulnerabilidad de los derechos humanos de los nicaragüenses durante la Rebelión de Abril.
El Gobierno de Costa Rica también rechazó los señalamientos de un posible “uso excesivo de la fuerza” y aseguraron que durante el enfrentamiento hubo detonaciones de ambos lados; además destaca que la Policía inmediatamente solicitó ayuda a la Cruz Roja para asistir al herido.
Sin embargo, el comunicado del régimen orteguista destaca que Ruíz no se opuso a su arresto ni representaba peligro o amenaza para las autoridades ticas; también los señala de no haber prestado auxilio humanitario al nicaragüense, lo que provocó que se desangrara.
Dora María Téllez, exguerrillera y miembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), manifestó que Daniel Ortega y Rosario Murillo están tratando de ocultar los crímenes de lesa humanidad que cometieron desde abril de 2018 contra los ciudadano nicaragüenses que protestaban por unas fallidas reformas a la Seguridad Social, y que provocaron el asesinato de más de 300 personas y el exilio de más de 70 mil personas que se encuentran refugiadas en Costa Rica.
