29 de abril 2019
El Gobierno de Costa Rica insistió este lunes a Nicaragua que libere a la periodista nicaragüense-costarricense, Lucía Pineda, jefa de prensa del canal 100 % Noticias, acusada de "terrorismo", así como a otros presos políticos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado de prensa que junto a la prensa y los familiares de Lucía Pineda esperaban este lunes el inicio del juicio contra la comunicadora, "tras haber sido suspendido, a última hora y sin explicaciones", el pasado 18 de marzo.
"Ante una nueva solicitud por parte del cónsul general de Costa Rica en Managua, Oscar Camacho Ramírez, para estar presente durante el juicio, la respuesta de las autoridades nicaragüenses ha sido que para los presentes días 'no hay audiencias programadas para los presos por delitos contra el orden público'", explicaron las autoridades costarricenses.
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Preocupados por Lucía
Costa Rica acogió las preocupaciones de los familiares de la periodista quienes han expresado reiteradamente su preocupación por el estado de reclusión de Lucía Pineda, que atentan contra la salud y la integridad de la comunicadora debido a las deplorables condiciones de encarcelamiento.
Desde la detención de Lucía Pineda, el 21 de diciembre de 2018, Costa Rica ha formulado más de una decena de solicitudes para prestar asistencia consular a la periodista, que posee la nacionalidad nicaragüense y costarricense.
Sin embargo, las autoridades nicaragüenses no han respondido a dichas peticiones.
"Costa Rica deplora la prolongación de la cárcel para la periodista y ha reiterado que persistirá en sus gestiones a fin de resguardar la integridad física y el debido proceso de la comunicadora", cita el texto de la Cancillería.
Pineda fue detenida el pasado 21 de diciembre junto al director y propietario de ese medio, Miguel Mora, y ambos enfrentan cargos de "terrorismo" e "incitar al odio".
“No hay fecha prevista, no sabemos bajo qué circunstancias se suspendió el juicio, lo cierto que estos casos corresponden a una índole política”, declaró el abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro.
Sin embargo, el abogado insiste en que la causa debe ser anulada por las múltiples irregularidades en el proceso.