24 de marzo 2023
AA
La Policía Nacional secuestró la noche del jueves 21 de marzo a la doctora Anely Pérez Molina, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). De esta manera, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reactiva las detenciones ilegales de opositores, una práctica que en las últimas semanas había suspendido.
La doctora se desempeñó como secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense (UNM) —perteneciente a la ACJD—, organización que alertó, desde un primer momento, del mal manejo que hacía la dictadura de la pandemia de la covid-19, que según datos oficiales solo ocasionó 245 muertes, pero un análisis de sobremortalidad hecho por CONFIDENCIAL —basado en los mismos datos del Mapa de Salud— reveló que en realidad hubo 17 192 fallecidos en los últimos tres años.
La detención de Pérez fue denunciada en las redes sociales por Lesther Alemán y Yubrank Suazo, quienes en el pasado fueron detenidos, condenados y luego desterrados y declarados “apátridas” por la dictadura.
La dermatóloga fue detenida en su casa de habitación en Carretera Sur, en Managua, en medio de un fuerte dispositivo policial, según información de medios locales.
A través de un comunicado, la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua (AMEN) rechazó “enérgicamente la arbitraria detención de la Dra. Anely Pérez Molina, una ciudadana nicaragüense que ha estado al servicio de la población desde su arduo trabajo por la salud”.
Encarcelamientos siguen siendo constantes, denuncian
De acuerdo con la organización, Anely Pérez “se encuentra encarcelada por ser promotora y defensora de los derechos humanos, la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua”.
“Con su detención —prosiguen—, el régimen autoritario de Daniel Ortega demuestra que, la persecución, el asedio, las amenazas y los encarcelamientos contra la sociedad civil opositora, siguen siendo constantes en el país”.
La asociación denunció además que “el gremio médico y de trabajadores de la Salud no afines al Gobierno, han estado en riesgo en Nicaragua desde el estallido social del año 2018, y que el acoso, las amenazas, persecuciones, despidos, exilio y encarcelamientos siguen siendo realidades que ponen en riesgo a una gran población de profesionales sanitarios”.
