24 de noviembre 2020
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció este martes que personas desconocidas están utilizando su nombre para obtener datos personales de los presos en Nicaragua.
"Personal ajeno a esta organización humanitaria estaría presentándose de manera indebida como representante de la institución para ofrecer ayuda económica, a cambio de datos personales de personas privadas de la libertad", denunció el CICR en una declaración.
En el contexto de la crisis, el trabajo del CICR es conocido en Nicaragua por sus visitas a los opositores encarcelados, que consiste, bajo la coordinación del Gobierno, en conocer las condiciones en las que se encuentran, aunque por norma no brinda información de los reos.
Casos similares fueron denunciados por el CICR en mayo y julio pasado, aunque en esas ocasiones aparentemente la estafa estaba dirigida específicamente a los familiares de los presos políticos.
Niegan este tipo de ofrecimientos
El Comité insistió en que "no realiza estos ofrecimientos, no tiene programas de asistencia, ni brinda apoyo económico de ningún tipo en Nicaragua, ni de manera directa ni a través de terceros".
"El CICR tampoco recolecta datos individuales ni pide información individual a personas con fines de asistencia", sostuvo.
Recordó que la organización internacional desarrolla programas en el país a través de la Cruz Roja Nicaragüense, cuyo personal está "debidamente capacitado e identificado", y que estos están dedicados a actividades humanitarias.
"En estos momentos se encuentran atendiendo a la población que resultó afectada por los huracanes Eta e Iota, contribuyendo de esta manera en aliviar el sufrimiento humano de los más vulnerables, aplicando los principios fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja, como son la neutralidad y la imparcialidad", sostuvo.
Desde marzo de 2019, el CICR cumple una misión de seguimiento de los presos y excarcelados políticos en Nicaragua, para garantizar que se respeten las normas internacionales humanitarias por petición de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en conversaciones con el Gobierno del presidente Daniel Ortega en aquella fecha.
