10 de noviembre 2023
AA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el cierre del espacio cívico en Nicaragua, mediante la cancelación de la personería jurídica y la disolución forzada de miles de organizaciones de la sociedad civil, es parte de “una estrategia estatal represiva que suspende de facto derechos y libertades fundamentales” de los nicaragüenses.
En su informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, presentado la noche de este jueves 9 de noviembre, el organismo precisa que esta estrategia represiva tendría como fin “consolidar un régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basado en la interposición de un estado policial, el mismo que ha venido siendo denunciado reiteradamente por la CIDH”.
La relatora para Nicaragua, comisionada Esmeralda Arosemena, explicó que el informe aborda —por primera vez— el concepto de espacio cívico en el contexto de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, así como los estándares del sistema interamericano relacionados con las condiciones y garantías necesarias para que las personas y las organizaciones de la sociedad civil puedan participar libremente en la vida democrática.
“Este contexto constituye uno de los casos más graves en la región, frente a medidas estatales que restringen que las personas y grupos expresen sus opiniones libremente y participen en la toma de decisiones”, expresó la comisionada Arosemena.
Régimen ha cancelado 3390 organizaciones
Entre el 18 de abril de 2023 y el 31 de agosto de 2023, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) registró 3390 organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personería jurídica, de un total de 7227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018.
De las 3390 organizaciones canceladas hasta agosto, 32% trabajaban temas de desarrollo, 16% eran gremiales, 11% religiosas y 10% defensoras de derechos humanos.
“En 2022 el patrón se intensificó”, advirtió Arosemena. “La Comisión observó falta de motivación y justificación para cancelar las personerías jurídicas de las organizaciones”, agregó.
Mientras tanto, el director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, enfatizó que la cantidad de organizaciones cerradas corresponden al 47% de las organizaciones registradas en el país.
Enfatizó que este cierre masivo de organismos civiles ha limitado la capacidad de los actores para participar en las actividades políticas y religiosas y, además, ha generado un impacto negativo en las comunidades.
Valoró que el cierre de estos organismos ha afectado a unas 23 000 personas y causado la pérdida de unos 250 millones de dólares en cooperación para el desarrollo.
Finalmente, Ruiz enfatizó que —además de las cancelaciones de las personerías jurídicas— los bienes de algunos organismos han sido confiscados, sus cuentas bancarias han sido congeladas y sus dirigentes son víctimas de persecución.
“Un mensaje aleccionador a la sociedad en su conjunto”
El relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, señaló que el cierre masivo de organizaciones civiles en Nicaragua ha sido “barnizado de legalidad”, pero el fin último de estas acciones es censurar todas las voces críticas y enviar “un mensaje aleccionador a la sociedad en su conjunto”.
Vaca destacó que el proceso de cierre del espacio cívico en Nicaragua incluye una serie de patrones como la criminalización de personas consideradas opositoras al Gobierno, la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de protestas y manifestaciones, medidas para la desarticulación de movimientos sociales y medios de comunicación, la persecución selectiva de toda persona que cuestione al Gobierno en cualquier ámbito de participación.
También destacó la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y para la participación cívica en asuntos de interés público en Nicaragua y describió los distintos mecanismos de censura empleados como parte de la estrategia para perseguir y limitar toda voz que cuestione al Gobierno.
Entre esos mecanismos de censura destacan “el control indebido de los medios de comunicación, el abuso del poder punitivo contra periodistas, detenciones arbitrarias, vigilancia a la prensa, la aprobación e implementación de leyes restrictivas que permiten el encarcelamiento de personas por expresar disensos sobre cuestiones de interés público, la implementación de facultades regulatorias para el bloqueo de Internet y el uso de discursos estigmatizantes de autoridades en contra de periodistas”, subrayó Vaca.
“Un momento de regresión autoritaria”
La directora del programa para México y Centroamérica de Cejil, Claudia Paz y Paz, valoró que el cierre del espacio cívico en Nicaragua es parte de la “regresión autoritaria” en la región y advirtió que “en un entorno autoritario cualquier excusa es buena para cancelar organizaciones”.
También enfatizó que “el espacio cívico no es una concesión estatal” sino que es parte de los derechos a la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
El cierre del espacio cívico en Nicaragua también ha incluido restricciones a la libertad de religión, entre las que se destacan: la persecución de la Iglesia católica, la criminalización de servicios religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias, la privación arbitraria de la libertad de miembros de la iglesia y otros hechos de represión y represalia contra integrantes de la Iglesia católica debido a su rol de mediación en el Diálogo Nacional en 2018, y su papel crítico al denunciar las violaciones a los derechos humanos.
