17 de julio 2019
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno de Nicaragua a "cesar hostigamientos" contra los defensores humanitarios en el país, que atraviesa su peor crisis sociopolítica en décadas.
"CIDH urge a cesar estos hostigamientos y recuerda al Estado de Nicaragua que obstaculizar la labor de defensoras y defensoras", resaltó el organismo este martes.
El pedido de la CIDH se da luego de varias denuncias sobre el asedio de la Policía de Nicaragua en las sedes de organismos defensores de los derechos humanos.
El organismo dijo tener "conocimiento de que la vigilancia y el seguimiento policial se intensificaron de manera amenazante sobre personas y organismos de derechos humanos en Nicaragua, en particular el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el grupo de Defensores del Pueblo, que reúne a abogados de los presos políticos aún en prisión, bajo proceso y excarcelados, liderados por el abogado Julio Montenegro.
El asedio policial es más frecuente desde la semana pasada, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado de Nicaragua proteger a los integrantes del Cenidh y la CPDH.
Como resultado de las acciones policiales, al menos tres personas fueron detenidas este martes en Managua, mientras intentaban denunciar violaciones a sus derechos humanos, aunque después fueron liberadas, denunció el grupo de abogados Defensores del Pueblo.
"Desestimar las medidas provisionales determinadas por la CorteIDH constituyen incumplimientos de sus obligaciones internacionales", advirtió la CIDH, al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Se consolida Estado policial
Este mismo martes, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció la "consolidación de un Estado policial, que utiliza todos los poderes del Estado para reprimir y criminalizar la protesta cívica y la disidencia", luego de que el Poder Judicial negó dar sobreseimiento definitivo y devolución de bienes a "presos políticos" excarcelados a través de una amnistía.
"Los jueces están dictando autos judiciales en los que mandan a archivar las causas, suspenden los efectos de las medidas cautelares y mandan a borrar antecedentes, pero no sobreseen a los acusados, con lo cual garantizan en beneficio del régimen, poder volver abrir dichas causas", resaltó la Alianza.
Esta actuación, según los denunciantes, va en contra del Código Procesal Penal, que establece que "una de las causas que extingue la responsabilidad penal, es la amnistía, la cual extingue por completo las penas principales y accesorias y todos sus efectos".
La actuación de los jueces se da a la vez que la mayoría de los manifestantes excarcelados son asediados por policías o "paramilitares", y algunos han vuelto a ser detenidos para responder por los delitos que están cubiertos por la amnistía.
"Los jueces en los procesos contra los excarcelados políticos deben en forma inexcusable dictar sentencias de sobreseimiento a favor de estos", insistió la oposición.
La Alianza recordó que el Poder Judicial "se debe regir por los principios de igualdad, celeridad y derecho a la defensa", así como encaminar "el principio de legalidad, proteger y tutelar los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia mediante la correcta aplicación de la ley en los procesos judiciales de su competencia".
Al menos 620 "presos políticos" excarcelados entre febrero y junio deberían de poder desplazarse libremente en Nicaragua, pero son objeto de asedio, según la oposición, que a su vez reclama que se aplique la justicia a policías y "paramilitares" envueltos en asesinatos de cientos de manifestantes.
