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CIDH concede medidas cautelares a indígenas del Caribe

CIDH otorgó medidas cautelares ante “inacción” del gobierno de Ortega ante el recrudecimiento de la violencia en territorios indígenas

Indígenas de la reserva de Bosawas. Carlos Herrera/Confidencial.

Wilfredo Miranda Aburto

25 de enero 2016

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a seis pueblos indígenas del Caribe nicaragüense que han estado envueltos en una espiral de violencia a causa de sus tierras y el enfrentamiento con los llamados colonos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informó que la CIDH otorgó las medidas cautelares ante “la inacción” del gobierno de Daniel Ortega ante el recrudecimiento de la violencia en los territorios de Wanki Li Aubra y Li Lamni Tasbaika Kum.


El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Según la normativa, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá —a iniciativa propia o a solicitud de parte— solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente.

En el caso de los indígenas, que han denunciado la complacencia de personeros del gobierno con los colonos, la CIHD resaltan que han sido “objeto de violencia, secuestros, amenazas de muerte, asesinatos y desplazamientos forzados”. De acuerdo al CEJIL, la decisión del organismo regional de derechos humanos beneficiará a miles de indígenas miskitos.

Desde octubre de 2015, la CIDH había decidido solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de cuatro comunidades indígenas: Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, todas del territorio miskitu Wangki Twi-Tasba Raya. No obstante, a la fecha, “el Estado de Nicaragua no ha hecho nada para proteger a dichas comunidades”, según la CIDH.

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“Por el contrario, ha emprendido represalias en contra de las comunidades beneficiarias, al suspender la implementación de proyectos de asistencia social, seguridad alimentaria y educación en la zona”, denuncia el organismo.

La ciudad de Waspam, punto neurálgico de las comunidades indígenas asentadas en el Caribe Norte de Nicaragua, sobre la brecha del fronterizo Río Coco, se convirtió en un escenario sangriento durante las Fiestas Patrias de 2015. La intervención de las fuerzas de choque del FSLN, la Policía Nacional y el Ejército en el conflicto que los comunitarios mantienen con los “colonos” que invaden sus tierras terminó con varios heridos de gravedad esa vez.

El CEJIL resumió que en el lapso de cuatro meses, seis miskitos han sido asesinados, decenas han sido heridos, diez han sido secuestrados, y los pobladores de estas comunidades han sido constantemente amenazados. “Uno de los incidentes más graves ocurrió en la comunidad de Polo Paiwas que, entre octubre y diciembre de 2015, fue atacada dos veces, siendo sus casas saqueadas y quemadas, dejándola prácticamente inhabitable”, sostiene el organismo.

“El Estado ha guardado silencio tanto ante organismos internacionales como a nivel interno. Esto no puede continuar. Exigimos una respuesta del Estado y que cumpla con sus obligaciones”, denunció Lottie Cuninham, Directora de Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

El CEJIl exige al gobierno de Ortega que haga cumplir las medidas cautelares recomendadas por la CIDH. “La situación que está viviendo el país desde hace meses, requiere de acción rápida y decisiva por parte del Estado”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Nicaragua no puede ignorar durante más tiempo la responsabilidad que le compete de detener la violencia que está acabando con la vida de los miskitos en la zona del Caribe Norte”, agregó.


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Wilfredo Miranda Aburto

Wilfredo Miranda Aburto

Periodista. Destaca en cobertura a violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal en territorios indígenas, medio ambiente, conflictos mineros y ejecuciones extrajudiciales. Premio Iberoamericano Rey de España 2018.

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