31 de agosto 2016
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La franja de tierra que ocuparía el Canal Interoceánico tuvo actividad este miércoles: miles de campesinos, en diferentes departamentos y municipios, marcharon simultáneamente para exigir a la Asamblea la derogación de la Ley 840, que entrega la soberanía nacional al empresario chino Wang Jing y permite las expropiaciones de sus tierras, la principal causa de escozor en el campesinado.
Los campesinos aseguraron que marcharon 24 mil personas. Este miércoles interpusieron un escrito de reclamo ante el Poder Judicial, argumentando retardación de justicia.
"El Consejo esperará la respuesta de las autoridades judiciales a esta enorme movilización. Posteriormente valorarán las acciones a seguir. El grupo organizador hizo hincapié en que el movimiento campesino se mantiene en alerta permanente y no permitirá que el proyecto se desarrolle en sus comunidades", dice un comunicado emitido este jueves por el movimiento campesino.
El movimiento reafirmó su identidad campesina y popular, que de manera autónoma, han conformado una organización amplia y diversa para defender la tierra, el lago y la soberanía.
El Consejo Nacional en Defensa De Nuestra Tierra Lago y Soberanía organizó esta jornada simultánea, que contó con marchas y acciones de protestas en veinte lugares: En el núcleo duro de la protesta anti Canal en Nueva Guinea (La Fonseca, La Unión y Puerto Príncipe), en el Río Punta Gorda (Polo de Desarrollo Daniel Guido), en Río San Juan (El Tule, El Moniko, El Almendro, Los Chiles y La Quezada). La protesta también sonó en la paradisiaca Isla de Ometepe, en Rivas (Tolesmaida), en Muelle de los Bueyes, en Chontales (Santo Domingo), Nueva Segovia y en León, Chinandega y Managua, ciudades fuera de la ruta.
El reclamo campesino y ciudadano no está dirigido solo al comandante Daniel Ortega, quien impulsa el proyecto pese a no presentar estudios fiables de factibilidad técnica y económica, sino contra la Corte Suprema de Justicia para que resuelva al favor del movimiento campesino el recurso de amparo para que el Parlamento tramite la iniciativa ciudadana que exige derogar la ley 840.
“¡Basta ya, Ortega, Nicaragua no es tu finca!”, “Traidores, vende patria” y "Nicaragua está hecha para ser libre y soberana, no al canal", fueron algunas de las frases dedicadas al mandatario sandinista y funcionarios del Gobierno, que impulsa el proyecto. En algunos casos las manifestaciones fueron vigiladas por la Policía, sin que hayan ocurrido incidentes.
El pasado 12 abril, la secretaría de la Asamblea Nacional rechazó la iniciativa ciudadana respaldada por 28 mil firmas. La Secretaría del Parlamento argumentó que en 2013 la Corte Suprema de Justicia tampoco dio lugar a los recursos por inconstitucionalidad contra la ley 840, por lo que el Poder Legislativo se declaró falto de “competencia” para tramitar la solicitud.
La abogada Mónica López Baltodano, asesora del movimiento campesino, dijo que el Poder Judicial incurre en retardación de justicia al no responder sobre el recurso de amparo presentado por el movimiento anti canal el doce de mayo.
López señaló que el 27 de mayo el Poder Judicial emitió un auto mandando el recurso a la Sala de lo Constitucional para estudiarlo y resolverlo. “A partir de ese momento corren 45 días para la emisión de la sentencia, por lo que debió haber sido emitida el diez de julio… o sea, mes y medio de retardación de justicia para los campesinos”, explicó la abogada.
Amnistía Internacional emitió una declaración pública en la que brindaba respaldo a las protestas simultáneas. La organización que defiende derechos humanos a nivel mundial expresó que “se encuentra preocupada por la falta de información detallada del proyecto y de las medidas que el Estado pretende tomar para asegurar que los derechos de las comunidades afectadas sean debidamente respetados y protegidos”.
“Amnistía Internacional insta al Estado nicaragüense a garantizar adecuadamente los derechos a la libertad de expresión y reunión pacifica de todas las personas y asegurar que todas las comunidades que podrían verse afectadas por la construcción del Gran Canal son debidamente consultadas, incluyendo el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado”, se lee en la declaración
Según el diseño más reciente del proyecto, el Canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, previstas para comenzar a finales de 2016.
El costo del proyecto está calculado en unos 50 mil millones de dólares, de acuerdo con HKND Group. Sin embargo, el empresario Wang Jing no ha revelado quiénes son los supuestos inversionistas de la mega obra.
Con información de EFE.
