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Maduro declara "estado de emergencia económica"

El mandatario debe presentarse este viernes a la Asamblea liderada por la oposición. Oficialismo impugna a otro diputado de la MUD

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (d), habla con el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio del Pino (i), mientras recibe una marcha de trabajadores de la empresa estatal en el Palacio de Miraflores. EFE

Agencia EFE

15 de enero 2016

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Caracas-. El Gobierno de Venezuela decretó el "estado de emergencia económica" en todo el territorio nacional por un período de 60 días, de conformidad con la Constitución, según publicó la Gaceta Oficial. En una comparecencia desde el Palacio Presidencial de Miraflores, tras publicarse el decreto en la Gaceta, el vicepresidente económico y ministro de Economía Productiva, Luis Salas, señaló que se adopta esta medida "para proteger al pueblo en función de las amenazas existentes".

El decreto, explicó el ministro, le concede al Ejecutivo "atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que atraviesa la economía venezolana". Esa atribución se le concede al Gobierno para "asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales", afirmó.

Salas dijo que con este decreto se intentan "mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros".

El decreto concede al Gobierno la facultad de adoptar medidas para "disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015" para sufragar la inversión que "asegure la continuidad de las misiones sociales, el abastecimiento de alimentos y otros recursos esenciales para la vida". Asimismo, permite al Ejecutivo asignar recursos extraordinarios, tanto previstos como no, "para optimizar la atención en sectores como salud, educación, alimento y vivienda, que podrán ser ejecutados a través de las misiones". También le faculta para "diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y la reducción fiscal" o "dispensar de la modalidad del régimen de contrataciones públicas en determinados sectores a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia". Además podrá "disponer de los tramites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías" e implementar "medidas especiales para agilizar el transito de mercancías por puertos y aeropuertos, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requieran para hacer posible dicha agilización".


El decreto también confiere al Gobierno la capacidad de "dispensar de los trámites cambiarios" a "órganos y entes del sector publico o privado para agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento, la reactivación productiva o el aumento de la capacidad tecnológica". Además, el Ejecutivo podrá "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios para el disfrute pleno de sus derechos".

Para garantizar ese acceso, se podrán "requerir los medios públicos, privados o de empresas mixtas" necesarios. Los ministerios y el Banco Central de Venezuela (BCV) podrán también poner "restricciones a determinadas operaciones comerciales o financieras para proteger la moneda nacional". El ministro indicó que el decreto se remitirá a la Asamblea Nacional para "su consideración y aprobación" dentro de los ocho días siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial.  Asimismo, se remitirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "para que se pronuncie sobre su constitucionalidad" también en los ocho días siguientes, dijo Salas.

Los 60 días de vigencia del decreto, que ha sido aprobado por el presidente, Nicolás Maduro, y refrendado por todo el Gobierno, podrán prorrogarse por otros 60 más, aseguró el vicepresidente económico.

Banco Central publica datos

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este viernes por primera vez datos del incremento de los precios en el país referentes a 2015 e indicó que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (INPC) fue del 141,5 por ciento al cierre del tercer trimestre de ese año.

La inflación acumulada en los nueve primeros meses de 2015 fue del 108,7 por ciento, mientras que el producto interior bruto (PIB) experimentó una caída del 7,1 por ciento hasta septiembre, según un comunicado del BCV.

El INPC, elaborado por el BCV y el Instituto Nacional de Estadística (INE) combinó variaciones intertrimestrales del 19,1 por ciento, 26,1 por ciento y 38,9 por ciento, correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de 2015 respectivamente, cifras de las que deriva el 108,7 por ciento acumulado, indica la nota.

Esta inflación de septiembre es la más alta de la historia en Venezuela, ya que supera el máximo alcanzado en 1996 durante el mandato de Rafael Caldera, cuando se ubicó en el 103 por ciento.  Entre los rubros que presentaron mayor incremento resaltan alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 55,7 por ciento; restaurantes y hoteles, con un 52 por ciento; bebidas alcohólicas y tabaco, con el 50,9 por ciento; y servicios de educación, con el 43,3 por ciento. Asimismo, el informe señala el comportamiento adverso en el PIB, lo que, según argumenta, viene explicado "por la disminución del valor agregado de la actividad no petrolera y de la actividad petrolera".

El informe detalla las cuentas del país petrolero que registra unas reservas internacionales de 16.275 millones de dólares al finalizar 2015. El Gobierno aprobó hoy un decreto de "emergencia económica nacional" para hacer frente a "la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que atraviesa la economía venezolana"

Oficialismo impugna a otro diputado opositor

El presidente de La Asamblea Nacional Henry Ramos Allup (i) ofrece declaraciones a periodistas en la ciudad de Caracas (Venezuela). EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

El presidente de La Asamblea Nacional Henry Ramos Allup (i) ofrece declaraciones a periodistas en la ciudad de Caracas (Venezuela). EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó de una nueva impugnación de las pasadas legislativas realizada por el exdiputado del oficialista partido PSUV Andrés Eloy Méndez, derrotado por un candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado de Falcón.

Méndez, candidato en la circunscripción 4 del estado Falcón, introdujo el reclamo en la Sala Electoral del Tribunal Supremo alegando que los reportes de su comando de campaña difieren de los resultados que se encuentran en las actas de escrutinio y totalización del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según los resultados oficiales del CNE, Juan Manaure (MUD) obtuvo 47.553 votos válidos (49,95%) y Méndez capitalizó 44.779 votos (47%) de los 103.914 votantes que acudieron a las urnas el pasado diciembre en esa circunscripción, mientras que se contabilizaron 8.714 sufragios nulos (8,38%).

Con este recurso suman 10 los diputados de la MUD impugnados por el PSUV, tras las realizadas en circunscripciones de los estados Aragua, Yaracuy, Amazonas y la circunscripción indígena Sur conformada por los estados Apure y Amazonas.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la investidura en el Parlamento de los tres diputados de Amazonas y el representante indígena de la región Sur, lo que produjo su desincorporación de la Asamblea Nacional (AN).

De esta manera y mientras el Tribunal Supremo decide sobre la impugnación chavista de la elección de los cuatro legisladores del estado Amazonas (sur) -tres opositores y un chavista-, la mayoría que detenta la opositora MUD en el parlamento se reduce de 112 a 109 legisladores.  En el caso de los otros estados aún debe resolver sobre ello.


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Agencia de noticias internacional con sede en Madrid, España. Fundada en Burgos durante la guerra civil española en enero de 1939.

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