29 de julio 2017
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El Ministerio Público de Guatemala, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), continúa el proceso judicial en contra de las personas relacionadas al exministro Alejandro Sinibaldi, acusadas de integrar una estructura criminal señalada de lavar dinero obtenido en actos de corrupción en Nicaragua.
En la audiencia, realizada en el Juzgado de Mayor Riesgo D, el Ministerio Público reveló que las personas señaladas participaron en la administración de las empresas de papel, las cuales eran manejadas por una red de operadores, quienes por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero provenientes de soborno.
VEA: El caso Sinibaldi: una red de corrupción que amenaza con lavar dinero en Nicaragua
Según las autoridades guatemaltecas, Sinibaldi cobraba coimas millonarias a empresas constructoras y de telecomunicaciones a las que se les asignaban contratos públicos y colectó hasta 13 millones de dólares de forma ilícita entre 2012 y 2015. Este dinero habría sido depositado en empresas de cartón en Guatemala como Constructora Benelli, Agropecuaria Agua Azul, Agropecuaria Don Nico, Inversiones MJS, e Inversiones Nápoles, entre otras, y dejó un registro de gastos suntuarios y compras de fincas, apartamentos, un jet privado y un helicóptero en Guatemala.
Algunos de los acusados viajaron a Nicaragua, y constituyeron cinco empresas, similares a las empresas de cartón de Guatemala, para acreditar el flujo de dinero que recibían las entidades comerciales vinculadas con la estructura que operaba en Guatemala.
“Con esas empresas se gestionaron préstamos y otras diligencias financieras, con el fin de justificar el incremento de capital a disposición del señor Alejandro Sinibaldi”, enfatizó el fiscal, según cita en su edición digital el diario Prensa Libre de Guatemala.
Otra empresa vinculada a Sinibaldi en Guatemala, Arqco, fue allanada por las autoridades en ese país. Arqco también opera en Managua ofreciendo servicios de tercerización, y según fuentes del sistema financiero se encuentra en la mira de las investigaciones de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, ni la Superintendencia ni la UAF han brindado información sobre si Arqco utilizó el sistema financiero del país para intentar lavar dinero.
En Nicaragua, CONFIDENCIAL solicitó información sobre el caso a las autoridades correspondientes, pero ni la UAF ni la Fiscalía o la Policía Nacional se han pronunciado sobre el caso. El Ministerio Público de Guatemala informó que habían solicitado ayuda al Estado de Nicaragua, y agregó que todavía no recibía respuesta de parte de las autoridades de nuestro país.
Roberto Orozco, investigador independiente en temas de seguridad nacional, expuso que es necesario que la UAF se pronuncie sobre el caso, aunque recordó que existe un problema estructural dentro de esta institución y tiene que ver con la inexistencia de una unidad investigativa.
Hasta el momento, el Ministerio Público de Guatemala no ha presentado las pruebas sobre el mecanismo que usaron los señalados para lavar dinero en Nicaragua y el monto de la operación.
Entre los sospechosos figuran notarios, contadores que contribuyeron con el exfuncionario para manejar las entidades comerciales, y contratistas del Estado que dieron comisiones ilegales a empleados del Ministerio de Comunicaciones para obtener contratos de obras públicas o para que les fueran cancelados los trabajos que ya habían ejecutado.
Las investigaciones indican que los sospechosos se enteraron de las acciones penales que se desarrollaban en su contra, y por eso en noviembre del 2016 comenzaron actividades para ocultar las evidencias que los vinculaban y que podían ser utilizadas como pruebas en el caso.
