8 de marzo 2016
AA
El rostro de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada hace cinco días, estuvo presente este 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, en la marcha realizada en Managua por movimientos feministas y organismos defensores de derechos humanos. El rostro de la líder lenca era cargado por cientos de mujeres que no pudieron terminar su recorrido debido a un cordón policial que obstaculizó el paso.
Una de las primeras en cesar la marcha ante las oficiales fue Francisca Ramírez, una campesina originaria de La Fonseca, Nueva Guinea, que portaba un retrato de Berta Cáceres con la palabra justicia impresa. Ramírez sabe que el rostro de la mujer que lleva en la mano fue asesinada por defender la tierra, los ríos y a los indígenas de la explotación. Sabe que Berta Cáceres fue amenazada, perseguida y que enfrentó al gobierno de Honduras. Ramírez también sabe que ella misma ha vivido parte de esa historia por oponerse a las expropiaciones que implica el mega proyecto del Canal Interoceánico.
“Están atentando contra la vida de los nicaragüenses con una ley y una concesión que ha puesto el gobierno, y que sentimos que ha violado nuestros derechos. Tenemos que luchar como lo hizo Berta Cáceres, aunque nos toque dar la vida por aquellos que no tienen voz, los que no hablan”, declaró Ramírez, sin soltar de la mano a su pequeña hija que la acompaña esta mañana soleada.
Ramírez recordó que la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua allanaron su casa el 18 de diciembre de 2014 sin orden judicial; que un hombre la amenazó con pistola frente a policías cuando organizaba una marcha contra el Canal. “Me han hecho todo eso como si fuera delincuente por pedir respeto por nuestra tierra, que es el bien común que tenemos”, lamentó la campesina.
Ramírez afirmó que el gobierno del comandante Daniel Ortega ha violado el derecho de los nicaragüenses al entregar la concesión al empresario chino Wang Jing sin consultar a las más de 120 mil personas que serían desplazadas para dar paso al proyecto canalero. `
“Hemos trabajado toda la vida por nuestras propiedades, y el gobierno no consulta las decisiones que toma que fuéramos animales o un mueble; exigimos la derogación de la ley 840”, fustigó Ramírez.
Sandra Ramos, del Movimiento María Elena Cuadra, dijo que el asesinato de Berta Cáceres significa “el acabose de una política misógina contra las defensoras de los derechos humanos”. Por su parte, Juanita Jiménez, directiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), señaló que esto representa la vulnerabilidad de las defensoras de derechos humanos en Centroamérica, quienes trabajan en un contexto de “autoritarismo, militarización y ánimo de doblegar la protesta social”.
“Doña Chica es un ejemplo de esos otros liderazgos que día a día están en sus comunidades batallando sus derechos individuales y colectivos. Berta Cáceres es un símbolo no solo para Honduras, sino para Centroamérica y el mundo entero”, aseguró Jiménez. “Demuestra la valentía, la coherencia de una mujer en la lucha de su comunidad, por la tierra, por el agua, por la vida…”, agregó.
Mama Grande es una indígena de Waspán, Río Coco, que llegó a Managua este 8 de marzo para denunciar “que hombres con poder (colonos) han causado mucho daño al medio ambiente”. Mama Grande caminaba a paso ligero en medio de las mujeres que cantaban, coreaban y bailaban por la no violencia. “Allá en el Río Coco persiste la presencia de hombres armados, los muertos han dejado viudas; no apoyan a los niños. La salud es un caos. No exigimos lo imposible, exigimos nuestros derechos”, clamó la indígena.
Miedo a la movilización
La marcha del 8 de marzo inició frente a la sede de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y pretendía terminar en Plaza el Sol, donde despacha la primera comisionada Aminta Granera. Pero las mujeres policías, con escudo en mano, impidieron la marcha. ¿Por qué?, se preguntaban las mujeres.
Para la ex guerrillera sandinista, Mónica Baltodano, hay una respuesta: “El miedo del régimen a la movilización de la gente, el miedo del régimen a la denuncia, a la lucha por la libertad, la autonomía que las mujeres organizadas y feministas de este país”.
Casi al mismo tiempo que las mujeres marchaban en Managua, la primera dama Rosario Murillo celebraba el Día Internacional de la Mujer con un escrito de su autoría. “Y lo Nuevo y lo Mejor és una Mujer-Persona, o una Persona-Mujer, con voz propia. Una Pareja con capacidad de Entendimiento y Respeto. Una Familia, donde se cultiven Valores y Cariño. Una Comunidad, un País, un Planeta, donde los Seres Humanos reconozcamos la Mano de Dios, y recojamos Milagros, Prodigios, Portentos, que, sin el corazón abierto, pasarían inadvertidos, entre la vorágine, la superficialidad, y la pequeñez (sic)”, leyó Murillo en sus medios oficiales.
Critican “desmantelamiento de ley 779”
Xóchilt Martínez/Confidencial
La Red de Mujeres Contra la Violencia y las Católicas por el Derecho a Decidir recordaron que desde 2012 a la fecha más de 300 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua por la violencia de género. Para estas organizaciones, la “desmantelación” que el gobierno de Ortega ha hecho de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (779) inducirá en más muertes de mujeres.
“Ha sido una batalla fuerte el derecho a tener la ley 779, pero que el Estado de Nicaragua no ha podido designar un presupuesto real”, adoleció Rodríguez, quien criticó la decisión de no dar cárcel a quienes no paguen pensión alimenticia, o la liberación dictada por el gobierno sandinista a los agresores con penas menores.
“El riesgo es que la situación de femicidio va a aumentar y esto es lo que busca el gobierno, ganar con su populismo. Pero lo que vamos a tener es más mujeres muertas y más violencia institucionalizada”, recriminó Rodríguez.
Para la dirigente del MAM el “desmantelamiento” de la ley 779 no solo ha sido la reglamentación dictada por el comandante Ortega sino “una serie de orientaciones y normativas al margen de la ley, a nivel de la comisaría de la mujer que son inexistentes, a nivel de los jueces”. “Hay una vulnerabilidad de los derechos y lo condenamos, pero también celebramos el liderazgo firme de un movimiento de mujeres que siempre está en las calles”, dijo.
Rodríguez recordó que otra exigencia este 8 de marzo fue el “derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”. Afirmación que atañe a la prohibición del aborto terapéutico en el país. “Es una batalla cotidiana, muchas adolescentes salen embarazadas. Hay más de seis mil que han estado embarazada, pero muchas veces el Estado de Nicaragua maquilla los datos de violencia y el abuso sexual que hay entre las menores que salen embarazadas”, cuestionó.
La marcha terminó con el rapeo de la artista Gaby Baca y las decenas de retratos de Berta Cáceres sonriendo, encima de una piedra del río Gualcarque que tanto defendió hasta el día que fue asesinada, mientras dormía. “La Berta se ha multiplicado”, decían las mujeres en Managua.
