"La cadena de mando de la persecución política debe ser enjuiciada por crímenes"

Daniel Ortega y Rosario Murillo extendieron en el último año la represión a toda la población que sea percibida como opositora o que “no sea lo suficientemente leal” al régimen sandinista, señala el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un nuevo informe ante la Organización de las Naciones Unidas, presentado este 29 de febrero de 2024.
El informe concluye que “el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en el presente informe y en el primer informe del Grupo. Nicaragua también debe responder por su posible responsabilidad estatal”.

Los expertos señalan a la dictadura de realizar “actos ilegales” con la intención de “garantizar, mediante la violación de multitud de derechos humanos, la eliminación de cualquier amenaza que estas personas pudieran suponer”.
Además, profundizan en el análisis de los patrones de violaciones y abusos, la impunidad y las responsabilidades penales individuales, describiendo la estructura de poder organizada del Estado represivo y sus cadenas de mando.