Este es el comentario de Carlos F. Chamorro en la edición del 11 de febrero de 2024, en Esta Semana. A continuación, un fragmento del mismo:
Un año después de la liberación de los 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, la dictadura familiar en Nicaragua ha seguido profundizando su propia crisis en el poder, al imponer un régimen cada vez más totalitario. La “innovación” del sultanato Ortega-Murillo ha sido crear un sistema de persecución de la disidencia, que castiga por igual a los que demandan elecciones libres y democracia, que a las monjitas de Madre Teresa de Calcuta, o a los promotores de una reina de belleza, ganadora de Miss Universo. Su receta es una maquinaria clientelista de control social, culto a la personalidad, espionaje político y extorsión económica, que está provocando la migración masiva de los nicaragüenses hacia Estados Unidos, Costa Rica y otros países, en busca de libertad, seguridad y oportunidades.
Si algún despistado analista internacional pronosticó que después de reelegirse en noviembre de 2021, sin competencia política y con todos los precandidatos presidenciales de la oposición presos, Ortega facilitaría una apertura política, en realidad, hizo todo lo contrario. En 2022, arrasó con la sociedad civil, eliminó a todos los gremios y asociaciones, y arreció la persecución contra los sacerdotes y obispos proféticos de la Iglesia católica.
De la misma manera, después de la excarcelación de los reos conciencia en febrero de 2023, tampoco se atrevió a convocar a un diálogo para restablecer la estabilidad nacional. El salto hacia adelante del régimen fue para intentar eludir los compromisos del Estado de Nicaragua con los convenios internacionales sobre derechos humanos, prevención de la tortura y la apatridia, entre otros, cobijándose como peón de Rusia, China, Cuba, Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte, bajo la protección política de sus aliados internacionales.
La suspensión del régimen de tortura en la cárcel contra los 222 fue sustituida por el endurecimiento del estado policial, usando la puerta giratoria para tener nuevos presos políticos.
Al condenar como “apátridas” y “traidores a la patria” a otros 94 ciudadanos, la mayoría de ellos exiliados, el régimen extendió las confiscaciones contra más de 316 ciudadanos, anuló la seguridad jurídica, y generalizó la aplicación de un sistema de coimas y extorsión tributaria y aduanero, que ha colocado a Nicaragua entre los países más corruptos del mundo a la par de Venezuela, Siria y Somalia, en el ranking de Transparencia Internacional.
Por ello, casi dos años y medio después de la abstención masiva durante la farsa electoral de 2021, la gente sigue votando con los pies, y se va de Nicaragua porque el régimen no les ofrece ningún futuro a jóvenes, trabajadores, profesionales, productores, empresarios y, ni siquiera, a los mismos servidores públicos que trabajan en el Estado. Por su parte, Ortega y Murillo han convertido al país en un refugio de líderes corruptos centroamericanos, y en una plataforma de exportación a Estados Unidos de migrantes irregulares cubanos, haitianos y extracontinentales.
La única salida que ofrece la dictadura es más de lo mismo, o incluso algo peor que lo mismo, con la “sucesión dinástica” de Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo. Una sucesión que ya está en marcha con la barrida anticipada que está ejecutando la vicepresidenta en la cúpula del Estado para colocar a sus leales e incondicionales, ante el estupor que campea entre los partidarios del FSLN.
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