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“Proponemos la autonomía como el derecho a administrar lo que es nuestro, incluyendo las culturas, las tradiciones, el modo de vida, y por supuesto la decisión de perseguir nuestro propio desarrollo político, económico y social de acuerdo con nuestra realidad y nuestros intereses”.
(Taupla Brooklyn Rivera, 3 de enero de 1987).
Entrevista con Clement Chartier
(Testigo de una Resistencia, Baico Publishing,
Ottawa, 2012, p. 314).
La muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del Estado de Nicaragua, confirmada el 31 de mayo, ha provocado una de las condenas internacionales más amplias que se recuerden frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Amnistía Internacional, que lo había reconocido como preso de conciencia, exigió una investigación independiente. La Unión Europea y los expertos en derechos humanos de la ONU reclamaron una investigación imparcial y recordaron que nadie supo de su paradero hasta pocos días antes de que se anunciara su fallecimiento. El Secretario General de la OEA pidió esclarecer las circunstancias de la muerte; la CIDH, que venía documentando la represión contra el pueblo Miskitu y el partido Yatama, sumó su voz; y un grupo de excancilleres y gobiernos democráticos de las Américas exhortó al Sistema Interamericano a tratar el caso con la seriedad y la urgencia que merece. Tininiska Rivera, hija de Brooklyn, nunca desistió en su esfuerzo de pedir prueba de vida y su liberación incondicional. El retrato que emerge de todas esas denuncias es el mismo: un hombre de 73 años, desaparecido durante casi tres años, murió incomunicado y sin atención médica independiente.
Pero la magnitud de la condena no debería agotarse en el reclamo, legítimo y necesario, de justicia. La muerte de Rivera obliga a mirar más atrás, a una historia larga y dolorosa. El Estado de Nicaragua y sus distintas administraciones políticas, a lo largo de las últimas cuatro décadas, han encontrado en su relación con la Costa Caribe verdaderas ventanas de posibilidad: momentos para construir vínculos de igualdad, confianza y respeto con los Pueblos Indígenas y las diversas comunidades étnicas de las regiones. Y, sin embargo, por una mezcla de tragedia histórica y ceguera política, esas oportunidades se han cerrado una y otra vez. La muerte de Brooklyn Rivera es el más reciente de esos portazos.
La primera ventana se abrió en 1981, en pleno torbellino transformador que siguió al fin de la dictadura de los Somoza. Los Pueblos Indígenas, organizados en MISURASATA y conducidos por jóvenes dirigentes entre los que destacaba Rivera, vieron en la Revolución Sandinista una promesa. La promesa se quebró pronto: los líderes de MISURASATA fueron apresados por el sandinismo bajo sospechas infundadas de separatismo, y aquel agravio encendió la mecha de un conflicto armado que desangraría a la Costa durante años. Lo que pudo ser un pacto fundacional se convirtió en guerra.
La segunda ventana llegó en 1985. A través de sucesivas rondas de conversaciones de paz entre la resistencia indígena, encabezada por Rivera, y el FSLN, se abrió un espacio para reconstruir la confianza. Los sandinistas admitieron entonces que debían dialogar a distintas escalas y con distintos voceros de la resistencia, y reconocieron a Brooklyn Rivera como un interlocutor legítimo de la resistencia indígena en el exilio. De ese deshielo nació, en 1987, la aprobación del Estatuto de Autonomía: el mayor logro institucional que la Costa Caribe haya conquistado en el siglo veinte. Pero a treinta y seis años de vida de la Autonomía, el Estado nicaragüense —y de manera sistemática la última administración del FSLN— ha venido desmantelando el régimen autonómico. Como lo documenta un informe reciente de la CIDH, lo ha hecho suplantando los espacios de autogobierno indígena y afrodescendiente con operadores políticos y controlando los consejos y gobiernos regionales. La ventana se abrió, y luego se fue sellando ladrillo a ladrillo.
La tercera ventana se abrió en 2006, con los Acuerdos Yatama-FSLN. La agenda era expansiva y entusiasta: respetar las tierras colectivas, avanzar en la demarcación, titulación y saneamiento, reparar a las víctimas del conflicto armado, cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de 2005, reformar el Estatuto y la ley electoral, frenar el avance de la frontera agropecuaria. Era, en papel, el programa más ambicioso jamás pactado para las regiones. Esa oportunidad se cerró cuando el FSLN incumplió su parte. En 2014, Yatama abandonó la alianza tras acusar al oficialismo de fraude electoral y de violar lo acordado; Brooklyn Rivera fue despojado de su diputación en 2015 e intentó hacer oposición desde una posición independiente. Una vez más, la mano tendida se transformó en castigo.
La cuarta ventana no llegó a abrirse: se selló con violencia. Entre 2023 y 2026, el FSLN canceló la personería jurídica de Yatama, apresó a dos de sus principales dirigentes —Rivera entre ellos— y sometió al líder miskitu a una desaparición arbitraria que se prolongó por casi mil días. El desenlace fue su muerte, en condiciones inhumanas, bajo custodia del Estado. El círculo que se había abierto en 1981 con un encarcelamiento injusto se cerró, cuatro décadas después, con otro encarcelamiento, esta vez sin retorno.
Conviene, frente a tanto cierre, detenerse en lo que Rivera abrió. Fue el dirigente principal del movimiento indígena más importante de Nicaragua en las últimas cuatro décadas, y su mayor contribución fue al discurso público sobre la Autonomía. Hizo evidente, como pocos, la relación entre la identidad, la cultura y los bienes materiales necesarios para la sobrevivencia de su pueblo: entendió la Autonomía no como una consigna, sino como ejercicio concreto del poder político a través de la representación legítima y el autogobierno territorial. Invitó a propios y ajenos a sumarse a una visión de la Costa como el lugar de una gran familia. Logró transformar un movimiento social indígena en una organización política capaz de competir y negociar, y de no hacerlo para ganar beneficios personales o excluir, como ha sido la práctica de los partidos hegemónicos del país. Y demostró, en los momentos más tensos de la relación entre el Estado y la Costa, una vocación democrática y una apuesta sostenida por la paz.
Su política fue pragmática pero nunca cínica: estuvo inspirada en principios y en una ética que concebía la actividad política como un medio para alcanzar la aspiración de su pueblo a la libre determinación. Esa combinación de firmeza y flexibilidad dejó huellas tangibles en procesos emblemáticos de las regiones: la Ley de Autonomía, la Ley 445 de Demarcación Territorial, la creación de la universidad BICU, entre otros. Detrás de cada uno de esos hitos hubo una idea persistente, casi terca: que en una sociedad dominada por partidos hegemónicos todavía es posible hacer oposición constructiva, pero sobre la base de la dignidad, el respeto mutuo y el compromiso con una Nicaragua que mire a la Costa Caribe en pie de igualdad.
Esa es, quizá, la lección que el régimen no supo o no quiso escuchar. Rivera ofreció, una y otra vez, la posibilidad de un país reconciliado con sus pueblos; el Estado respondió, una y otra vez, cerrando la ventana. En democracia, demostró que era constructor de puentes. En dictadura, se convirtió en mártir de la lucha indígena, de la lucha autonómica y de la dignidad de los Pueblos de la Madre Tierra.
