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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Nicaragua por la violación a los derechos políticos de Alejandro Fiallos Navarro, excandidato a la Alcaldía de Managua en 2004 y ex presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), durante la administración de Enrique Bolaños (q.e.p.d.).
La sentencia de la Corte, emitida el 12 de mayo de 2026, refiere que Fiallos Navarro fue detenido de manera “ilegal y arbitraria” en 2004, cuando era candidato a la alcaldía de Managua, en el contexto de un proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y amenazas.
El proceso judicial en contra de Fiallos Navarro presentó “varias irregularidades que afectaron su derecho a la defensa” y limitaron sus aspiraciones a la Alcaldía, advierte la Corte IDH.
El 16 de agosto de 2004, el aspirante a la Alcaldía fue condenado, junto a otras personas, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, amenazas condicionadas y extorsión, este último delito fue incluido de oficio. Dicho proceso “no respetó las garantías judiciales y la protección judicial”, subrayan.
Encarcelado sin sentencia firme
Fiallos Navarro fue condenado a penas de 45 días de arresto, multas 100 córdobas por cada delito e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos durante un año. Con anterioridad a la notificación de la sentencia, y sin que ésta se encontrara firme, fue detenido cuando se presentó a rendir una ampliación de su declaración y fue llevado a la prisión de El Chipote, donde permaneció privado de su libertad durante una semana.
La mayoría de los recursos interpuestos por la defensa de Fiallos Navarro fueron rechazados y el fallo en su contra fue confirmado en los tribunales de segunda instancia, con excepción de la condena por extorsión. Sin embargo, en la etapa de ejecución de la sentencia, se le otorgó la “condena condicional en relación con la pena de arresto”, es decir la suspensión de la pena de privación de libertad. Pero se mantuvo la pena de inhabilitación absoluta.
La Corte IDH valoró que la pena de inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos y de elegir y ser electo impuesta a Fiallos Navarro en el marco de este proceso implicó “una violación a sus derechos políticos”, por lo que dictaminó la reponsabilidad del Estado de Nicaragua.
La Corte también declaró que durante el proceso penal en contra de Fiallos Navarro “se violaron sus garantías judiciales, en particular, su derecho a la defensa y el deber de motivación de la sentencia”. Asimismo, consideró que la privación de libertad, al haberse realizado antes de que la sentencia se encontrara firme, fue “ilegal y arbitraria”.
Finalmente, respecto a la pena de inhabilitación impuesta, la Corte consideró que, a pesar de que Fiallos Navarro pudo participar de los comicios para la Alcaldía de Managua en 2004, se le impuso una pena de inhabilitación sobre la base de una sentencia arbitraria, por lo que “se considera que se violentaron sus derechos políticos”.
El Tribunal declaró que Nicaragua violó los artículos nueve artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Alejandro Fiallos Navarro, y ordenó al Estado implementar distintas medidas de reparación.
